Madrid hace de comercial de una firma que ayuda a pagar una residencia a los mayores a cambio de alquilar su casa
El Ayuntamiento de Madrid promociona con recursos públicos los servicios de una empresa privada para facilitar el acceso de mayores dependientes a una residencia. Lo hace a través de un convenio de colaboración que el consistorio que dirige José Luis Martínez Almeida suscribió en pleno verano con la compañía Pensium SL, acuerdo en virtud del cual la institución se compromete a difundir en los centros de servicios sociales el programa sobre el que pivota la actividad de la compañía como una de las alternativas para acceder a un geriátrico. En concreto, la firma ofrece a los mayores cubrir la diferencia entre su pensión y el coste de una plaza residencial a cambio de que los beneficiarios le cedan una vivienda para que la empresa pueda explotarla en forma de alquiler.
El convenio en cuestión fue suscrito por ambas partes la última semana de julio, tal y como figura en los documentos oficiales. De un lado, el delegado del área de gobierno de Familias, José Aniorte. De otro, Miguel Perdiguer, consejero delegado de la compañía. "Los objetivos generales del convenio son, por un lado, informar a las personas mayores en situación de dependencia (grado II, III o con diagnóstico equivalente) sobre este programa, con el fin de facilitar su acceso a una plaza residencial privada, así como ampliar la oferta de viviendas en régimen de alquiler de la ciudad de Madrid", anunciaba entonces el consistorio de la capital a través de una nota de prensa.
A través de este acuerdo, el consistorio se compromete a incluir el denominado programa Pensium entre las alternativas de acceso a los recursos residenciales sobre las que los centros de servicios sociales pueden informar a las personas mayores dependientes de la ciudad. En definitiva, a utilizar a trabajadores públicos para dar a conocer los servicios que ofrece la firma. Es más, entre las obligaciones que el convenio fija para el propio ayuntamiento se encuentra la de "facilitar las sesiones informativas" del proyecto dirigidas a los profesionales de los servicios sociales municipales, algo de lo que se encarga la propia compañía.
La firma, además de instruir, también se compromete a orientar y asesorar a los mayores que les sean derivados, informar de la evolución de todos estos casos, participar en las acciones de difusión del programa, facilitar elementos explicativos del mismo –ya sean flyers o guías– o aportar "los recursos humanos y técnicos" para el desarrollo del proyecto. En principio, y si nada se tuerce, el acuerdo se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2022, si bien existe la posibilidad de prorrogarlo durante cuatro años más. Y, aseguran los documentos oficiales, no comporta gasto alguno con cargo a los presupuestos municipales: "La entidad dispondrá de sus propios recursos para la gestión de este proyecto".
"Se van a beneficiar Pensium y las residencias privadas"
Un convenio contra el que han cargado con dureza desde Más Madrid. "Están llevando la mercantilización de los servicios públicos hasta un extremo que yo no había visto nunca", se ha quejado este martes la concejala Mar Barberán en la Comisión de Familias. Para el principal partido de la oposición, lo que hace el equipo de gobierno municipal con este acuerdo no es más que poner a trabajar a los empleados públicos como "agentes comerciales" de una empresa privada que se "va a lucrar" a "costa" de los mayores. "Se va a beneficiar Pensium y la residencia privada en la que terminen", ha aseverado la edil de Más Madrid, que ha afeado que el consistorio centre sus esfuerzos en esto y no en conseguir que se aumente el número de plazas públicas.
El director general de Mayores, Juan Carlos Pérez, ha rechazado que la firma genere ninguna "tarea añadida" a los profesionales de servicios sociales. "La decisión de la información que se ofrece a las personas mayores es a criterio del trabajador social, sin que la existencia de este convenio la condicione", ha querido dejar claro el responsable público. No obstante, desde el equipo de gobierno han asegurado que se hará un seguimiento "férreo" de cómo está funcionando el acuerdo, que pone a disposición de los mayores dependientes de la capital un producto que califican de "singular" o "innovador".
Fuentes del consistorio pulsadas por este diario recalcan que la institución "no está promocionando ningún servicio". "Esta opción es una de las que se les explica para que, en el caso de que se ajuste a sus necesidades, puedan plantearse libremente si contratarla o no", sostienen esas mismas fuentes, que recuerdan que hay mayores dependientes que pueden tirarse "meses o años" esperando a que se les reconozca la dependencia y se les asigne una plaza residencial pública. A cierre de 2021, más de un millar de personas se encontraban en la Comunidad de Madrid en lista de espera para poder acceder a un centro de la red pública, según los datos del Ejecutivo regional.
–"¿Con qué otras empresas se han firmado convenios de colaboración similares en materia de servicios sociales para que el ayuntamiento ofrezca sus servicios o soluciones?", preguntó este diario.
–"No hay otro caso similar, el convenio se suscribió siguiendo el ejemplo de Barcelona, que lo tenía con anterioridad", respondieron esas mismas fuentes.
Financiación a cambio de alquilar una vivienda
¿Y qué es lo que se ofrece a través del denominado Programa Pensium? Básicamente, financiación para que aquel que lo necesite pueda pagarse una residencia poniendo su vivienda a disposición de la compañía. "Consiste en facilitar recursos económicos a las personas mayores que están en situación de dependencia (reconocida II ó III o con diagnóstico equivalente), de forma que se completan los ingresos de la pensión pública hasta cubrir los costes de una plaza residencial. Los beneficiarios deben disponer de un piso que aportan al Programa y que ceden a Pensium que lo explota en forma de alquiler", se recoge en uno de los anexos del convenio suscrito.
Como "habitualmente", continúa el documento, el añadido del alquiler a la pensión no es suficiente para afrontar el coste –en la Comunidad de Madrid el precio medio de una residencia privada ronda los 1.900 euros–, "el Programa Pensium avanza periódicamente los recursos necesarios con un máximo de diez años". ¿Y qué sucede cuando finaliza ese periodo o cuando la persona beneficiaria fallece o consigue acceso a una plaza pública antes de que termine ese plazo? Pues que la empresa "mantiene el piso en alquiler hasta cancelar el importe" que se haya ido anticipando de forma periódica.
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Por supuesto, la firma obtiene beneficios por ofrecer este servicio. Por lo general, el coste de la administración inmobiliaria es del 5% de los "rendimientos brutos que produzca la finca cedida en arrendamiento". Y en concepto de "honorarios de gestión", recoge el anexo, "se imputará un importe equivalente a la renta mensual a percibir por la formalización de cada contrato de arrendamiento que se realice". Sin embargo, el convenio suscrito establece que en los casos derivados por el Ayuntamiento de Madrid se aplicará a ambos conceptos una rebaja del 10%.
¿Y qué beneficio saca el consistorio de la capital del acuerdo suscrito? "Lo que nos mueve es la necesidad de que los usuarios de servicios sociales conozcan todas las alternativas de las que pueden disponer", se limitan a decir las fuentes consultadas en el ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida.
Nacida hace varios años de la mano de dos exdirectivos de banca, Pensium, que con su propuesta también busca incrementar el parque de vivienda de alquiler, cuenta ya con el respaldo de importantes compañías. Según informan en su propia página web, forman parte del capital de esta start-up las mutualidades de médicos y de la abogacía o el Sabadell. No es el único banco interesado. También colaboran con la firma Abanca, Kutxabank o Cajasur, además de otras compañías como Sanitas o algunos de los gigantes del sector de las residencias: Amavir, DomusVi o Colisée.
