Trump contra el mundo, hacia el orden caníbal
La victoria de Donald Trump el 5 de noviembre de 2024 y su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 no han supuesto únicamente un cambio de gobierno en Estados Unidos. Ha acelerado, de manera abrupta y consciente, una mutación profunda del orden internacional hacia un modelo más unilateral, proteccionista, abiertamente confrontacional y depredador. Desde el primer día, marcado simbólicamente por una ceremonia de investidura trasladada al interior del Capitolio por condiciones climáticas extremas, la nueva presidencia dejó claro que se trataba de una ruptura deliberada.
Las amnistías y perdones a los condenados vinculados al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, la declaración de una supuesta “emergencia” en la frontera sur y la reversión masiva de las políticas de la era Biden fijaron el tono de un mandato orientado a la polarización interna y a la deslegitimación de los contrapesos institucionales.
Esa lógica se ha proyectado con especial intensidad sobre la arquitectura multilateral construida desde la Segunda Guerra Mundial. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París —por segunda vez— y, posteriormente, del propio tratado marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, supone un hito de enorme gravedad política y simbólica: El mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero abandona el pilar central de la cooperación climática global. A ello se suma el memorando presidencial emitido en enero de 2025 ordenando la suspensión de la participación y financiación estadounidense en 66 organismos internacionales, muchos de ellos vinculados a clima, la gobernanza democrática, la igualdad de género o los derechos humanos. El mensaje es inequívoco: Estados Unidos renuncia voluntariamente a influir desde dentro en los estándares globales para imponerlos unilateralmente desde fuera.
Las consecuencias de este repliegue son dobles y profundamente interconectadas: Por un lado, debilita la coordinación científica, financiera y regulatoria imprescindible para afrontar la transición ecológica y la emergencia climática. Por otro, reduce la capacidad de Washington para contribuir a moldear normas, flujos de inversión y marcos regulatorios estratégicos, cediendo espacio a actores como China o potencias emergentes. La Unión Europea, consciente del riesgo sistémico que ello entraña, ha reiterado su compromiso con el multilateralismo climático incluso sin Estados Unidos en la mesa, asumiendo un coste político y económico nada menor.
Esta vocación de ruptura también ha encontrado su expresión más contundente en el ámbito económico. El 2 de abril de 2025, Trump anunció la imposición de un arancel universal del 10 % sobre todas las importaciones, acompañado de tarifas “recíprocas” de entre el 11 % y el 50 % para decenas de socios comerciales, incluidos la Unión Europea y China. Se trata de la acción proteccionista más agresiva desde la década de 1930, con efectos inmediatos sobre los mercados financieros globales, las cadenas de suministro y las expectativas de crecimiento. Lejos de fortalecer a las clases medias estadounidenses, estas medidas han incrementado la incertidumbre, encarecido bienes de consumo y provocado respuestas defensivas en múltiples países.
De otra parte, México y Canadá están sometidos a una presión constante bajo el pretexto del narcotráfico y la migración, y han vivido esta ofensiva de amenazas con especial intensidad. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha respondido con claridad: nadie gana en una guerra comercial. Al mismo tiempo, articuló represalias selectivas y abrió una negociación pragmática para salvaguardar los sectores cubiertos por el acuerdo comercial norteamericano. Con China, el año 2025 concluyó con una tregua extremadamente frágil tras episodios de escalada arancelaria inéditos y tensiones críticas en torno a minerales estratégicos y tecnología avanzada. El llamado “alto el fuego” comercial no ha eliminado los conflictos de fondo, y el riesgo de reactivación en 2026 sigue siendo muy elevado.
Esta visión securitaria, confrontacional y divisiva se ha extendido al ámbito migratorio y de seguridad interior. La declaración de un estado de emergencia permanente en la frontera sur ha servido de marco para ampliar deportaciones, acelerar procedimientos de expulsión exprés, restringir el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento y formalizar el uso de fuerzas militares en apoyo de operaciones migratorias. Todo ello se ha justificado mediante una narrativa de “invasión” que deshumaniza a los migrantes y normaliza la excepcionalidad jurídica. El resultado ha sido una cadena de choques institucionales, litigios constitucionales y una creciente erosión del Estado de Derecho.
El episodio más grave de esta escalada se produjo el 7 de enero de 2026, cuando una ciudadana murió abatida por agentes del ICE en Minneapolis durante un operativo migratorio. La versión federal de “autodefensa” fue rápidamente cuestionada por autoridades locales y por las imágenes grabadas por testigos. La posterior decisión del FBI de restringir el acceso estatal a las pruebas amplificó la crisis y evidenció hasta qué punto la política migratoria se ha convertido en un factor de desestabilización interna.
En el plano internacional, la presidencia de Trump ha profundizado la incertidumbre estratégica. En Ucrania, las pausas y reanudaciones en la ayuda militar durante 2025 han obligado a Europa a acelerar su autonomía en defensa, producción de munición y planificación estratégica. Aunque el Senado estadounidense terminó aprobando nuevos fondos, la ambigüedad del Ejecutivo ha debilitado la credibilidad del compromiso estadounidense. De ahí el giro europeo hacia iniciativas como ReArm Europe, el refuerzo del pilar europeo dentro de la OTAN y las coaliciones ad hoc lideradas por Francia y el Reino Unido, en un contexto de realismo duro respecto a Washington.
