Caso Nóos

Anticorrupción planea que Camps y Barberá declaren como testigos en el ‘caso Urdangarin’

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, conversa con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante el debate de política general en Les Corts Valencianes.

La negativa del Tribunal Superior valenciano (TSJCV) a investigar el caso Urdangarin bajo el argumento de que no hay indicios de delito contra Francisco Camps y Rita Barberá puede tener consecuencias inmediatas. Fuentes del caso informaron ayer a infoLibre de que la Fiscalía Anticorrupción planea llamar como testigos al expresidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Valencia para que expliquen su versión de los hechos y a quiénes corresponden las responsabilidades de haber adjudicado a Instituto Nóos convenios a dedo por 3,5 millones de euros. Aunque el ministerio público no tiene aún fecha para la citación de Camps y Barberá, el plan de nuevas declaraciones incluiría, también como testigo, al exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps, hoy diputado al Congreso y en 2004 presidente de la empresa pública que firmó el convenio para que Instituto Nóos celebrase cumbres y eventos de escasa duración y largo precio. En total, 3,5 millones.

En el caso permanecen imputados cinco exaltos cargos de la Generalitat de segundo y tercer nivel. Y el auto de ayer les complica a todos ellos su situación, dado que el TSJCV considera que “indudablemente existen una serie de conductas que claramente puedan revestir los caracteres de delito”.

La ecuación es relativamente simple: si, según el tribunal, hay signos evidentes de delito y no cabe atribuir su comisión ni a la alcaldesa ni al expresident, son los antiguos subordinados de este último y actuales imputados quienes ven cómo el TSJCV ha multiplicado de golpe sus posibilidades de acabar en el banquillo y recibir una condena. Porque si aquellos convenios, "cuyo valor real y utilidad es profundamente discutible" -admite el auto- se llevaron a término con expedientes "que sencillamente se elaboraron con el fin de vestir a posteriori el expediente", alguien tuvo que hacerlo.

El TSJCV basa su exculpación de Camps y Barberá  -difícilmente reversible aunque el tribunal se cura en salud incrustando un "por ahora"-, en que nada indica que protagonizaran algún comportamiento delictivo “de forma personal, directa y voluntaria”. Sobre el papel motriz de Camps en los convenios con Instituto Nóos han declarado varios testigos e imputados, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos

Desde comienzos de 2012, ni el fiscal Pedro Horrach ni el juez José Castro habían accedido a tomar declaración testifical a Camps y Barberá precisamente porque ya atisbaban indicios de delito en su actuación y todo lo que dijeran como testigos podía, por tanto, incriminarlos.

La decisión del TSJCV deja ahora manos libres a los dos principales artífices de la investigación para despejar las incógnitas pendientes sobre lo sucedido en Valencia. En el caso, permanecen a día de hoy como imputados cinco exaltos cargos de la administración valenciana. Entre ellos figura la exdirectora de gestión de la empresa pública Cacsa, que fue justamente quien declaró que se le había ordenado elaborar un informe para dar apariencia de legalidad a los jugosos convenios con Instituto Nóos.

El tribunal valenciano sostiene que, en relación a los convenios, todo lo más que hizo Camps fue tomar “una decisión política”. Si testifica, el juez y el fiscal podrán averiguar cuestiones como cuáles fueron las instrucciones para plasmar en un expediente esa “decisión política” o qué ocurrió realmente en la reunión que Camps y Barberá celebraron en la Zarzuela con Iñaki Urdangarin y su antiguo socio en 2004, meses antes de la firma del primer convenio.

El tribunal minimiza la celebración del encuentro en Zarzuela y califica de “difusos” los indicios que señalan en la dirección de que, celebrado en enero de 2004, ese fue el momento fundacional de una ágil y estrecha relación que se reportó a Iñaki Urdangarin y Diego Torres los ya citados 3,5 millones de euros del erario valenciano.

