Residencias: tres años después y aún hay mucho lodo y fango que limpiar

Ya han pasado más de tres años de la catástrofe sufrida en las residencias. La suma de varios componentes junto con la entrada de la covid provocó el caldo de cultivo ideal para que fallecieran más de 35.000 personas, muchas de ellas de una forma indigna. A día de hoy sigue habiendo una gran problemática y nada ha cambiado. Parece que no hemos aprendido y, por algún casual, hay un hermetismo que a los que estamos en esta lucha nos preocupa. Muchas personas siguen viviendo situaciones de vida muy injustas por el modelo de cuidados actual. La situación es de extrema vulnerabilidad para miles de personas.

Problemas estructurales en residencias: muchos centros se encontraban y se encuentran en una situación muy compleja. La falta de personal, la mala calidad nutricional (demostrada en el programa de Sonsoles Onega y Alberto Chicote Hablando en plata) y la falta de profesionalidad en el sector afectan directamente a los cuidados y a la salud de las personas. Resaltar que el mayor gasto de estas empresas es en personal asistencial y en alimentación (en ocasiones con unos menús diarios: desayuno, comida, merienda, cena y recena que oscilan entre 4,5 y 6 euros). Otro dato curioso es que en las residencias de gestión privada y las concertadas no se exige más que un “titulillo” de poca duración (250 horas) para poder trabajar como Gerocultor, en ocasiones se han dado casos que ni con curso; mientras que en las públicas se exige ser Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería con una duración de 1.400 horas. ¿Por qué esta diferencia?, ¿Por qué hay diferencia salarial entre ambos?

Las residencias pertenecen a un sector en continuo crecimiento, derivado del envejecimiento progresivo de nuestra población. Ofertan mucho empleo, pero de mala calidad, consiguiendo mucho intrusismo profesional de personas que acceden a este mundo de la dependencia sin ningún tipo de vocación y experiencia, siendo además un colectivo que, en su mayoría, tiene muchos problemas y desventajas sociales. Es cierto que, dentro de las residencias, existen grandes profesionales, que a lo largo de los años han ido cogiendo experiencia, pero resaltar que el sector sufre una crisis desde hace años, estando poco cuidado y profesionalizado.

La mayoría de residencias son de ámbito privado, llegando a más del noventa por ciento en muchas comunidades. Por algún motivo, el sector público no quiere encargarse de gestionar algo tan complejo, dejándolo en manos de empresas privadas que a su vez son inversoras; siendo su único objetivo el lucro económico. A muchos centros se les da dinero público y una cartera de “clientes” fijos, porque hay más demanda que oferta de plazas, un negocio redondo. No se está dando importancia a las situaciones tan graves por las que están pasando muchos centros y de las que muchos hemos sido testigos. Los convenios están obsoletos y no se ajustan a las necesidades reales de los residentes. Las leyes, las normativas y las sanciones (por parte de las inspecciones) son bastante livianas para el daño que causan a las personas de las cuales deberían cuidar y son responsables; pero lo más grave de todo es que puedan saltarse a la torera las normativas y leyes por las cuales se deben regir, llegando en muchas ocasiones a tener a las personas en un abandono sistemático, afectando directamente a la mala evolución de la salud y a la violación de sus derechos más básicos y primarios, sin ser juzgados con contundencia, como si las personas por el hecho de ser residentes no tuvieran derechos y fueran sus productos. Se están dando muchas concesiones por parte de las administraciones públicas a empresas privadas cuyas malas prácticas están demostradas, reinando el secretismo y el hermetismo, como si hubiera unos intereses ocultos detrás de estas situaciones.

Las leyes, las normativas y las sanciones son bastante livianas para el daño que causan a las personas de las cuales deberían de cuidar y son responsables; pero lo más grave de todo es que puedan saltarse a la torera las normativas y leyes

Imaginen que puede pasar con una plantilla de trabajadores desprofesionalizada, mermada (siendo en muchos casos la mitad de lo que se exige por normativa), cansada y con muchos problemas internos. Unos residentes desgastados y mal cuidados en muchos casos porque no hay mano material para poder atenderles adecuadamente; sumado a la entrada de la covid y al cierre de los centros a sus familiares. Todo se dinamitó, las plantillas se redujeron considerablemente. Si antes no había el personal necesario, con la entrada del covid se redujo aún más. A los familiares se les prohibió visitar y cuidar a sus seres queridos impidiendo que vieran lo que estaba pasando, se aisló a los residentes y aun así el impacto fue desastroso.

Lo que se vivió en muchos centros sabíamos que iba a ocurrir y lo avisamos, pero no se nos escuchó. Es más, fuimos castigados por las direcciones recibiendo intentos de sanción por problemas ajenos a nosotros, alegando que poníamos en riesgo la salud de muchas personas, para así tratar de coaccionar y conseguir nuestro silencio. Sinceramente, una vergüenza por parte de las direcciones, y otro problema por parte de nuestras leyes que no castiguen con contundencia estas malas prácticas tan deleznables por parte de unos presuntos empresarios sin escrúpulos a los que se les está dando la responsabilidad de cuidar a los más vulnerables. Trataron de taparlo y continúan haciéndolo, como si la única culpa la tuviera la pandemia y todo lo que muchos hemos vivido fuera producto de nuestra imaginación y no de sus malas prácticas.

