Corrupción

Las acusaciones denuncian que el cambio de jueces en los procesos de 'Gürtel' alimenta la sospecha de un tribunal a la carta para el PP

Cospedal entrega la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a Concepción Espejel.

Las cuatro acusaciones populares personadas en Gürtel han impugnado a contrarreloj la decisión de la sala de gobierno de la Audiencia Nacional de cambiar sobre la marcha la composición del tribunal que debe juzgar los papeles de Bárcenas y otras cinco piezas del caso que igualmente sitúan bajo el foco al PP. La asociación de abogados Adade, el Observatorio Desc, el PSOE y la acusación que de manera conjunta ejercen IU y otros colectivos alertan en sus respectivos recursos de que el cambio de tribunal puede vulnerar el derecho constitucional a un juez predeterminado por ley. Y que, por tanto, alimenta la sospecha de que se prepara un tribunal a la carta para el PP. 

Los cuatro recursos se dirigen formalmente no contra la decisión adoptada el 20 de noviembre por la sala de gobierno de la Audiencia sino contra la providencia por la que, el pasado día 4, se materializaron esos acuerdos. Y constituyen solo el primer paso en una batalla jurídica que se prevé dura. El próximo será la recusación, también por sus vínculos con el PP, del magistrado Juan Pablo González, que sustituye en la pieza de los papeles de Bárcenas o de la caja B del PP a Julio de Diego. Es decir, al juez cuyo voto forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el primero de los juicios encomendados a la Audiencia: el de la llamada Época I, ahora en espera de sentencia y en cuyo arranque Francisco Correa declaró que los empresarios interesados en obtener contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP pagaban una comisión del 3%. Además de la recusación, nadie descarta actuaciones legales de mayor impacto y envergadura.

En su recurso, los socialistas invocan una sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional que advierte del riesgo de modificar la composición del tribunal asignado a un caso. La garantía de independencia e imparcialidad –dice la sentencia– "quedaría burlada si bastase con mantener el órgano [en este caso, la Sección 2ª de la Sala Penal de la Audiencia] y pudiera alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse". Según el PSOE, el cambio, con efectos retroactivos, en las normas de reparto de las causas que corresponden a la sección segunda de la Sala Penal "encaja perfectamente en el concepto de designación ex post facto, es decir una vez conocidas las causas y su relevancia para el Partido Popular en el gobierno". Y eso "podría dar lugar a la nulidad de la causa".

El papel capital de Concepción Espejel

Las cuatro acusaciones otorgan máxima relevancia al hecho de que en la adopción de ese sorpresivo acuerdo del 20 de noviembre tuviese un papel motriz Concepción Espejel, ahora presidenta de la Sala de lo Penal y apartada hace dos años del futuro juicio de los papeles de Bárcenas así como de las restantes piezas de Gürtel precisamente por su cercanía al PP. La participación de Espejel –llega a afirmar IU– implica "una evidente apariencia de irracionalidad y de carencia de imparcialidad".

La "apariencia de pérdida de la imparcialidad" que derivó en que Espejel fuese apartada de todas las causas de Gürtel la obligaba –razona Adade– "a no estar presente en la votación ni realizar la propuesta respecto a los distintos asuntos que se planteen también ante la sala de gobierno en el conjunto del caso Gürtel".  El PSOE expone el argumento del siguiente modo: "Ha resultado acreditado en el ámbito jurisdiccional la existencia de un interés en los citados asuntos que obliga a la Presidenta de la Sala de lo Penal a no estar presente en la votación ni realizar la propuesta respecto a los distintos asuntos que se planteen también ante la Sala de Gobierno en el conjunto del caso

Gürtel, como se desprende del artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

"La apariencia de incumplimiento del derecho fundamental al juez natural es tan evidente –aduce la cuarta acusación, Observatorio Desc– que ha merecido reacciones públicas desde todos los sectores de la sociedad española". "Entendemos –prosigue el texto– que no sólo la falta de motivación sino las extrañas vicisitudes  en la composición de esta Sala, merecería la revocación de la resolución recurrida, a fin de transmitir confianza en la Administración de Justicia y que el juicio al que nos enfrentamos no contenga ni una sola sospecha de falta de imparcialidad de los miembros de esta Sala".

IU llega más lejos en esa misma dirección. "No resulta baladí –sostiene su recurso– hacer mención al estupor que ha supuesto en la sociedad española el repentino cambio de magistrados y las sospechas que este hecho ha suscitado en la sociedad española, más aun teniendo en consideración los antecedentes del caso".

 

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