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Operación Púnica

Aguirre disfrazó como gastos de emergencia pagos de publicidad para la precampaña de 2007

Esperanza Aguirre con los entonces consejeros Francisco Granados y Manuel Lamela, en Arganda del Rey, en febrero de 2007.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en mayo de 2009 una convalidación de gasto –figura que avala excepcionalmente trabajos encargados sin contrato por su carácter perentorio o imprevisto– para abonar 564.861 euros a empresas de publicidad. Oficialmente, todas ellas habían desarrollado en la precampaña de las elecciones de mayo de 2007 actos para difundir la apertura de nuevos hospitales y centros de salud. El grupo Over Marketing, cuyo dueño, Daniel Mercado, admite haber financiado al PP a través de facturas falsas a constructoras de hospitales, obtuvo de ese paquete 180.000 euros. Un día antes de que el Consejo de Gobierno que presidía Esperanza Aguirre aprobase el pago de aquel medio millón, el interventor emitió un informe donde avisaba de que ni se había producido fiscalización previa ni se había comprobado la ejecución de los trabajos. 

Al menos tres facturas de las 12 que las empresas de Mercado (Over, Traci, Link América y Abanico) cobraron tras esta convalidación de gasto se parecen además como gotas de agua a otras localizadas por infoLibre y que ya había endosado el grupo Over a constructoras de instalaciones sanitarias gracias a la "cláusula del 1%". Es decir, a la cláusula impuesta por el Gobierno madrileño a las empresas adjudicatarias para que destinasen a publicidad e información el 1% del presupuesto de la obra.

El auto por el que el juez Manuel García Castellón imputa en Púnica a Esperanza Aguirre sostiene que la claúsula del 1% fue "ideada indiciariamente por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, en connivencia con los altos mandatarios" del PP madrileño "como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del partido"

Según los documentos aportados a la causa, esa especie de impuesto contrarrevolucionario encareció en más de siete millones los presupuestos de construcción de ocho nuevos hospitales y 56 centros de salud en un momento en que Aguirre y su equipo presentaban la futura gestión privatizada como un salto cualitativo en términos de calidad y ahorro. Y derribó de un plumazo los diques con que la Ley de Contratos busca asegurar la limpieza de las adjudicaciones públicas.

Porque eran las constructoras y no la Administración las que con ese 1% pagaban oficialmente la publicidad de los hospitales y centros de salud. Pero el dinero lo recibían firmas elegidas a dedo por la Consejería de Sanidad, cuyos responsables de aquellas fechas, empezando por el ahora imputado Manuel Lamela, han declarado que las instrucciones les llegaban de Presidencia. De esa manera, las firmas de publicidad se libraban de cualquier vigilancia. Y nadie controlaba si realmente estaban dándole bombo a los hospitales o sufragando directamente gastos electorales del PP.

Buena parte de esos pagos asociados al 1% fue a parar al grupo Over, que entre 2004 y 2008 se alzó con adjudicaciones públicas del Gobierno de Madrid por 10 millones. En diciembre de 2017, el dueño de la extinta empresa marcó un punto de inflexión en el caso Púnica al confesar ante el juez que el PP de Esperanza Aguirre le pagó parte de la campaña de 2007 con dinero negro y también haciéndole emitir contra empresas constructoras facturas que en realidad escondían trabajos para el partido. Esas facturas eran las de la clásula del 1% de publicidad.

De menos a más y pese a la Ley Electoral

El expediente sobre esta "extraña" convalidación de medio millón para publicidad –el adjetivo procede de un antiguo alto cargo que pidió no ser identificado- incluye el certificado del acuerdo adoptado por el Ejecutivo y una "memoria explicativa" del porqué de la decisión adoptada. "Utilizarla para publicidad no es habitual", reconoce el antiguo alto cargo consultado, que no obstante resta importancia a lo sucedido. El certificado del acuerdo lo firma el exconsejero Salvador Victoria, entonces secretario general del Consejo de Gobierno, igualmente imputado en la causa y con quien este periódico intentó contactar sin éxito. Y la memoria explicativa fue elaborada por quien en mayo de 2009 ostentaba el cargo de directora general de Equipamientos Sanitarios, Elena de Mingo, que no figura entre los investigados. 

