Transparencia

Andalucía y Madrid son las únicas comunidades cuyas presidentas muestran su declaración de IRPF

La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, en un acto institucional el pasado 2 de junio de 2015 en Sevilla.

La transparencia de las instituciones públicas se ha erigido en los últimos años como una preocupación de importancia capital, y las diferentes instituciones estatales y autonómicas han respondido a ello poniendo en marcha diferentes mecanismos para ofrecer información a los ciudadanos sobre la gestión pública. Pero no todos los dirigentes se han comprometido de igual manera con esta cuestión, ya que de las 17 comunidades autónomas sólo Madrid y Andalucía hacen públicas las declaraciones de IRPF del último ejercicio de sus presidentas.

Las elecciones autonómicas celebradas el pasado mes de mayo dieron como resultado que en muchos de los nuevos gobiernos se pusiera la transparencia como una de las prioridades. En autonomías como la Comunidad Valenciana o Baleares, los nuevos gobiernos han creado consejerías dedicadas específicamente a esta cuestión, mientras que presidentes como Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) decretaron que sus nuevos consejeros expusieran públicamente su patrimonio y renta ante el Pleno de las Cortes regionales nada más tomar posesión de su cargo.

A pesar de ello, la información relativa a la riqueza y los ingresos de los dirigentes a la que pueden acceder los ciudadanos varía sustancialmente entre una comunidad y otra. Los documentos de los presidentes que publican las administraciones pueden incluir su declaración de actividades –para comprobar posibles incompatibilidades–, la de bienes, una prueba del pago del IRPF e incluso una nómina. Pero no todos los mandatarios se muestran igual de transparentes: mientras que en Baleares o Canarias, por ejemplo, los ciudadanos pueden acceder al patrimonio de sus presidentes con datos actualizados a 2015, los dirigentes de Castilla y León no ponen ningún dato en internet.

Declaraciones de IRPF sin publicidad

La únicas comunidades que, hoy por hoy, publican una declaración de IRPF actualizada de sus presidentas son Madrid y Andalucía. La dirigente madrileña, Cristina Cifuentes, y el resto de consejeros madrileños hicieron público hace unos días tanto su patrimonio como su declaración de la renta relativa al año 2014; por su parte, la página web de transparencia de la Junta de Andalucía recoge tanto la declaración de IRPF de Susana Díaz como la de su marido, así como la del resto de consejeros y sus cónyuges. No obstante, las normas autonómicas no obligan ni a una ni a otra a hacer públicas sus declaraciones de IRPF.

Una obligación que sí existe en Extremadura, donde la ley establece que los altos cargos deben presentar su declaración de IRPF junto a la de las de actividades y bienes ante el registro, que en un plazo de tres meses ha de hacerlos públicos. Sin embargo, no es un caso habitual: en la mayor parte del resto de comunidades, la norma no obliga a hacer público el IRPF y además los presidentes no publican motu proprio esta información. 

No obstante, algunas de las normas autonómicas sí que establecen que los mandatarios deben presentar sus declaraciones ante la Administración, aunque luego no se hagan públicas: es el caso de Castilla y León, donde en 2015 se modificó su ley de incompatibilidades para añadir la necesidad de presentar las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta y también sobre el patrimonio, en su caso. En Castilla-La Mancha, de igual forma, la ley establece que los informes sobre bienes y rentas –de carácter público– irán acompañadas de una copia de la declaración de IRPF, que no obstante, no será pública.

La norma es similar en Cantabria donde la ficha del presidente Miguel Ángel Revilla en la web del parlamento regional indica que el registro de sus declaraciones de IRPF y de patrimonio se encuentra "en tramitación". En el País Vasco, asimismo, el lehendakari Íñigo Urkullu solo está obligado a presentar su declaración de IRPF ante el registro instaurado a tal efecto.

Galicia es un caso más particular. Su ley obliga a que los miembros del Gobierno autonómico depositen su declaración anual de IRPF ante la Administración, pero no a que se publique. No obstante, la página web de la Xunta recoge hasta cuatro declaraciones de IRPF del presidente Alberto Núñez Feijóo: las de 2008, 2009, 2010 y 2011. Pero desde ese año no hay ni un nuevo dato: pese a que Feijóo presumía en 2013 –en plena tormenta por el estallido del caso de los papeles de Bárcenas– de transparencia e incluso instó a otras instituciones y grupos políticos a publicar sus bienes, el mandatario no ha vuelto a ofrecer detalles sobre su renta ni sobre su patrimonio –sólo están colgadas en la web las declaraciones de bienes de los años 2009 y 2012–.