Los protocolos de no derivación: emitidos en la Comunidad de Madrid, donde se impedía el traslado a la mayoría de personas que vivían en las residencias por unos motivos excluyentes muy injustos. Resaltar que las personas que viven en estos centros son usuarios habituales del sistema público de salud, siendo vital su uso para el control de sus diferentes patologías. Destacar que las residencias son centros sociales y de convivencia, no pueden suplir la asistencia hospitalaria a pesar de tener médico. Se excluyó a las personas que vivían en residencias, “sus hogares”, a poder recibir una atención médica, tuvieran covid o cualquier otra patología. En definitiva, se denegó el traslado a pacientes con covid, pero también a los que necesitaban asistencia médica por otros motivos. La situación fue muy grave y alarmante, reventando un sector por completo. Por estos motivos se debe investigar cada fallecimiento y el contexto en el que ocurrió, tratar de esclarecer si la gestión fue potenciadora de tantos fallecidos, y lo más importante, si saltarse las normativas por parte de muchos centros conllevó a que fuera más letal, porque en ese caso sí debería haber algún tipo de responsabilidad.

Se impidió a muchas personas el derecho a tener una muerte digna, sin sufrimiento y sin dolor. No tuvieron la posibilidad de despedirse de sus seres queridos, algo que los que hemos trabajado dando cuidados paliativos sabemos que es muy importante y necesario.

Fueron unos protocolos y unas decisiones que limitaban los derechos a un sector de la población, unos derechos que deberían ser irrenunciables. Un libro que creo que es importante leer es el escrito por Alberto Reyero, exconsejero de políticas sociales, titulado Morirán de forma indigna; él fue testigo y denunció estos protocolos, también presentó su dimisión siendo el máximo responsable en la gestión, avisando de la gravedad de su contenido y otra vez más sin ser escuchado.

Funcionamiento de los grandes grupos: como trabajador de uno de ellos he vivido la situación en primera persona, siendo víctima y testigo a la vez (lo que nunca seré será cómplice). Conozco muy bien el funcionamiento de estos centros habiendo denunciado sus malas prácticas. Por desesperación decidí escribir el libro titulado Lodo y Fango en las residencias, contando mi vivencia y las de 13 personas más de un total de más de 200 entrevistadas. Muchos familiares y trabajadores pertenecen a diferentes plataformas de lucha por el sector, porque son víctimas también de lo sucedido, y al igual que yo, tienen la necesidad de que se investigue y se esclarezca qué es lo que ocurrió. Curiosamente la incidencia de fallecimiento tuvo mucho que ver con el tamaño del centro y con el tipo de gestión sumado a los protocolos de no derivación. Un libro que cuenta claramente el funcionamiento del sector y de estas empresas es el de Manuel Rico: ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias.

Otros culpables: de alguna manera, todos los ciudadanos tenemos algún tipo de responsabilidad sobre lo ocurrido y de no haber sabido mitigar todas estas pérdidas, que nunca sabremos si alguna se podía haber evitado. Lo que sí sabemos es que se podía haber mitigado mucho dolor y sufrimiento, al igual que otras situaciones mucho más graves que la misma muerte. Deberíamos haber ofrecido una muerte digna. Curiosamente nadie quiere ir a una residencia, todos sabemos que funcionan mal, nadie quiere tener un viejo cerca porque no es cómodo. Delegamos en estos centros una responsabilidad en la que todos deberíamos estar implicados. Como sociedad huimos y no queremos responsabilizarnos de unas personas que ya han dejado de ser productivas socialmente y que demandan tiempo, pero no hay que olvidar que son nuestros padres, hermanos, maridos y mujeres, abuelos y abuelas y el día de mañana seremos nosotros, y créanme… nadie está preparado para vivir unas situaciones tan límites en un supuesto sistema, donde durante todo nuestro camino buscamos el continuo bienestar.

Muchas personas somos testigos y víctimas (otros cómplices, y en ocasiones forzados) de las situaciones tan graves por la que pasaban muchos de estos centros, y de la gran catástrofe acontecida. Pocos somos los que nos hemos atrevido a denunciar todas estas malas prácticas que agravan la salud de las personas que debíamos de cuidar. Menos somos las personas que hemos conseguido demostrar judicialmente y rescindir nuestros contratos por un modelo de atención degradado sistemáticamente con muchas carencias como forma de funcionamiento. Menos aún somos los que nos hemos atrevido a documentar con datos contrastados, en forma de libro, las graves carencias y el gran sufrimiento y trato degradante por el que están pasando muchas personas que no pueden defenderse por sí mismos. Estamos cansados de reivindicar unos derechos universales que deberían ser respetados por encima de otros intereses. Recomiendo también el libro de Sara Tajuelo La voz de las almas silenciada, un espejo de lo que ocurre en estos centros.

Por algún casual, hay una falta de implicación por parte de nuestra sociedad. Da la sensación de que nuestros representantes tratan de desviar la atención con diferentes excusas sin hacer ningún tipo de investigación con más de 35.000 fallecidos en residencias, obviando todos los lodos y fangos que hay dentro de este mundo, pero vuelvo a repetir que a los que hemos estado en primera línea durante años no pueden engañarnos y tratar de contarnos su realidad tan absurda, tratándonos de hacer creer que el único problema fue el virus y todo lo demás era y es perfecto.

La situación es extrema, indignante y a su vez preocupante; porque conlleva a un problema existencial muy grande, poniendo en riesgo la supuesta democracia en la que vivimos. Se están vulnerando los derechos más primarios de muchas personas, saltándose las leyes con total impunidad sin ningún tipo de castigo, creando mucho miedo, dolor y un montón más de situaciones odiosas. Se han tomado decisiones discriminatorias sin ningún tipo de criterio. Hay una gran dejadez por parte de la sociedad porque, una vez que no eres productivo, parece que no interesas (sólo en elecciones). No se nos está escuchando a muchas personas que exigimos que se investigue, porque tenemos claro que había muchas situaciones que no eran correctas.

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Alejandro Salado Monreal es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico en atención sociosanitaria y escritor del libro 'Lodo y fango en las residencias'.