El aplazamiento del juicio a la 'Gürtel' en Valencia garantiza a Rajoy llegar a las generales sin sentencias por corrupción

El aplazamiento, este miércoles, de la pieza valenciana del caso Gürtel sobre los contratos de la feria turística Fitur, el primero tras el del caso de los trajes de Francisco Camps, garantiza al PP una campaña hacia las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo sin el oneroso y diario martilleo sobre las adjudicaciones amañadas –cinco millones de euros aquí, sostiene la Fiscalía–, los sobornos y, en resumen, la corrupción por la que 13 acusados compartirán banquillo en este proceso.

Pero la suspensión de la vista, que en principio debe comenzar ahora el 11 de junio, entrega a Mariano Rajoy una ofrenda aún más sustanciosa: la de llegar a las elecciones generales de fin de año sin que ningún tribunal haya dictado todavía sentencia sobre una trama, la Gürtel, que prosperó siempre supuestamente a la sombra del PP a cambio de sobornos a cargos públicos y financiación ilegal para el partido. Así, y atendiendo a los plazos impuestos por las magnitudes del juicio –nada menos que seis meses y ocho días de duración prevista aunque no haya un solo retraso-, lo confirman las fuentes del caso consultadas por infoLibre.

Dictada por los tres jueces que dirigen la vista bajo la batuta de la propia presidenta del Tribunal Superior (TSJCV), Pilar de la Oliva, la suspensión se produce a instancias de las defensas, cuyo argumento estriba en que no se les facilitó a tiempo un ingente volumen de documentación clave para sus patrocinados.

Incluso si el presidente del Gobierno optase por retrasar a enero de 2016 la convocatoria electoral, lo que a día de hoy parece descartado, solo un milagro de celeridad inédito en la judicatura española invalidaría el escenario de una campaña para las elecciones generales sin losa en formato de sentencia.

La del caso Fitur no es la más importante de las piezas instruidas por el magistrado José Ceres en el Tribunal Superior de Valencia (seis) o por Pablo Ruz en la Audiencia Nacional en torno a la misma y única red Gürtel. Pero, aun así, su dilatado calendario colocaba el final de la vista el día 8 de octubre. Ahora hay que sumar por detrás dos meses y medio como mínimo: los que se pierden por la demora en el inicio de la vista. Y eso conduce a finales de diciembre y presenta como remota la hipótesis de un pronunciamiento del tribunal previo a la celebración de los comicios.

Efecto dominó

Pero hay más. Porque la suspensión del juicio de Valencia impide que se celebre este año la primera vista de la serie que tendrá lugar en la Audiencia Nacional, la de la llamada primera época y en la que el juez Pablo Ruz ha dictado ya apertura de juicio contra 40 procesados.

¿Por qué? Porque tanto Francisco Correa como Pablo Crespo, considerados los máximos responsables de la red corrupta, hacen doblete como acusados en el caso de Fitur y en el de la primera época. Conclusión: hasta que no acabe en Valencia el de la feria de turismo no podrá empezar el siguiente juicio en Madrid, confirman las fuentes jurídicas consultadas.

Muy probablemente, el retraso del juicio valenciano ahora suspendido será aún mayor de lo que anuncia la nueva fecha estipulada para junio. Los expertos sondeados destacan tres factores que abundan en esa dirección: el primero, que el calendario originalmente previsto es ya de por sí muy ajustado y de difícil cumplimiento, como lo demuestra, por ejemplo, que prevea en una misma sesión el interrogatorio de dos pesos pesados del banquillo, Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Francisco Correa en la red Gürtel, y Álvaro Pérez, jefe de la franquicia valenciana de la trama, Orange Market, y “amiguito del alma” de Francisco Camps.

El segundo elemento que refuerza la idea de un retraso más largo es este: los abogados y el tribunal han de pactar ahora un calendario para las nuevas sesiones que no estaban programadas –las que van más allá del 8 de octubre-. Y hacerlo conciliando las necesidades del proceso con los compromisos -verificables e inaplazables, claro- que ya tuviesen los letrados en otras causas.

El tercer y último factor favorable a la hipótesis de una dilación extraordinaria es de muy distinto tenor y de mayor calado político: el abogado de Pablo Crespo ha recusado a uno de los tres miembros del tribunal, Juan Climent, porque en los años ochenta fue secretario general técnico de la Generalitat bajo el mandato del entonces presidente socialista valenciano Joan Lerma.

Sin citar su nombre de forma explícita, el letrado que ejerce la acusación popular en nombre de los socialistas replicó aduciendo que Climent accedió a ese cargo a propuesta de Rafael Blasco, entonces militante del PSPV –el PSOE valenciano- y que hoy, ya condenado a ocho años, se erige en figura emblemática de lo sucedido en el PP.

El abogado de Crespo es Miguel Durán, artífice de la estrategia que ha terminado por dar al traste con el calendario original del juicio. Aunque este diario no logró hablar con Durán este miércoles, su entorno jura y perjura que solo la defensa de su cliente, y en absoluto el beneficio del PP, ha sido y es su guía y meta. Pero lo cierto es que objetivamente beneficia al partido en el Gobierno.

En febrero, Durán pidió la nulidad del juicio y, de forma subsidiaria, su aplazamiento porque a las defensas no se les había facilitado copia de miles de documentos –nueve terabytes- que sí obraban desde el primer momento en poder de la UDEF.

Es decir, obran en poder de la unidad policial anticorrupción que desde el verano de 2008 ha ido destripando en todas las piezas del caso Gürtel la doble contabilidad de la trama, los regalos-soborno, los sobornos-soborno, los contratos públicos adjudicados previo amaño –supuesto- y con sobrecoste –presunto-, las campañas electorales del PP financiadas por empresarios afines gracias a las facturas falsas de la red, los sobresueldos destapados por el extesorero del PP Luis Bárcenas y, por último, la reforma de la sede central del partido, parcial y presuntamente sufragada con dinero de la caja B.

Esa caja opaca que, según Bárcenas, controlaban los secretarios generales del partido y se nutría con donaciones ilegales. Aquellas que, según Hacienda y aun de haber existido, quedaban exentas de tributación como lo estarían si su destinatario hubieran sido Cáritas o Cruz Roja.

Desde que el caso Gürtel estalló en febrero de 2009 con el impulso del luego defenestrado juez Baltasar Garzón, el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) ha intentado minimizarlo –primero, y bajo la presidencia del juez Juan Luis de la Rúa solo accedió a investigar si hubo regalo de trajes–, darle cerrojazo – a ese mismo caso de los trajes– y quitárselo de encima, como ocurrió con la pieza de Fitur en cuanto las dos exconselleras implicadas dejaron sus escaños y perdieron así su aforamiento.

Suspendido el juicio de 'Gürtel' hasta después del 24-M

Ver más

En bandeja de plata

El magistrado instructor de todas las piezas valencianas, José Ceres–uno de los que votó a favor del cerrojazo del caso de los trajes–, se negó, según las defensas, a facilitarles copia de los documentos incautados en los registros a empresas y domicilios privados de los implicados en la trama.

"Nos dijo que el material estaba a nuestra disposición en el TSJCV, o sea, que teníamos que ir allí a estudiar nueve terabytes, que equivale a lo que cabe en 20 ordenadores de gran capacidad", afirmó este miércoles un letrado defensor. El letrado, que pidió no ser citado por su nombre, admitió que la negativa de Ceres ha servido el aplazamiento del juicio a las defensas en bandeja de plata.