Según De Mingo, la ausencia de expediente de adjudicación se explicaba porque la Consejería pensaba asumir por sí misma los trámites de publicitar y organizar las visitas a hospitales y centros de salud. Pensaba hacerlo así, escribió, "dado que las características de los eventos no precisaban ni dotaciones económicas superiores al expediente de gasto menor, pero la magnitud que fueron adquiriendo estos acontecimientos obligaron a ponerlos en manos de empresas especializadas".

En aquellas fechas, lo que se denominaba gasto o contrato menor equivalía a un máximo de 12.000 euros, cifra que tras la aprobación de la nueva ley de contratos pasaron en 2008 a ser 18.000. Pero, muy lejos de los 12.000 euros, el coste para el erario madrileño sobrepasó el medio millón.

Que la convalidación de gasto es una fórmula de carácter extraordinario que ha de utilizarse en casos excepcionales lo ha advertido el propio PP madrileño. Por ejemplo, en octubre de 2018, la Intervención del Ayuntamiento de Madrid llevó al Tribunal de Cuentas gastos de un concejal del equipo de Manuela Carmena porque había acudido a esa fórmula. El grupo municipal del PP remarcó entonces que las convalidaciones deben ser "puntuales" y para casos de "extrema y urgente necesidad". Meses antes, Ángel Garrido, en aquel momento presidente de Madrid por el PP y hoy consejero de Transportes en representación de Ciudadanos, había asegurado que la convalidación es un mecanismo "absolutamente excepcional" que solo se utiliza para casos "muy excepcionales".

De Mingo incluye otra afirmación sorprendente: que las fechas de apertura de los nuevos centros sanitarios "coincidían con las de la finalización de la legislatura". Y la Ley Electoral  (Loreg) "establece que no es posible realizar acciones de comunicación en fechas anteriores a las elecciones [27 de mayo aquel año, municipales y autonómicas]" así que "ante la imposibilidad de demorar el inicio de actividad, se realizó la contratación de los servicios con la omisión del trámite de fiscalización previa". En otras palabras, el Gobierno dio vía libre a eventos de publicidad institucional prohibidos por la Loreg y dos años más tarde pagó a las empresas, cuyas facturas -hizo constar el interventor- superaban en algunos casos "el plazo establecido" legalmente para su emisión.

Los más de 25 millones cuyo desvío al PP se investiga en 'Púnica' llevan a Aguirre ante el juez

¿Se pagó por duplicado alguna de esas facturas? Este periódico lo ignora. Pero hay tres casos de doblete. Por ejemplo, Traci, una de las empresas de Mercado, facturó el 2 de abril de 2007 a Constructora Hispánica (luego llamada Assignia) 15.844 euros en concepto de marquesinas y gastos de comunicación para el centro de salud polivalente de Vallecas. El 15 de marzo de 2008, dirigió una factura a la Consejería de Sanidad por marquesinas en ese mismo centro de salud y haciendo constar que se trataba de gastos correspondientes "al primer trimestre de 2007". El precio final aquí, 14.800 euros. 

El responsable de la sanidad madrileña cuando se produjo el encargo de esos trabajos oficialmente destinados a informar sobre los nuevos centros sanitarios está hoy imputado en PúnicaPúnica. Tras desatar una cacería contra 15 médicos del hospital Severo Ochoa a los que persiguió tras una denuncia anónima y falsa que les acusaba de homicidio en masa, Manuel Lamela dejó el Ejecutivo en junio de 2008. Saltó a la actividad privada y en condiciones muy ventajosas se hizo con un crédito de 500.000 euros otorgado por Madrid Network, una asociación privada controlada por la Comunidad de Madrid y financiada con dinero público. Según los últimos datos difundidos por Madrid Network, donde la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, trabajó en comunicaciónLamela no devolvió el dinero

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