Las acusaciones buscan desmontar la "falacia" de la "causa general" contra el independentismo

La segunda jornada del juicio a los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia arrancó a la hora fijada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Y lo hizo, de nuevo, con las cuestiones previas sobre la mesa. La mañana estuvo dedicada en exclusiva a las acusaciones –Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, como acusación popular–, que utilizaron sus turnos de palabra para responder a las alegaciones que durante el primer día de vista realizaron las defensas de los dirigentes soberanistas, centradas principalmente en la vulneración de derechos fundamentales o la falta de imparcialidad del propio tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena. Durante casi cuatro horas, las acusaciones rechazaron que esta sea una “causa general” contra el independentismo. Frente a esa “falacia de colosales dimensiones”, aseveraron que se trata de un juicio “en defensa de la democracia y del orden constitucional”.

La primera en intervenir fue la Fiscalía, que en su escrito de acusación defiende la existencia de un delito de rebelión por el que pide 25 años de prisión para el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y entre 16 y 17 años para el resto de procesados en prisión provisional. La exposición del Ministerio Público arrancó de la mano del fiscal Javier Zaragoza, que aprovechó los primeros minutos de su intervención para afear que algunos de los escritos de las defensas parezcan “libelos acusatorios” basados en un “relato alternativo que pretende crear una visión distorsionada de la realidad” para “desacreditar” a “la justicia española, a sus instituciones y a nuestro Estado de derecho”. “Se pretende transformar en victimas a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional”, apuntó el fiscal Zaragoza, que se mostró confiado en que el Tribunal Supremo “impartirá justicia con absoluta imparcialidad”.

El Ministerio Público quiso dejar claro, en contra de lo que expusieron ayer algunos de los letrados de los acusados, que este no es un juicio ni a la democracia ni a la capacidad que tiene el sistema democrático español de proteger el derecho de manifestación pacífica. Más bien, aseveró Zaragoza, este proceso es “en defensa de la democracia, del orden constitucional”. El representante de la Fiscalía dijo que ante “procedimientos ilegales y violentos” a nadie debe extrañarle “que la justicia penal reaccione”, porque de no haberlo hecho estaríamos ante un “grave ejercicio de responsabilidad”. “Actuar al margen de la legalidad no debe quedar impune”, continuó el jurista, que rechazó tajantemente estar ante una “causa general prospectiva”, algo que es, a juicio del fiscal Zaragoza, “una falacia de colosales dimensiones”.

En su alegato, la Fiscalía, representada tanto por Zaragoza como por Javier Cadena, señaló que el “legítimo ejercicio de los derechos políticos” no justifica acciones como el hecho de “planificar, ejecutar e imponer un proyecto de segregación territorial” o el de utilizar a “miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes y resoluciones judiciales”. “[El ejercicio legítimo de los derechos constitucionales] no justifica llamar, incitar, promover u agitar a miles de ciudadanos que como muros humanos protegieron las urnas a sabiendas de que se les abocaba al enfrentamiento violento con las fuerzas policiales”, insistió el Ministerio Público, que añadió que es un “disparate jurídico de dimensiones importantes” el hecho de “identificar el uso legítimo y proporcionado de la fuerza policial” con la “tortura o los tratos inhumanos”.

Tras el rechazo de Zaragoza a que se ponga en tela de juicio tanto la imparcialidad del tribunal que juzga la causa como del juez instructor y su reflexión final, en la que señaló que “no parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de diálogo como factor que aboca irremediablemente a esa secesión consumada, llegó el turno de su compañero, el fiscal Cadena. En un tono algo más sosegado, el segundo representante del Ministerio Público dedicó su intervención a asegurar que no se ha vulnerado el derecho a la libertad ideológica de los acusados y a centrar el debate jurídico en el incumplimiento de la Constitución por parte de los procesados. Así, dejó claro que “no hay una soberanía catalana, sino una soberanía española” y apuntó que lo que se juzga es un plan “concertado, minucioso y pluriconvergente” para crear una “legislación paralela”.

