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El acta franquista del entierro del dictador que el Gobierno da por válida para certificar su identidad

Primera página del acta del entierro de Franco el 23 de noviembre de 1975.

“¿Juráis que el Cuerpo que contiene la presente Caja es el de Su Excelencia El Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos, Don Francisco Franco Bahamonde, el mismo que os fue entregado para su custodia en el Real Palacio de Oriente, de Madrid, a las seis horas treinta minutos del pasado día veintiuno?”. La pregunta, formulada por el ministro de Justicia de la época, José María Sánchez-Ventura, en calidad de notario mayor del reino, y dirigida a los jefes de las casas civil y militar del dictador, obtuvo inmediata respuesta: “Sí, lo es, lo juro”.

Así consta en el acta notarial del traslado e inhumación del cadáver de Franco que publica este miércoles infoLibre y cuyo contenido fue parcialmente adelantado en su día por El Independiente.

El acta fue levantada a las 14:30 horas del 23 de noviembre de 1975, apenas 20 minutos después del entierro. “Siendo las catorce horas y diez minutos”, reza el documento, “se procedió a la ceremonia de la inhumación en la tumba sita en el Presbiterio, entre el Altar Mayor y el Coro de la Basílica. Su Majestad el Rey”, añade el ministro, “se trasladó desde su sitial hasta la sepultura, para tributar piadoso homenaje al cadáver de Su Excelencia el Generalísimo”.

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José María Sánchez-Ventura estuvo asistido por José Poveda, director general de Registros y del Notariado. Igual que la titular actual de Ministerio de Justicia, Dolores Delgado, contará con la ayuda del que hoy ocupa el puesto en la misma dirección general, Pedro Garrido. Fuentes del Gobierno conceden especial relevancia al hecho de que, 44 años después, sea una mujer quien asuma la máxima responsabilidad en el operativo de traslado de los restos del Franco, durante cuya dictadura las mujeres sufrieron gravísimas limitaciones de sus derechos.

El acta franquista hace constar que el entonces ministro presenció “personalmente la operación de cierre por soldadura de la caja interior de las dos de que se compone el féretro que contiene los restos mortales” de Franco, un procedimiento que, anota, se prolongó durante 19 minutos y del que fueron testigos Cristóbal Martínez Bordiú, Alfonso de Borbón, “otros familares”, así como los doctores Vicente Pozuelo, Modesto Martínez, Antonio Piga y Bonifacio Piga. Además de una lista de 19 personas, todas hombres, encabezada por el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, como testigos “cumpliendo los últimos turnos de vela al egregio cadáver”.

Estos datos, expresados en el acta, son los que el Gobierno de Pedro Sánchez da por válidos para no comprobar si los restos que este jueves serán exhumados del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio de Mingorrubio son los de Francisco Franco.

Toma de muestras de ADN

Únicamente en el caso improbable de que la caja de zinc que los contiene estuviese muy deteriorada y los restos fueran completamente irreconocibles, el forense que presenciará las tareas de traslado tomará muesras de ADN para garantizar que se trata del dictador. Así lo confirmaron a infoLibre fuentes del Ejecutivo.

El acta notarial levantada por el gobierno franquista relata cómo, a las diez de la mañana, Juan Carlos de Borbón y su esposa llegaron al Palacio de Oriente para presidir “las solemnes exequias”, y cómo la viuda del dictador, Carmen Polo, ocupó “lugar preferente“.

Narra a continuación, calle a calle, incluída la “autopista de La Coruña”, el trayecto de la comitiva desde el Palacio de Oriente al Valle de los Caídos, a donde llegó a las 13:05 horas. A la entrada de la basílica, se produjo la entrega de los restos al abad de la época, Luis María Lojendio, por orden del rey.

El próximo jueves será la ministra Delgado, auxiliada por su director general de Registros, quien tenga que redactar el acta de la exhumación y reinhumación de los restos. Tendrá que hacerlo igualmente de forma detallada, lo que obligará a ambos a tomar apuntes de todo lo que ocurra. Por eso Delgado viajará también en el helicóptero o junto al coche fúnebre que traslade lo que queda del dictador.

Aunque la ministra puede completar el proceso posteriormente, acudirá provista de todos los sellos y el material preciso por si fuera necesario levantar acta en ese momento. Segun fuentes del Gobierno, la presencia del director general de Registros obedece a la misma lógica con la que se ha organizado todo el dispositivo: duplicar los medios humanos y materiales necesarios —dos helicópteros, dos coches fúnebres, dos personas con capacidad de levantar acta notarial— para sortear cualquier imprevisto y asegurar que el traslado se inicia y concluye el mismo jueves sin ninguna interrupción.

En las próximas horas el Gobierno se dispone a cerrar los últimos detalles del proceso de exhumación con la vista puesta en las condiciones meteorológicas del jueves por la mañana, de las que depende que el traslado de los restos se lleve a cabo en helicóptero o por carretera. Será el piloto de la aeronave, un Cougar Super Puma del Ejército de Aire, el que tome la decisión final. Puede volar sin problema en condiciones de lluvia pero no de niebla o de fuerte viento.

La Guardia Civil, responsable de la seguridad del Valle de los Caídos y de las carreteras por las que habrá de transitar el coche fúnebre si el traslado aéreo no es posible, fue quien aconsejó utilizar medios aéreos, dada la complejidad de la opción terrestre y la posibilidad de tener que hacer frente a problemas de tráfico o incluso a intentos de boicot por parte de manifestantes. De ahí que los responsables del operativo hayan previsto diferentes itinerarios para completar sin problemas el traslado de los restos hasta Mingorrubio para el caso de que el helicóptero no pueda operar.

Precisamente este martes la Delegación del Gobierno en Madrid ha denegado la autorización a una concentración convocada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces frente al cementerio de Mingorrubio, justo el mismo día en el que se trasladarán allí los restos del dictador.

Según explicaron a Europa Press fuentes de dicha Delegación, que dirige María Paz García Vera, la decisión se tomó ante el “riesgo” de que puedan producirse “desórdenes públicos”.

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