La renovación del Tribunal Constitucional

Arnaldo infringió la Ley Orgánica de Universidades al cobrar a la vez de un centro público y otro privado

El catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo Alcubilla, en una imagen de archivo.

infoLibre

El jurista Enrique Arnaldo, candidato del PP al Tribunal Constitucional, infringió la Ley Orgánica de Universidades durante años, según informa El Confidencial. La norma estableció en 2007 que un funcionario docente de un centro público no podía impartir clases en uno privado. Arnaldo, por entonces, era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y llevaba años dando clase en el centro privado Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de una infracción muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo público de entre tres y seis años.

El diario digital explica que la norma dio un plazo de cinco años a los docentes que se encontraran en esta situación de incompatibilidad para que escogieran entre uno u otro puesto. Arnaldo, según la documentación a la que ha tenido acceso el periódico, no lo hizo: siguió vinculado a ambos espacios hasta el curso 2014-15, dando clase en ocho titulaciones de grado y un curso de máster en la Universidad Rey Juan Carlos y en la asignatura Derecho Constitucional II en los estudios del centro privado. 

La norma es clara: "El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a universidades no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo". El jurista, sin embargo, argumenta que obtuvo el permiso de ambos centros y que participó en las actividades de Cardenal Cisneros a través de su bufete de abogados. 

Arnaldo, informa infoLibre, forma parte del Cuerpo de Letrados del Congreso y era administrador solidario hasta hace un año de la firma que con adjudicaciones públicas consiguió casi un millón entre 2003 y 2008, algo incompatible según la ley. Según su versión, los suyos no eran contratos de servicios sino de asistencia jurídica y a esos no les afecta el veto. El jurista se opuso a la ley del aborto pendiente de revisión en el Tribunal Constitucional al que opta. "El estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza", argumentó. 

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