La Abogacía rechaza la impugnación de Cuixart

Tras un receso que se prolongó durante una hora, llegó el turno de la Abogacía del Estado, que a última hora decidió separarse del delito de rebelión al no apreciar la violencia necesaria para esta calificación y acusó en su escrito a los dirigentes soberanistas de un delito de sedición, por el que piden una pena máxima para Oriol Junqueras de 12 años de prisión. Durante su intervención, los servicios jurídicos del Estado, representados por Rosa Seoane, también rechazaron categóricamente que el proceso criminalice “la libertad ideológica, política o el libre ejercicio a la libertad de expresión, manifestación o reunión”. “Estamos aquí porque se han producido hechos que concadenados entre sí nos permiten subsumirlos en tipos delictivos”, apostilló Seoane, que añadió que lo que se va a celebrar es “un juicio penal con todas las garantías”.

La abogada del Estado arrancó su intervención respondiendo en primer lugar a la defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que en la primera sesión del juicio impugnó la acusación de sedición por parte de los servicios jurídicos del Estado contra su representado porque la Abogacía compareció en el procedimiento “para reclamar los posibles perjuicios contra la Hacienda Pública”. “[La Abogacía] está legitimada para acusar al señor Cuixart”, afirmó Seoane, que señaló que “hay un intento de llevar esta causa al Tribunal Europeo cuando se trata de una cuestión de derecho interno”. En su alegato, los servicios jurídicos del Estado también afirmaron que en ningún momento del proceso se ha producido una vulneración del derecho a la presunción de inocencia de los acusados, algo que ayer pusieron sobre la mesa las defensas de algunos procesados.

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Una vez finalizado el turno de la Abogacía del Estado, cuya exposición arrancó justo en el momento en el que el Congreso de los Diputados tiraba por tierra las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez, tomó la palabra la acusación popular, encarnada por el partido de extrema derecha Vox, que solicita las penas más duras para los doce líderes independentistas. La intervención del letrado Pedro Fernández, que junto con Javier Ortega-Smith representa a esta parte en el procedimiento, arrancó con la petición a la Sala de fijar criterio respecto a la utilización de lazos amarillos, una cuestión de orden “que afecta al respeto y consideración de la justicia” habida cuenta de que dicho símbolo, que por el momento sólo ha lucido en la vista oral el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, tiene “una carga política indudable”.

La petición de la acusación popular fue, sin embargo, rechazada por el tribunal. Aunque Marchena admitió que el lazo amarillo puede ser “susceptible de muchos enfoques”, el magistrado desestimó la petición de la formación de extrema derecha poniendo sobre la mesa dos recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en las que se condena a Bosnia y Bélgica por haber prohibido durante procesos judiciales el uso de simbología de carácter religioso. Aunque en este caso el lazo amarillo no es un símbolo de este tipo, el tribunal ha entendido que la jurisprudencia de Estrasburgo también sería extensible a aquella simbología de carácter ideológico, por lo que ha decidido no poner “ningún obstáculo” a que los doce acusados porten lazos amarillos en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

Una vez resuelta esta cuestión, Fernández comenzó con sus alegaciones. Durante los minutos que duró su intervención, el letrado defendió la posición de la acusación popular de imputar también a los dirigentes soberanistas el delito de organización criminal, un tipo que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado aprecian en los hechos enjuiciados. También ha insistido, poniendo sobre la mesa las diferentes resoluciones de la ONU, en que en Cataluña no existe el derecho a la autodeterminación. “Cualquier intento de quebrantar la integridad territorial es incompatible con los propósitos de la carta de Naciones Unidas”, apuntó el abogado. Una vez finalizada su intervención, el juez Marchena cerró la sesión, que se reanudará mañana a las 10.00 horas con la resolución de las cuestiones previas planteadas. Una vez cerrada esta fase, comenzarán los interrogatorios a los doce acusados. El primero en responder será el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.