Aldama se sube al carro de la ocupación para que el juez del 'caso Hidrocarburos' le deje vender un edificio

El empresario Víctor de Aldama, investigado en el caso Cerdán y en el caso Hidrocarburos, maniobra para vender una propiedad que se encuentra bloqueada por orden judicial. En un escrito remitido la pasada semana al Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, donde se indaga sobre un supuesto fraude del IVA que la Guardia Civil ha cuantificado en 231 millones de euros, el comisionista solicita al magistrado Santiago Pedraz autorización para enajenar el inmueble. Y lo hace alegando, por un lado, la necesidad de devolver un préstamo y, por otro, un supuesto riesgo de ocupación.

El pasado 4 de octubre, cuando la causa aún se encontraba bajo secreto de sumario, el instructor acordó el bloqueo y embargo preventivo de más de dos centenares y medio de cuentas bancarias y productos financieros, así como la congelación –prohibición de enajenar, transmitir o cualquier otra operación– de más de una veintena de vehículos, algunos de ellos de alta gama, y de más de medio centenar de bienes inmuebles repartidos por toda la geografía. Lo hizo a petición del Departamento de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, diez meses después, De Aldama intenta convencer al instructor para que modifique la resolución y le autorice a vender uno de esos inmuebles, cuya propiedad pertenece a Logística Comercial Montelimar SL –mercantil de la que es administrador único el empresario–. Y lo hace alegando, entre otras cosas, un "riesgo cierto de ocupación". En un escrito remitido hace una semana a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso infoLibre, el empresario pone sobre la mesa una denuncia en la que se relatan "eventos" relativos "a la presencia de un grupo de personas" realizando "actuaciones tendentes a la ocupación del inmueble".

La denuncia, formalizada a mediados de mayo en comisaría y que acompaña al escrito, provocó la apertura de diligencias de investigación judiciales por los delitos de daños y usurpación. Pero eso, considera el comisionista, "en modo alguno excluye que estos mismos hechos u otros análogos puedan producirse de nuevo". "Esta situación no es novedosa en la medida en que en el pasado el edificio ya estuvo ocupado durante tiempo prolongado, con los consiguientes perjuicios que ello conlleva", sostiene el empresario, que insiste en el "evidente" riesgo de usurpación del inmueble.

Liquidar un préstamo de 3,5 millones

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De Aldama señala que una eventual ocupación afectaría de forma "directa" al "valor" de la propiedad y a sus "posibilidades de venta". Una opción que desde hace unas semanas se encuentra sobre la mesa. Y que le permitiría liquidar un préstamo de 3,5 millones de euros formalizado hace un par de años con la mercantil Invercenter USA Inc. para desarrollar un proyecto inmobiliario en el terreno donde se encuentra el inmueble. La fecha prevista para la devolución del importe con el recargo fijado en contrato era el 29 de febrero de 2024. Pero a día de hoy, casi año y medio después, el dinero todavía no ha sido devuelto.

La necesidad de liquidar dicho préstamo es, precisamente, otro de los argumentos utilizados por el empresario para solicitar al magistrado instructor que le autorice para enajenar la propiedad. El 9 de julio, explica, "surgió una potencial oportunidad de venta" tanto del terreno como del inmueble en su estado actual, comprometiéndose el potencial comprador a culminar el proyecto inmobiliario que inició Logística Comercial Montelimar SL. Una oferta de adquisición por 3,5 millones, dinero que sería empleado de forma exclusiva, asegura De Aldama, para la devolución del préstamo.

Según recoge el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, la oferta por el inmueble, que "en modo alguno se encuentra vinculado con el objeto del presente procedimiento", tiene una vigencia de dos meses. Es decir, caducaría a comienzos de septiembre. Pero por el momento al comisionista no le queda más remedio que esperar. Según confirman a este diario fuentes del entorno del empresario, el magistrado todavía no ha tomado ninguna decisión. Y agosto es un mes inhábil a nivel judicial, salvo para todas aquellas actuaciones que sean consideradas urgentes.