El mensaje es inequívoco: Estados Unidos renuncia voluntariamente a influir desde dentro en los estándares globales para imponerlos unilateralmente desde fuera
En Oriente Próximo, la instrumentalización de la política exterior con fines internos ha contribuido a agravar la polarización global. Incluso cuando la Casa Blanca ha reivindicado ceses del fuego o avances diplomáticos, Trump ha sido el cómplice necesario de Netanyahu, que ha impuesto un genocidio brutal en Gaza, y que ya se ha cobrado centenares de miles de víctimas. A todo esto, la Unión Europea no ha sido capaz de dar una respuesta clara , predominando un patrón de descoordinación con aliados y mensajes contradictorios que erosionan cualquier esfuerzo multilateral sostenido, como si todavía no se hubiera dado cuenta de que se encuentra en el punto de mira de Trump.
El caso más extremo de esta deriva ha sido la intervención militar en Venezuela a comienzos de 2026, culminada con la captura de Nicolás Maduro y con declaraciones de que Estados Unidos “administraría” el país durante una transición. La acción, condenada en el Consejo de Seguridad de la ONU, abre un precedente muy peligroso que normaliza la violación de la soberanía y debilita el derecho internacional. No está en cuestión que Maduro sea un autócrata corresponsable del deterioro institucional y social de su país. La cuestión central es que las “decapitaciones de régimen” impulsadas desde el exterior, lejos de generar más democracia, más estabilidad y más prosperidad, la experiencia histórica y las reacciones regionales indican exactamente lo contrario.
Venezuela además ha sufrido diversos antecedentes de acoso económico y político que demuestran que las intervenciones extranjeras nunca han traído libertad ni desarrollo sostenible a América Latina; solo han dejado más sufrimiento, dependencia e inestabilidad. En este caso, tampoco conviene engañarse: la ofensiva de Trump no responde a una súbita preocupación por los venezolanos, sino a intereses geopolíticos, energéticos y a la persistente obsesión por controlar el espacio latinoamericano. Conviene ser inequívocos: defender la democracia y los derechos humanos es incompatible tanto con regímenes autoritarios internos como con el imperialismo caníbal externo.
La amenaza de intervención por las armas en Groenlandia requiere mucho más que declaraciones de sorpresa y decepción. La Unión Europea debe ser consciente de que es el enemigo a batir, según la estrategia nacional de los EEUU y, por tanto, debe actuar en consecuencia liberándose de cualquier subordinación y con más autonomía estratégica, más Europa y más liderazgo internacional. Lo que está en juego en 2026 es, en última instancia, el modelo de convivencia internacional. El trumpismo articula cuatro vectores que se refuerzan entre sí: un proteccionismo que fragmenta la economía global, la criminalización de la migración que normaliza la excepcionalidad y la impunidad, el repliegue multilateral que cede liderazgo al imperio de la ley, y el uso instrumental de la fuerza que erosiona la legalidad internacional. El resultado es un mundo más inestable, con instituciones debilitadas y sociedades expuestas a crisis económicas, políticas y climáticas cada vez más frecuentes.
Las intervenciones extranjeras nunca han traído libertad ni desarrollo sostenible a América Latina; solo han dejado más sufrimiento, dependencia e inestabilidad
Europa debe responder a este nuevo escenario internacional con una estrategia madura y autónoma, estrechando relaciones económicas, políticas y diplomáticas con China, los países BRICS, América Latina, Canadá y otras economías afines, no desde la ingenuidad, sino desde el realismo estratégico. En un contexto de guerras comerciales y erosión del multilateralismo, diversificar alianzas no es un gesto ideológico, sino una necesidad histórica para defender los intereses europeos, proteger su modelo social y reducir vulnerabilidades externas. Fortalecer vínculos con China y los BRICS implica interlocución crítica y firme en derechos humanos, pero también cooperación en comercio, transición energética, innovación y estabilidad financiera global; profundizar la relación con América Latina supone reconectar con una región culturalmente cercana, clave en materias primas estratégicas, energía y democracia; y reforzar la alianza con Canadá significa apostar por un socio fiable, democrático y comprometido con el orden internacional basado en reglas. Una Europa que mire al mundo con autonomía estratégica, pluralidad de socios y vocación multilateral no se debilita: se fortalece frente a la lógica de bloques, el proteccionismo punitivo y la subordinación geopolítica.
La respuesta democrática y progresista no puede ser meramente reactiva. Exige liderazgo político capaz de combinar políticas redistributivas que enfrenten la desigualdad, cooperación internacional robusta para sostener bienes públicos globales y pactos sociales que reduzcan la polarización. Frente al autoritarismo y la desinformación, se precisa de más ciencia, más derechos y más instituciones. Frente al proteccionismo punitivo, se requiere integración inteligente y resiliente. Frente a la guerra cultural, defendemos una educación cívica y pluralismo. No hay atajos. La alternativa que impone Trump —un mundo de aranceles como armas, odios y deportaciones masivas como política represiva y golpes preventivos siguiendo la vieja doctrina Monroe— es exactamente el escenario que debemos evitar. Construir una alianza de civilizaciones, y una mayoría social comprometida con la gobernanza internacional justa, la cooperación y el Estado de Derecho es hoy la única salida responsable.
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José Manuel Corrales Aznar es profesor universitario y Gaspar Llamazares Trigo es concejal en Oviedo.