Pese a ello y pese al detallado relato de hechos enviado por el juez y suscrito por el fiscal, el tribunal sostiene la inexistencia de datos que permitan incriminar al expresident, cuya posición a efectos penales era mucho más comprometida que la de Barberá. Ayer, una fuente de la investigación subrayaba la "verticalidad absoluta" de los Gobiernos valenciano y balear durante los mandatos de Camps y Matas, que sí sigue imputado. "Lo que ordenaban se hacía", resume el interlocutor de infoLibre.

En el escrito -exposición razonada, en su denominiación técnica- donde Castro pidió al TSJCV que investigase a Camps y Barberá, el juez enumeraba los delitos detectados: malversación, prevaricación, malversación, fraude a la Administración y tráfico de influencias. Y subrayaba que la intervención del expresident y la alcaldesa habían sido "decisiva" en favor de Urdangarin y su Instituto Nóos.

Los subordinados, a primer plano

El despliegue argumental en favor de Camps y de Barberá llega a tal punto que el tribunal califica de "decisión política" la de adjudicar a dedo a Instituto Nóos convenios por 3,5 millones de euros

Y si se eligió al yerno del rey, razona el auto fue porque sus "relaciones y repercusión social", así como su vinculación al mundo del deporte le presentaban como  "especialmente indicado" para desarrollar, por ejemplo, los fallidos Juegos Europeos, por los que la Generalitat estaba dispuesto a pagar seis millones a Instituto Nóos aunque finalmente la cifra se quedó en 382.000 euros.  

Es al abordar el convenio de los Juegos cuando el tribunal dispara un misil encubierto contra dos antiguos miembros del Gobierno de Camps: el exvicepresidente Víctor Campos, ya retirado de la política y quien en su declaración judicial como testigo señaló directamente a Camps, y Esteban González Pons, este último miembro de la ejecutiva nacional del PP y quien aseguró, también como testigo, que Urdangarin logró los convenios por su pertenencia a la Familia Real.

 "La idea -dice la resolución- puede que naciera del señor Camps, pero en su desarrollo posterior participan una serie de autoridades y funcionarios, partiendo del propio vicepresidente, señor [Víctor] Campos, que interviene en las negociaciones previas, y firma el convenio junto al señor [Esteban] González Pons, Conseller de Relaciones Institucionales".

Fuentes de la investigación se mostraron ayer especialmente críticas con ese razonamiento, que circunscribe a los autores materiales del convenio -quienes lo firmaron y lo tramitaron- las responsabilidades penales mientras que deja fuera a aquel a quien imputados y testigos han señalado como autor intelectual de la generosa relación de la Generalitat con Instituto Nóos.

Pero es más. Para librar a Camps, el TSJCV despliega una argumentación en la que, en la práctica, justifica los pasos dados por la Generalitat.

En un momento de la resolución, los magistrados del TSJCV llegan a manejar el siguiente razonamiento: “Sin perjuicio de lo que resultara finalmente, si se eligió precisamente al señor Urdangarin, fue por sus relaciones y repercusión social y vinculación con el mundo del deporte, lo que le hacía, al menos aparentemente, como especialmente indicado para el desarrollo de esa tarea”. El auto convierte el dedazo de Camps en “una decisión política más” que luego siguió “su curso administrativo correspondiente”. 

Ese convenio, que garantizaba seis millones a la pretendida ONG de Urdangarin, se firmó en la víspera de la Nochebuena de 2005. Y, desde luego, los dos subordinados de Camps contra lo que dirige el dardo el TSJ valenciano coincidieron en que la autoría intelectual corresponde al expresident. En su declaración ante el juez en calidad de testigo, Víctor Campos declaró sin dudas que el motor de aquel convenio fue Francisco Camps. También Pons señaló al expresidente y admitió sin ambages que la Generalitat benefició a Urdangarin porque era miembro de la Familia Real.

