Garantizar el derecho a la vivienda, intervenir el mercado

La historia de los grandes avances sociales es, muchas veces, la historia de pequeños pasos que van construyendo una nueva forma de razonar la realidad, un nuevo sentido común, de mano de la movilización social. A veces, esto sucede en pocos meses. Ejemplo de ello son los discursos sobre la vivienda en nuestro país. Tras décadas de pensamiento único, compartido por el PSOE y el PP, en torno al mercado como solución exclusiva, hoy comienza a abrirse paso un nuevo discurso sobre la necesidad, sí o sí, de intervenir el mercado para solucionar la grave crisis habitacional que sufren miles de personas en nuestro país.

Así, en el breve plazo que va octubre a enero, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pasado de una petición de solidaridad a los caseros a señalar que la vivienda “no puede ser un activo financiero o un producto de inversión”. 

En Sumar hemos defendido siempre la necesidad y la urgencia de que los poderes públicos intervengan a favor del derecho de la vivienda. Y lo hemos hecho, además, desde la constatación de una falacia: a día de hoy, en realidad, el sector de la vivienda ya está intervenido, pero no a favor de las mayorías sociales, sino de los especuladores y rentistas. Precisamente por esto entendemos como un grave error seguir por el camino de las rebajas fiscales a los grandes tenedores o el de promover normas de marcado carácter especulativo, que conducen a nuevas burbujas inmobiliarias, como la retirada ley del suelo.

Este cambio de sentido común, precuela de los avances sociales, acerca de la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda, es una propuesta que también asumen ya grandes sectores de la sociedad. En este sentido, según datos de la última encuesta de 40db, la mayoría de la población apoya medidas en materia de vivienda tildadas de “intervencionistas” por la derecha. Así, por ejemplo, la penalización fiscal a los caseros que impongan precios de alquiler abusivos se entiende adecuada por un 70% de las personas encuestadas. 

Existen herramientas para bajar el precio de los alquileres y proteger a los y las inquilinas, sólo se necesita la voluntad de desafiar a quien hoy interviene el mercado: la especulación y el rentismo. Quien desafía el poder, cambia la historia

Y en esta línea va, precisamente, la estrategia que se pondrá en marcha en Catalunya, gracias al trabajo y empuje político de los Comuns: un régimen sancionador de hasta 900.000 euros para quienes eludan el límite de los precios de alquileres. 

Catalunya es la única comunidad autónoma que está aplicando la Ley de Vivienda y, por lo tanto, el control de precios en zonas tensionadas, y por eso mismo, puede ir más allá e implementar acciones que pongan coto a rentistas y especuladores, como este régimen sancionador.

La Ley de Vivienda está demostrando su eficacia en Catalunya: los alquileres han bajado entre un 3% y un 5% y algunos fondos buitres empiezan a retirarse, ante las limitaciones para especular. Por supuesto, todo ello es también producto de la presión y organización vecinal, como vimos hace escasos días en las movilizaciones de apoyo a la Casa Orsola en Barcelona. Unas movilizaciones que han logrado que el Ayuntamiento de esta ciudad acabe comprando este edificio.

Es importante recordar en este punto que el Tribunal Constitucional ha avalado recientemente que la Ley de Vivienda limite las subidas de alquiler en zonas tensionadas. Se le acaban, así, las excusas al PP para no aplicar el control de precios en las comunidades en las que gobiernan. Se le acaban las excusas para seguir en rebeldía contra la ley. Y, sobre todo, queda claro dónde ha decidido situarse el PP: en contra de inquilinos e inquilinas.

Si desde Génova deciden seguir por ese camino, la respuesta, tal y como propusimos desde hace ya meses, ha de ser clara y contundente: el Estado ha de condicionar los fondos de vivienda que reciben las comunidades autónomas a la declaración de las zonas tensionadas y la limitación de precios. Esto es, a que cumplan la ley.

Las dos medidas expuestas no son las únicas que estamos peleando desde Sumar. También defendemos que ha de prohibirse toda compra de vivienda para especular, que ha de sancionarse a todas aquellas plataformas que anuncien pisos turísticos sin licencia –algo que ya ha iniciado el Ministerio de Derechos Sociales– o garantizar que la vivienda pública, construida por la administración central, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, no pueda pasar al mercado privado.

No me gustaría terminar sin poner en valor a la verdadera protagonista de los cambios sociales: la sociedad civil. A mediados de diciembre, el Congreso admitió por fin a trámite una proposición de ley, abanderada por Sumar pero impulsada por los sindicatos de inquilinos e inquilinas, para regular los alquileres de temporadas y de habitaciones, uno de los agujeros de la ley actual que se está traduciendo en un aumento abusivo de los precios. 

Existen herramientas para bajar el precio de los alquileres y proteger a los y las inquilinas, sólo se necesita la voluntad de desafiar a quien hoy interviene el mercado: la especulación y el rentismo. Quien desafía el poder, cambia la historia. Tan solo necesitamos sentido común, imaginación política  y  valentía. La sociedad ya está de nuestra parte. 

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Verónica Barbero es portavoz de Sumar en el Congreso.