Admitido a trámite el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y asociaciones vecinales contra la 'Operación Chamartín'

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contra el proyecto Madrid Nuevo Norte, la última versión de la controvertida Operación Chamartín.

Ahora se abre un proceso en el que, tras las alegaciones de las partes implicadas, el tribunal determinará si el macroproyecto urbanístico se ajusta a derecho o es nulo de pleno derecho, tal y como defienden las organizaciones recurrentes.

En 2017, el Tribunal Supremo anuló la Operación Chamartín -aprobada en 2011 con el alcalde Alberto Ruíz-Gallardón- y que previamente había sido declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2015. El Ayuntamiento de la capital volvió a tramitar un nuevo proyecto que se prolongó durante tres legislaturas. Con la llegada de Manuela Carmena al poder se paralizó la tramitación del plan parcial y se inició una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, el PGOUM.

Con Isabel Díaz Ayuso al frente de la comunidad, se aprobó definitivamente el 22 de julio y, ocho días después, la FRAVM y Ecologistas en Acción interpusieron el recurso administrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva ante el TSJM, porque entienden que es innecesario, contiene una edificabilidad sobredimensionada, no mejora la carencia en dotaciones de los barrios vecinos, reduce las cesiones de equipamientos públicos, contempla zonas verdes por debajo de los mínimos permitidos y elimina dos vías pecuaria, en interés del sector privado. Un decreto de ese tribunal ha admitido a trámite el recurso y ha solicitado el expediente completo a la comunidad.

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Madrid Nuevo Norte

El proyecto supondría la transformación de 3,3 millones de metros cuadrados de suelo al norte de la ciudad de Madrid (tres veces el parque de El Retiro), atravesándolo por una red ferroviaria. Además, el aprovechamiento lucrativo está en manos de la entidad privada denominada Distrito Castellana Norte (DCN) formada por el BBVA y la constructora San José, siendo el 80% del suelo de titularidad pública.

La operación no contempla la construcción de vivienda pública social y las viviendas con algún tipo de protección (VPPL y VPPB) están por debajo del mínimo contemplado, tanto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, como en la Ley de Suelo estatal. Sí está planeada la construcción de 22 torres de similares dimensiones dimensiones a las cuatro existentes en la Plaza de Castilla.