Amnistía y Manuel Rico denuncian el archivo "sistemático" de denuncias por muertes en residencias

Amnistía Internacional y el abogado y periodista cofundador de infoLibre Manuel Rico, autor del libro Vergüenza. El escándalo de las residencias, han denunciado el archivo "sistemático" de denuncias de familiares por el fallecimiento de sus mayores en residencias durante la pandemia, y han pedido que se "investigue" lo sucedido.

Según ha precisado Rico, más de 20.000 personas mayores murieron en residencias de España durante los dos primeros meses de la pandemia de covid-19, más de la mitad de ellas, casi 12.000, sin atención hospitalaria, ha recogido Europa Press.

Muchos familiares han presentado querellas por las condiciones en las que fallecieron sus mayores en estos centros residenciales. Si bien, Rico ha denunciado una "pasividad absoluta" por parte de la Fiscalía, "salvo raras excepciones", ante las denuncias, llegándose a "archivar" los casos "sin investigar nada".

"La función de los fiscales es, cuando hay indicios de delito, investigarlo. Los familiares tienen derecho a que se investigue. Es inadmisible que archiven las denuncias sin una investigación mínima y eso ha ocurrido en España de forma sistemática", ha denunciado este viernes, en un acto online, junto a Beatriz Martos, de Amnistía Internacional, para hablar sobre las personas fallecidas en residencias durante la pandemia.

También se ha referido al caso de una residencia en Tomelloso, donde fallecieron decenas de personas y que fue uno de los pocos lugares donde dio lugar a un procedimiento judicial pero "la fiscal no apareció en todo el procedimiento".

Igualmente, ha lamentado que no se haya abierto una Comisión de la Verdad en el Congreso de los Diputados para investigar lo ocurrido en las residencias durante la pandemia. No obstante, ha celebrado la creación de una Comisión Ciudadana impulsada por Verdad y Justicia y Marea de Residencias, que comenzará a trabajar en junio.

"El fracaso como Estado es absoluto", ha afirmado Rico, aunque ha establecido niveles de responsabilidad, situando en el primer nivel a los gobiernos autonómicos y a la Fiscalía.

En concreto, ha tachado de "salvajada" los llamados "protocolos de la vergüenza" que impedían la derivación de mayores desde las residencias a los hospitales en el peor momento de la pandemia y que supusieron en comunidades como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla y León, "una grave violación de derechos humanos".

Según ha precisado Rico, "obviamente", ante una situación de "medicina de guerra", hay que establecer "triajes" pero, en estos casos, ha denunciado que lo que se hizo fue "un triaje por código postal". "Si alguien vivía en una residencia y tenía un deterioro cognitivo alto o iba en silla de ruedas, no podía ser derivado", ha concretado.

También ha reprochado que no se utilizaran "alternativas" como, por ejemplo, en Madrid, donde se abrió un hospital de campaña en IFEMA pero al cual no se derivó a los casos más graves de las residencias de mayores.

"En las seis semanas que estuvo abierto fallecieron más de 5.000 mayores en residencias. El número exacto de residentes que llevaron al IFEMA a ser tratados es cero. Llevaron a 33 personas de residencias que tenían síntomas, pero de los más de 5.000 que fallecieron en esas seis semanas, a cero. Ni Isabel Díaz Ayuso, ni el consejero, Escudero, ni nadie del gobierno autonómico ha explicado todavía a quién se le ocurrió crear un hospital de campaña y no llevar ahí a los únicos enfermos que lo necesitaban claramente", ha manifestado Rico.

También ha achacado al Gobierno central su parte de responsabilidad "por omisión" ya que, a su juicio, tendrían que haber dado a las residencias la misma importancia que a los hospitales. Si bien, ha dicho que es "completamente falso" que el entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, fuera "el responsable" porque "las CCAA nunca perdieron la responsabilidad en la gestión".

Rico ha indicado que en la sociedad se instaló "la teoría del tsunami que desbordó a todos" pero ha avisado de que esto no exime a los políticos de su responsabilidad para contar con unos "edificios sólidos" para que cuando llegue el tsunami haya menos víctimas. "¿En qué situación estaban las residencias en España?", se ha preguntado.

En este contexto, Amnistía Internacional lanzó una recogida de firmas para pedir a los grupos políticos del Congreso y a la Fiscalía General del Estado "una adecuada investigación de lo sucedido" en las residencias. Por el momento, ya han recogido más de 85.000 apoyos.

La Fiscalía asegura que no ha dejado de actuar sobre las muertes en residencias de mayores durante la pandemia

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha asegurado que no ha dejado de actuar en relación a las muertes de personas mayores en residencias durante la pandemia.

Según informó la FGE en un comunicado tras la reunión del pasado 1 de febrero de 2023, donde se reunieron varias organizaciones de representantes de los familiares de los afectados, García Ortiz —el Fiscal General del Estado— facilitó a los representantes de estas organizaciones la información remitida por las distintas fiscalías a raíz del Oficio que el Fiscal General dirigió en octubre de 2022 a todos los Fiscales Superiores; y les detalló el trabajo que la Fiscalía General ha realizado desde que comenzó la pandemia en relación con las residencias y centros de personas mayores.

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Tal y como explicó en aquel momento, el grueso las investigaciones se encontraba en fase judicial, ya que la mayor parte de las diligencias abiertas por las diferentes fiscalías —más de 400— se incoaron durante 2020 y la primera mitad de 2021 y concluyeron antes de 2022. Su conclusión, según indicó, se debe a la interposición de denuncia o querella, o por remisión al órgano judicial al constatarse que los hechos estaban ya judicializados, por acumulación a otras diligencias abiertas o por no haber podido acreditarse la comisión de un hecho delictivo.

En el oficio remitido en octubre de 2022, el Fiscal General instaba a los Fiscales Superiores a adoptar las medidas oportunas para que las víctimas o sus familiares sean oídos en las diligencias de investigación y procedimientos judiciales por fallecimientos en residencias. Además, pedía que los fiscales tengan una actuación particularmente proactiva en estos casos e interesen la toma de declaración de las víctimas o sus familiares, en especial cuando no estén personados en el procedimiento, si no ha sido acordada de oficio por el órgano judicial.

Según explican, en cumplimiento de este oficio, el Ministerio Fiscal está solicitando la audiencia de los familiares en todos los procedimientos judiciales en que no se hubiera acordado de oficio esta diligencia, incluso en las diligencias ya archivadas si los familiares lo solicitan.