Transparencia

Las administraciones recurrieron en 92 casos a los tribunales para no dar la información solicitada vía Transparencia

Captura del portal de la transparencia.

Que ministerios, organismos públicos o empresas públicas pleiteen contra otra administración para mantener ocultos datos que deberían ser de dominio público chirría mucho. Pero es una realidad y así se pone de manifiesto en el informe con el que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) hace balance de sus primeros cuatro años de actividad. Entre enero de 2015 y diciembre de 2018, las Administraciones públicas han planteado 92 recursos judiciales contra resoluciones del Consejo, con el objetivo de no facilitar la información que le solicitaban por esta vía.

En este periodo de tiempo, el organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia ha registrado 7.654 peticiones, de las que 3.812, casi el 50%, son reclamaciones. Como norma general, tras estas reclamaciones hay ciudadanos que se quejan de que la Administración General del Estado o las Administraciones territoriales se niegan a facilitar determinada información. Y el CTBG, tras estudiar los expedientes, decide si es pertinente admitir la queja. 

A 31 de diciembre de 2018, el CTBG había estimado el 60% de las reclamaciones. Y tras requerir a los organismos en cuestión la entrega de la información que estuvo en el origen de la queja o ratificar una decisión de las Administraciones, 130 casos llegaron a los tribunales. Las resoluciones del CTBG pueden ser recurridas en vía judicial, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En 92 de estos casos el demandante fue un organismo público, es decir, en el 71% de los casos totales, mientras que en 38 se trató de particulares que no estaban de acuerdo con la resolución del Consejo de Transparencia por haber dado la razón a la Administración.

Respecto al tipo de administración a la que afecta el recurso, los 130 se dividen de la siguiente forma: 117 (87% del total) tienen que ver con cuestiones de la Administración General del Estado, mientras que el resto afectó a Administraciones territoriales.

El CTBG tiene firmados convenios con la Comunidad de Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Cantabria. Tambien, con Ceuta y Melilla. Esto implica que las reclamaciones que presenten los ciudadanos en el marco de solicitudes de información que afectan a dichas comunidades autónomas, incluidas sus entidades locales y sector público, son tramitadas por el Consejo Estatal.

Una vez que se resuelven los recursos y se dicta sentencia, esta es de obligado cumplimiento. No obstante, todavía cabría un recurso más ante la Audiencia Nacional, según establece la legislación de lo contencioso-administrativo.

Las peticiones crecen

En 2018, las reclamaciones atendidas por el CTBG se han incrementado el 25% respecto al año anterior. 

Por años, el reparto es el siguiente: 517 en 2015, 890 en 2016, 1.067 en 2017 y 1.338 en 2018.

"Las cifras reflejan cada año un aumento considerable de los casos que llegan al Consejo al entender los ciudadanos que los organismos públicos no han respetado su derecho de acceso a la información", se indica en el balance del organismo.

Por origen, de las 3.812 reclamaciones recibidas en el Consejo, 2.386 (63%) corresponden a la Administración General del Estado y 1.426 (37%) a las Comunidades Autónomas.

Por comunidades autónomas –las que tienen el convenio–, el grueso de las reclamaciones afectan a Madrid, seguidas por Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Asturias, Ceuta, La Rioja y Melilla.

Del accidente del Alvia a la industria farmacéutica

Entre las resoluciones más destacadas del pasado año está la que considera que el informe de auditoría sobre el cumplimiento de la legislación reguladora del sector ferroviario en la línea Ourense-Santiago de Compostela –la línea del trágico accidente del Alvia– debía ser facilitado. Infomación que Fomento no puso a disposición de su demandante "porque consideró que existía un perjuicio de igualdad entre las partes en los procesos judiciales y en la tutela judicial efectiva".

"El Consejo de Transparencia no comparte este criterio en su resolución y considera que el conocimiento de este informe conecta directamente con la rendición de cuentas por la actuación pública así como el interés general en la garantía de la seguridad en las infraestructuras y la prestación de servicios públicos", resumen desde el organismo.

Por otra parte, también estimó en parte la reclamación que solicitaba el número de casos notificados y en investigación de los incidentes asociados al producto Ala Octa, que causó lesiones oculares a un centenar de persomas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) denegó la información alegando que está en fase de elaboración y que existe una normativa específica de acceso (Real Decreto 1591/2009, que regula los productos sanitarios) aplicable con preferencia a la Ley de Transparencia. Dicha norma contiene una previsión específica, no de acceso a la información, pero sí de confidencialidad.

El Consejo de Transparencia entiende que no afecta a la protección de datos personales el hecho de identificar a los expertos participantes, por haberse creado una situación de alarma social que afecta sustancialmente a la salud pública, lo que presupone la existencia de un interés publico superior a tener en cuenta.

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