Declaraciones de bienes

Lo que es mucho más común es que las comunidades autónomas pongan a disposición de sus ciudadanos, de una u otra manera, las declaraciones de bienes de sus presidentes. En la página del Parlamento de las Islas Baleares, la nueva presidenta Francina Armengol ha actualizado su declaración de patrimonio, aunque sólo publica sus declaraciones de la renta de 2011 y 2013 –la de 2012 está en su web personal–. Ni el reglamento del Parlamento balear ni la norma autonómica hacen referencia a la necesidad de presentar declaración de IRPF.

El sitio web del Gobierno de Asturias, por su parte, sí que recoge la declaración de bienes de su presidente, Javier Fernández, aunque no la de IRPF –su legislación no dice nada al respecto–. El documento no especifica la fecha en la que fue cumplimentado, aunque sí indica que el dirigente autonómico debía 276.724 euros de un préstamo a principios de diciembre de 2014, por lo que se entiende que la información data de entonces. Fernández también publica su nómina de febrero de 2015, que muestra que como presidente –ocupa el cargo desde 2012– su salario neto es de 3.253 euros mensuales.

Sólo otras dos comunidades recogen copias de la nómina de sus presidentes, aunque ninguna de ellas actual: son Cataluña y Galicia, y en ambas autonomías la información es del año 2012. No obstante, casi todas las páginas web autonómicas detallan la retribución anual de sus dirigentes, tanto del máximo mandatario como de los consejeros: en esa situación se encuentran, por ejemplo, el País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana o Aragón.

En Cataluña, la web de la Generalitat tiene un apartado en el que se detallan la retribución y el patrimonio de Artur Mas, mientras que para consultar los bienes del presidente canario, Fernando Clavijo, hay que ir a los espacios web de sus parlamento. Lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana y Extremadura, donde las publicaciones oficiales de sus cortes autonómicas ofrecen documentación a este respecto de todos los diputados.

Estas declaraciones de bienes están actualizadas a 2015, al igual que la de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hizo pública la suya antes de las elecciones junto al resto de candidatos que se presentaron a los comicios, tal y como marca la ley de la comunidad. En cualquier caso, todos los candidatos del PSOE pusieron a disposición de los ciudadanos sus declaraciones de bienes en la web del partido durante la campaña electoral.

Algunas comunidades no se han actualizado

No obstante, existen varias excepciones a esta norma, y en algunas de las autonomías sí se presenta la declaración de patrimonio pero la documentación no está actualizada. No es posible, por ejemplo, encontrar en internet una declaración actualizada de los bienes de Pedro Antonio Sánchez o Juan Vicente Herrera, presidentes de la Región de Murcia y Castilla y León, respectivamente. No obstante, el portal de transparencia de esta última comunidad mantiene un espacio en el que, según se indica, se publicarán próximamente las declaraciones de bienes de todo el Gobierno.

En cuanto a Navarra, su página web dedicada a la transparencia ofrece la posibilidad de consultar las declaraciones de bienes de todo el Gobierno anterior, presidido por Yolanda Barcina. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo liderado por Uxue Barkos aún no ha hecho públicos sus datos, una situación similar a la que afecta al nuevo equipo de La Rioja: la única declaración disponible –del año 2011– es la del antiguo presidente Pedro Sanz, ya que el nuevo equipo de José Ignacio Ceniceros todavía no ha incluido sus datos.

El Gobierno de Aragón, por su parte, tampoco incluye en su sitio web dedicado a labores de transparencia las declaraciones de bienes de sus gobernantes. Esta ausencia llama la atención dado que el presidente aragonés, Javier Lambán, hizo público su patrimonio durante la campaña electoral en su propia página web personal, aunque el documento está fechado en 2013, cuando el ahora mandatario era alcalde de la localidad de Ejea de los Caballeros. Tal y como hicieron el resto de candidatos socialistas a las elecciones autonómicas, Lambán hizo pública una declaración relativa al año 2014 en la web del partido durante la campaña electoral.

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