Control del gasto público

Los auditores afines al PP admiten que fue opaca la venta de pisos públicos a un fondo buitre en la etapa de Botella

La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella.

La Cámara de Cuentas de Madrid ha certificado este jueves que el equipo de la alcaldesa Ana Botella cometió un cúmulo de irregularidades en la venta de 1.860 pisos públicos al fondo buitre Blackstone. La forma en que la operación se llevó a cabo, en 2013, destapa "la vulneración de las más elementales reglas de buena gestión y administración de bienes inmuebles y de intereses económicos de los entes públicos", dice el informe. El texto ha sido aprobado de forma unánime por los siete consejeros que integran el pleno del órgano fiscalizador madrileño, cinco de los cuales fueron elegidos para el cargo a propuesta del PP.

El informe, cuya emisión demoraron precisamente esos cinco consejeros bajo el argumento de que la Cámara jamás aprueba nada en periodo electoral ni preelectoral, confirma los agujeros negros que ya un primer borrador desveló en abril.

Propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, las 18 promociones que en total sumaban 1.860 viviendas públicas en régimen de alquiler fueron adjudicadas a dos filiales del fondo buitre Blackstone sin que hubiera tasación pficial previa, ni pliego de condiciones ni "verdadera concurrencia de interesados en la compra" ni "justificación" sobre por qué la sociedad pública pagó 2,4 millones a un intermediario de cuyo trabajo de intermediación no queda rastro salvo "las facturas [pagadas] por dichas intervenciones".

El informe presenta como uno de los puntos más oscuros esos pagos por intermediación, de los que, como desveló infoLibre, se benefició una UTE capitaneada por un antiguo socio y directivo de Aguirre Newman, empresa accionarialmente vinculada a un hermano de Esperanza Aguirre. En total, el equipo de Ana Botella desembolsó cuatro millones durante la recta final de su mandato en concepto de "intermediación inmobiliaria".

El texto definitivo suaviza la redacción original del informe pero da igualmente munición al nuevo equipo de Manuela Carmena y a los socialistas en la comisión que investiga esa macroventa, comisión boicoteada por el PP desde el primer día. Por ejemplo, el párrafo relativo a la "vulneración de las más elementales reglas de buena gestión" figuraba en las conclusiones del borrador. Ahora, no. Pero persiste en un apartado previo del informe, con lo cual mantiene intacta su validez.

Otro ejemplo: en plena era de internet, la mayor empresa municipal española de suelo y vivienda consideró que cumplía los principios de publicidad y concurrencia en la enajenación de suelos e inmuebles "con el anuncio en los tablones de anuncios en las oficinas de la EMVS". De hecho, el informe recalca que, aunque la empresa publicó un anuncio en un periódico en mayo de 2013, en realidad cuatro interesados en la compra de pisos ya habían accedido antes y "de forma privilegiada" a la información necesaria para ir preparando sus ofertas.

Al final, Blackstone se llevó el gato al agua. Dos filiales del fondo buitre, Fidere Vivienda SLU y Fidere Gestión Vivienda SLU, adquirieron por 128,5 millones las 1.860 viviendas más 3.430 garajes y trasteros y 25 locales de negocio.

Pricewaterhouse, juez y parte

En realidad, la EMVS no fijó ningún precio de salida. Solo recabó una "estimación por aproximación al total de los bienes" que carecía "de la condición de informe técnico de valoración". ¿Y quién hizo esa estimación previa sin rango oficial de tasación? La empres PricewaterhouseCoopers, que resultó luego ser asesora" de Blackstone, se lee en el informe.

El informe subraya que la EMVS ni siquiera aplicó sus propias instrucciones internas de adjudicación. Esas instrucciones le habrían obligado a ofrecer la venta de los pisos en primer lugar a sus inquilinos.

La EMVS prefirió regirse por una norma del Gobierno regional que permite la venta en bloque a fondos buitre sin que los arrendatarios tengan derecho preferente de adquisición. Pero lo hizo sin derogar su propio reglamento ni especificar que en este caso la venta quedaría supeditada a la norma autonómica.

Aunque el nuevo gobierno local dejó abierta la puerta al inicio de acciones legales si la Cámara de Cuentas confirmaba la existencia de irregularidades, su posición final constituye una incógnita. Una hipotética denuncia en los tribunales podría derivar en una victoria pírrica: si la operación quedase judicialmente anulada, el consistorio podría verse obligado a devolver a Blackstone los 128,5 millones pagados y a compensar al fondo buitre por daños y perjuicios. Algunos observadores creen más factible llegar hasta el final en el asunto de los pagos por intermediación inmoliaria, que costaron aquí al erario local madrileño 2,4 millones.

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