Los velos y sus sombras

Las cruzadas culturales rara vez son inocentes. Regresan cuando conviene señalar un enemigo visible que simplifique conflictos más profundos. La última ha vuelto a instalarse en el Congreso con la propuesta de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, impulsada desde la extrema derecha y enmarcada en una narrativa que entrelaza islam, inmigración e  inseguridad cultural. No es un episodio aislado, sino la repetición de un debate que reaparece con regularidad, siempre bajo nuevas justificaciones y con la misma lógica política: convertir símbolos marginales en campos de batalla identitarios. 

En abstracto, la discusión podría situarse en un terreno legítimo. El burka puede representar una forma extrema de subordinación patriarcal; ignorarlo en nombre de un relativismo acrítico sería irresponsable. Pero el problema nunca ha sido sólo la prenda, sino el uso político que se hace de  ella. Cuando la igualdad de las mujeres se invoca selectivamente —mientras se toleran desigualdades salariales, precariedad laboral, recortes sociales, restricciones al derecho al aborto o la persistente feminización de la pobreza— el discurso emancipador corre el riesgo de convertirse en coartada. 

No deja de resultar significativo que quienes lideran esta cruzada raramente hayan impugnado otras formas de control sobre el cuerpo femenino profundamente normalizadas en nuestras sociedades. No han cuestionado los hábitos de clausura de órdenes religiosas propias, ni las imposiciones estéticas de la industria cultural que alimentan patologías como la anorexia o la bulimia, ni las dinámicas económicas que convierten la autonomía material en privilegio. Tampoco han propuesto, como alternativa, ampliar el poder efectivo de las mujeres migrantes —garantizando derechos sociales, acceso a la participación política o incluso el derecho de sufragio en determinados niveles—, condiciones sin las cuales la emancipación es una palabra vacía. El celo feminista aparece así dirigido selectivamente hacia símbolos ajenos, mientras permanece ciego ante dominaciones próximas y estructurales. 

Que la hipocresía del mensajero no invalide automáticamente el mensaje no significa que la respuesta propuesta sea adecuada. Prohibir el burka por su carácter discriminatorio puede entrar en conflicto con libertades fundamentales de quienes lo portan voluntariamente. Las manifestaciones externas de convicciones religiosas o culturales, incluso cuando se fundan en tradiciones criticables, se encuentran protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce ese ámbito de libertad, y cualquier restricción exige superar exigentes estándares de necesidad y proporcionalidad. Un Estado laico debe garantizar neutralidad institucional; no imponer  uniformidad cultural. 

No deja de resultar significativo que quienes lideran esta cruzada raramente hayan impugnado otras formas de control sobre el cuerpo femenino profundamente normalizadas en nuestras sociedades

La cuestión central es la coacción. Si una mujer viste el velo integral bajo presión familiar o comunitaria, la respuesta coherente es perseguir esa presión y fortalecer su autonomía material y política. Castigarla mediante sanciones administrativas no la libera: la desplaza de nuevo al margen. Si la decisión es voluntaria —aunque inscrita en marcos patriarcales  criticables— sustituir esa elección por una prohibición estatal implica reemplazar un paternalismo por otro. Como advertía Simone Weil, la opresión no desaparece al cambiar de manos; sólo adopta nuevas formas. 

Tampoco el argumento de la seguridad justifica medidas selectivas. La  necesidad de identificación en determinados espacios es real, pero no exclusiva del velo integral. También una máscara, un pasamontañas o cualquier prenda que cubra el rostro plantean el mismo problema. La solución razonable pasa por normas generales de identificación aplicables a cualquier persona, sin construir prohibiciones simbólicas dirigidas a una minoría concreta. Cuando la regulación deja de ser funcional y pasa a señalar culturalmente, la norma se convierte en mensaje político. 

En última instancia, el debate revela más sobre quienes lo promueven que sobre las mujeres a las que dice proteger. Funciona como un dispositivo de simplificación moral: permite proclamarse defensor de la igualdad sin confrontar las estructuras que generan desigualdad, y erigirse en guardián de la laicidad sin cuestionar privilegios religiosos propios. El cuerpo de la mujer musulmana se transforma así en escenario donde se proyectan ansiedades identitarias internas, sustituyendo el juicio crítico por el reflejo ideológico. 

Hace décadas se justificaron intervenciones militares en nombre de liberar mujeres del velo. Los resultados deberían bastar para desconfiar de esa retórica. Trasladada al ámbito interno, la lógica apenas cambia: se promete emancipación mediante coerción simbólica o administrativa. Pero la libertad no se decreta. Se construye ampliando derechos, redistribuyendo poder y creando condiciones materiales para la autonomía. 

La dignidad de las mujeres no se defiende prohibiendo signos visibles mientras se toleran desigualdades invisibles. Ese es el verdadero núcleo de este debate recurrente. La prenda que se discute cubre rostros concretos; la discusión política, en cambio, suele servir para cubrir incoherencias colectivas. Y en esa operación, una vez más, las mujeres más vulnerables son quienes cargan con las consecuencias. 

La emancipación exige algo más exigente que prohibiciones ejemplarizantes. Exige coherencia democrática. Todo lo demás corre el riesgo de ser, simplemente, otro velo —esta vez político— sobre nuestras propias contradicciones.

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Jaume Asens es diputado de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo.