Nuevas leyes para oxigenar la democracia
El panorama global que observamos nos muestra una fatiga de la democracia. Los discursos autoritarios y las propuestas neoliberales, que acrecientan las desigualdades, contribuyen a debilitar el significado de una democracia justa. Por tanto, se impone la defensa y revitalización de nuestro sistema democrático.
La mejor respuesta es más democracia, con la aprobación por el Parlamento de un conjunto de leyes y medidas comprometidas por el PSOE y UP para este mandato de gobierno. De entrada, el papel del Congreso es decisivo para mejorar la calidad de la democracia. Y mejorar su funcionamiento pasa necesariamente por reformar un Reglamento del Congreso que está desfasado y no es un instrumento eficaz para hacer frente a los retos del parlamentarismo democrático.
El Congreso ganará en credibilidad si practica los valores de la democracia y aproxima la política y los políticos a la calle. Tiene que actualizar sus reglas para comunicar mejor la deliberación y producción legislativa, perfeccionar los mecanismos de control al gobierno, promover la función de reflexión del Parlamento, innovar las vías de participación ciudadana así como su modelo de información y transparencia, apoyándose en las tecnologías y su página web. Sin olvidarse de garantizar la integridad y el respeto en su seno, incorporando un capítulo de sanciones públicas, hoy inexistente, a quienes incumplen el Código de Conducta parlamentaria.
El Gobierno puede retomar la iniciativa política para movilizar la opinión de la ciudadanía en favor de nuevas leyes que den respuesta a los desafíos de la democracia, evitando que sus enemigos y el clima de crispación consigan degradarla
También ha de reforzar su papel. Así, en relación con el bloqueo a la renovación del CGPJ, si la negociación entre el Gobierno y el PP no avanza, el Congreso debe poner en marcha los mecanismos existentes para tratar de resolver el conflicto. Dispone del procedimiento para efectuar los nombramientos de Autoridades del Estado, recogido en el Título XXII del Reglamento del Congreso, y la vía de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que “el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.
Por su parte, el Gobierno puede retomar la iniciativa política para movilizar la opinión de la ciudadanía en favor de nuevas leyes que den respuesta a los desafíos de la democracia, evitando que sus enemigos y el clima de crispación consigan degradarla. Son actuaciones legislativas pendientes que forman parte de un plan integral de regeneración de la democracia y en lucha contra la corrupción. Veamos algunas:
- Sobre el aforamiento. Reforma de los artículos 71,3 y 102,1 de la Constitución para reducir el alcance del aforamiento que tienen los parlamentarios y miembros del Gobierno, solo para actos que pudieran cometer en el ejercicio directo de sus funciones y durante el periodo de su mandato.
- Lobbies. Es preciso culminar la vía iniciada para registrar y regular la actividad de los lobbies o grupos de presión ante la Administración General del Estado y Las Cortes.
- Voto rogado. Modificar la ley electoral para la eliminación del voto rogado para españoles residentes en el extranjero de cara a facilitar el ejercicio del derecho básico a la participación electoral.
- Ley de Gobierno Abierto. Para garantizar el desarrollo y la continuidad por parte del Gobierno de los procesos iniciados sobre la creación de cauces de participación ciudadana en los asuntos públicos, colaboración en gobernanza interinstitucional, relación entre la administración y la sociedad, rendición anual de cuentas, transparencia, integridad y prácticas de buen gobierno.
- Ley de la Gobernanza. Su objetivo es desarrollar el modelo institucional de Gobernanza democrática para la toma de decisiones públicas compartidas en la España autonómica, entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Se trata de poner en valor, como órganos de cooperación, la Conferencia de Presidentes y las Conferencias Sectoriales.
- LOREG. Cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para incorporar la regulación de debates electorales obligatorios en la radio televisión pública con ocasión de elecciones generales y europeas.
- Sobre Corrupción. Ley urgente para la protección de denunciantes y alertadores con el fin de prevenir y perseguir los casos de corrupción, de acuerdo con la directiva europea.
- Nueva ley sobre Secretos Oficiales. Para adaptarla a la actual sensibilidad de una sociedad democrática madura que pone en valor el principio de transparencia y quiere conocer papeles y documentos del pasado aún hoy inaccesibles.
- La Corona. Presentación de una ley orgánica para garantizar un funcionamiento más democrático, que incluya límites a la actual inviolabilidad absoluta del rey así como la aplicación de la Ley de Transparencia a la Familia Real, de manera que sus miembros tengan que hacer declaración pública de bienes y patrimonio.
Pero para avanzar con éxito en la tramitación de estas medidas, todas ellas de gran complejidad y trascendencia, se requiere un diálogo previo y transversal con otras fuerzas políticas. En su caso, también con organizaciones de la sociedad civil directamente interesadas.
Promover la deliberación será fundamental en la búsqueda de amplios consensos para lograr una tramitación exitosa. La etapa que atravesamos de falta de diálogo, confrontación extrema y polarización no debe desanimar al Gobierno de izquierdas a la hora de intentar llevar a cabo, con voluntad de consensuar, un plan integral de fortalecimiento de la democracia. Dejarlo para otra coyuntura política sería un grave error.
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Odón Elorza es diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.