Bazas para Urdangarin

Los razonamientos esenciales del auto favorecen a Camps y Barberá. Pero, también, benefician a Iñaki Urdangarin, cuya defensa siempre ha sostenido, como la de Diego Torres, que nada ilegal hubo en los convenios. No obstante, fuentes del caso consideran que los indicios contra Urdangarin poseen tal envergadura que solo un terremoto podría librarle del banquillo. Célebre en la época de su anterior presidente por cerrar en falso el caso de los trajes contra Camps, del que finalmente salió absuelto en un juicio con jurado, el tribunal valenciano da con este texto bazas a quienes -como Urdangarin y Torres- arguyen que nada ilegal hubo en los convenios ni en el sistema de elegido para su otorgamiento.

Como si fuera una moneda de cambio o retirada de la circulación, el auto de ayer tiene dos caras. Si su cruz muestra que Camps y Barberá difícilmente asumirán responsabilidades por el magnífico negocio que Instituto Nóos hizo en Valencia, la cara se sitúa en Palma. El juez instructor ya no trabajará con la espada de Damocles de una eventual pérdida de competencias. Y podrá, por tanto, tomarse su tiempo antes de decidir sobre la infanta Cristina, en cuyas operaciones económicas y financieras indaga desde que la Audiencia de Palma le levantó la imputación en un auto que, simultánea y paradójicamente, ordenaba al juez investigar si la hija del rey cometió delito fiscal y/o blanqueo.

Como adelantó el viernes infoLibre, el juez recibió la semana pasada un informe policial que confirma cómo la empresa Aizoon, cuya propiedad se reparten al 50% Urdangarin y Cristina de Borbón, pagó tres eventos familiares: la comunión de los dos hijos mayores de la pareja, el nacimiento de la benjamina y la fiesta del 40 cumpleaños del duque de Palma.

Aizoon también pagó a la infanta entre 2006 y 2010 cantidades periódicas e idénticas a las que percibía su marido. Al menos en 2007 y en 2009, esos pagos se correspondían con el alquiler a Aizoon del palacete de Pedralbes. Es decir, los propietarios físicos del inmueble lo alquilaron a la empresa de la que son igualmente propietarios.

Un dilema resuelto

En las últimas semanas, los análisis y pronósticos formulados por fuentes del caso coincidían en el enorme dilema abierto por la decisión del juez Castro de enviar a Valencia lo que se llama una exposición razonada -una solicitud de investigación que afecta a aforados ante un tribunal superior o el Supremo- tras hallar indicios contra Camps y Barberá.

Todas las partes consultadas -entre las que no figuran las defensas de Urdangarin y Torres- coincidían en subrayar que si el TSJCV asumía el caso al completo, el gran beneficiado sería el yerno del rey pero a costa de mantener a los pies del banquillo a Francisco Camps y/o a Rita Barberá, quienes por su condición de diputados gozan de aforamiento ante el alto tribunal valenciano.

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, apoyó la exposición razonada del juez pero introdujo una matización de relieve: pidió que el TSJCV asumiera el conjunto de la investigación y no solo una parte. Lo hizo bajo el argumento de que, dividirla, podría conducir a la paradoja de que los mismos hechos fueran objeto de condena en un juicio y motivo de absolución o archivo en otro. 

Algunas fuentes conocedoras del sumario consideran que la inquietud generada por un eventual traspaso de la instrucción al TSJCV se habría evitado si el juez Castro hubiera pospuesto hasta el final de las investigaciones el envío de su escrito sobre Camps y Barberá.

Pero el entorno del magistrado sostiene que haber actuado así habría dado peligrosas bazas al expresident balear Jaume Matas, imputado por indicios muy parecidos a los que el juez Castro detectó contra Camps aunque más contundentes y abundantes. Matas lleva más de un año quejándose de que recibe un trato distinto al de su antiguo homólogo valenciano, Francisco Camps. 

“Rubalcaba es un hombre con una soga alrededor del cuello”

Auto del TSJ valenciano sobre Camps y Barberá

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