El IMV y el desorden social

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) pretendía ser un instrumento para combatir las desigualdades, prevenir la pobreza y la exclusión social. Se enmarcaba en las prestaciones económicas de la Seguridad Social y se concebía como un derecho personal, subjetivo, para todos aquellos que cumplen los requisitos de bajos ingresos y una residencia estable.

Desde hace ya largo tiempo hemos asistido a debates sobre la necesidad de que toda persona, por el hecho de nacer, tiene derecho a cobrar un salario social. Esto, que parecía una locura hace no demasiados años, se ha ido abriendo camino en las cabezas de muchos sociólogos, economistas y hasta en buena parte de esa élite de personajes venidos a más, con demasiada frecuencia estrambóticos y que hemos dado en denominar Silicon Valley.

El salario social, ahora denominado Renta Básica Universal, se concibe como una manera de hacer frente a los problemas derivados de salarios bajos y ayudas sociales siempre insuficientes. Si queremos mantener la producción y el consumo. Si queremos evitar un descontento generalizado de las masas, que puede desembocar en extraños movimientos sociales y políticos, no hay más remedio que asegurar una renta básica y universal para toda persona, por el hecho de nacer.

Dicen que la automatización genera pérdidas de puestos de trabajo. Si no queremos que aumenten las desigualdades y las fracturas entre unos pocos trabajadores altamente remunerados y otros que tienen que migrar, o prestar servicios mal pagados, generando fenómenos luditas, como los surgidos de la industrialización y el maquinismo, no hay otra opción que reflexionar sobre la necesidad de una renta básica.

En España, un primer debate sobre los salarios sociales fue protagonizado por los sindicatos, algunos sectores de la izquierda, cristianos de base y un puñado de profesores activistas universitarios que se enfrentaron a las reticencias del Gobierno socialista de la aquellos días. 

La huelga general del 88, la del 14-D, fue un movimiento de ficha de la clase trabajadora, que había soportado el coste del advenimiento de la democracia, mientras las clases altas habían hecho muy pocos sacrificios. La huelga general suponía exigir un reparto más justo de los derechos, de las rentas, no sólo las salariales, sino las sociales.

El IMV es un instrumento para asegurar recursos a quienes carecen de ellos, pero no siempre cumple su función

La Propuesta Sindical Prioritaria (la PSP), presentada por los sindicatos tras la huelga general, planteaba reivindicaciones en materia de vivienda, sanidad, educación, formación para el empleo, salud laboral y participación de los trabajadores en las decisiones políticas y en las instituciones en las que se hablaba de ellos; también sobre el futuro de las pensiones, las pensiones no contributivas o el salario social.

Fueron tiempos ilusionantes, en los que la democracia aún se estaba consolidando y nada estaba escrito. Fueron los tiempos en los que se construyó la cultura del diálogo social. El Gobierno central aprobó algunas normas nuevas, como la de las pensiones no contributivas (PNC), pero fue en las comunidades autónomas donde las propuestas sindicales tuvieron mejor acogida y, en el caso de los salarios sociales, dieron lugar a los programas de rentas mínimas.

Los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción, eran recursos para quienes se encontraban en riesgo de caer en la pobreza y la marginación. Recursos acompañados de programas de integración, de empleo, de formación, de inserción social. Las rentas mínimas reforzaron el papel de los servicios sociales y se convirtieron en potentes instrumentos de intervención social.

En el caso de Madrid, fue el empeño de los sindicatos y de la Consejería de Servicios Sociales, liderada por Elena Vázquez, con la ayuda del equipo de la Universidad de Navarra liderado por Mario Gaviria e integrado por jóvenes profesores como Miguel Laparra o Manuel Aguilar, lo que venció las reticencias del Gobierno central, de los empresarios y de algunos sectores del propio Gobierno regional, presidido por Joaquín Leguina, para abrir las puertas al salario social madrileño.

No hay otra opción que reflexionar sobre la necesidad de una renta básica

En el año 1995, el equipo de Mario Gaviria, trabajando para Foessa y Cáritas, publicó un libro titulado La caña y el pez: el salario social en las comunidades autónomas (1989-1994). El título hacía referencia a los frutos del debate en el que la ministra socialista Matilde Fernández se oponía a los salarios sociales, utilizando la imagen bíblica, y apostaba por enseñar a pescar en lugar de dar peces.

Las experiencias pioneras y más potentes de salarios sociales surgieron en el País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid. Pronto, todas las comunidades autónomas contaban con su renta mínima, su salario social. Cuando Gallardón llegó al gobierno, lejos de suprimir la renta mínima, siguió negociando y la convirtió en ley y en derecho subjetivo. Mejoró algunas cosas, empeoró otras, pero mantuvo la política de rentas mínimas.

Cuando Pedro Sánchez llega al poder, con el apoyo de otras fuerzas a su izquierda, podría haber optado por establecer mecanismos de armonización y coordinación de las diferentes rentas mínimas autonómicas, tan dispersas y diversas. Hubiera sido un trabajo necesario para recoger el esfuerzo realizado por todas las comunidades, con mayor o menor intensidad.

Lejos de ello, se comportaron como aquellos que, cuando llegan a un sitio, redecoran todo, tiran los papeles y lo quieren hacer todo de nuevo. Así, crearon en 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin duda, han movido recursos, han repartido dinero a cientos de miles de unidades de convivencia, a millones de personas. Más de las que eran atendidas por las rentas mínimas.

Las comunidades autónomas han aprovechado y se han ahorrado el dinero dedicado a sus rentas mínimas, que ahora se encuentran reducidas a la mínima expresión. Y también ocurre que existen problemas de gestión, retrasos en las tramitaciones, incongruencias, tediosas revisiones, altas tasas de denegaciones o pérdidas del derecho, con las consiguientes exigencias de devoluciones.

El IMV se ha concebido como una prestación de la Seguridad Social que no llega a todas las personas con riesgo de pobreza severa. Muchas de las personas que más lo necesitan y son posibles beneficiarias no saben cómo recopilar los documentos, presentar las solicitudes, subsanar los errores, recurrir las denegaciones. El IMV es un instrumento para asegurar recursos a quienes carecen de ellos, pero no siempre cumple su función.

Como prestación económica, beneficia a millones de personas, pero, en el debate sobre la caña y el pez, al final nos hemos volcado en entregar peces y hemos perdido la perspectiva, la idea, el objetivo de enseñar a pescar, de sacar a las personas de la pobreza. Es cierto que la legislación sobre el IMV plantea la necesidad de intervención social, pero esos mecanismos no se han desarrollado.

Una cosa es ser consciente de que, en muchas ocasiones, la batalla está perdida, que poco se puede hacer cuando la vida ha golpeado, moldeado y deformado a una persona, y otra renunciar a intervenir, resignarse, no ofrecer una salida, una alternativa, una nueva oportunidad.

Más pronto que tarde, una derecha populista tomará la bandera de las rentas básicas, reformulará el IMV, que sigan funcionando sometidas a la prioridad nacional. La izquierda, autora de la idea, no debería dejarse arrebatar sus propias propuestas. Claro que eso significa mucho más que aceptar el designio ineludible de cocinar la sopa boba.

Supone apostar por el reforzamiento de los servicios sociales, la educación, la formación profesional, el sistema sanitario o las políticas de vivienda. Pero eso reclama, nos fuerza a pensar, en otra política más ordenada, organizada y posible. Porque otra política siempre es posible.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.