Menores y redes sociales: lo que es ilegal fuera también debe serlo dentro
La tecnología y la sociedad suelen avanzar por delante de la legislación. Lo estamos viendo con las redes sociales y los menores de edad, un ámbito en el que, a veces, la ley debe imponerse a la autorregulación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar un paquete de medidas para reforzar la regulación de las plataformas digitales, entre las que destaca la de impedir de acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Una iniciativa que responde a una creciente preocupación social, por el impacto que las grandes plataformas tienen en ámbitos clave de la sociedad como el derecho a una información veraz, la protección de los usuarios, la calidad democrática y, especialmente, el bienestar de los menores.
El móvil ya no es un símbolo de madurez, sino un objeto más en la mochila. Según el estudio Infancia, adolescencia y bienestar digital, de UNICEF, a los 10 años, cuatro de cada diez niños tienen móvil propio; a los 12, tres de cada cuatro. La “adolescencia digital” llega hoy antes que la física. ¿Permitiríamos que un menor de 15 años condujera un coche? ¿Veríamos normal volver a fumar en restaurantes? ¿Aceptaríamos que los menores compraran alcohol en 2026?
Durante años se han minimizado los efectos y el impacto de las redes sociales en los jóvenes. Sin embargo, el 25% de los adolescentes declara haber sufrido acoso escolar, cerca del 10% ciberacoso, y uno de cada tres jóvenes con pareja reconoce haber sufrido control o chantaje a través del móvil o las redes.
Internet y las plataformas han transformado nuestra forma de socializar e informarnos. Muchas ventajas han llegado para quedarse, pero corresponde a los poderes públicos analizar y limitar los riesgos. Hoy, el 92,5% de los adolescentes participa en al menos una red social, y el 75,8% en tres o más, según el Informe Des-Protegidos Online: Jóvenes ante la violencia y la desinformación en internet, elaborado por Plan Internacional.
Otro dato preocupante es la exposición a la pornografía. El 29,6% de los menores reconoce haberla consumido alguna vez, en un tercio de los casos de forma accidental. La edad media de inicio es de 11,5 años, y el 70% afirma no hablar de sexo en casa.
Hoy, gracias a investigadores, psicólogos y tecnólogos, conocemos mejor los efectos de las redes en el desarrollo psicológico y social de niños y adolescentes.
Es el momento de poner fin a la impunidad de los directivos de las plataformas, y hacerlos responsables legales de las infracciones que se cometan en sus servicios
La evidencia apunta a riesgos claros: adicción, ansiedad, distorsión de la autoestima, normalización del odio y exposición a contenidos nocivos. Proteger no es censurar. Se trata de regular; acompañar y poner límites cuando lo que está en juego es el interés del menor. Por eso, ya no podemos seguir fiándolo a la “autorregulación” de empresas. Ya han demostrado que su modelo de negocio se basa en la atención ilimitada, la polarización y la amplificación de contenidos extremos.
Con esta iniciativa del Gobierno, España se sitúa en la vanguardia de la defensa de los derechos digitales de la infancia, siguiendo el camino de países como Australia, Francia o Dinamarca. No se trata de una excepción, sino de un movimiento internacional que entiende que los espacios digitales no pueden seguir siendo un “territorio sin ley” donde los delitos se toleran.
Es el momento de poner fin a la impunidad de los directivos de las plataformas, y hacerlos responsables legales de las infracciones que se cometan en sus servicios. Resulta necesario tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales y, también, impedir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas a implantar sistemas eficaces de verificación de edad.
Para la prevención y el control debe crearse un sistema de rastreo que permita establecer una “huella de odio y polarización” con el fin de perseguir la amplificación de discursos de odio, así como reforzar la coordinación con la Fiscalía para investigar a las plataformas que incumplan la ley.
Los jóvenes reclaman más educación digital; las familias, un mejor acompañamiento. Ahora corresponde a las tecnológicas, como a la política, estar a la altura de este reto social.
Debemos enseñar que, en el entorno digital, los menores tienen los mismos derechos que en el mundo físico. Ser valientes hoy consiste en garantizar que lo que es ilegal fuera de la red, también lo sea dentro de ella.
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Adriana Maldonado López es portavoz de Industria del Grupo Socialista y ponente del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.
