Comunidad de Madrid

Ayuso busca seducir a Vox con un recorte de consejerías tras batir el récord de altos cargos desde 2008

Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, en el debate electoral de Telemadrid.
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La incontestable victoria de Isabel Díaz Ayuso en los comicios del 4M ha dinamitado el tablero político madrileño en todas las direcciones. Los resultados han provocado, sobre todo, una profunda herida en la izquierda regional, principalmente en el PSOE. Pero también dejan otras lecturas interesantes dentro del bloque de la derecha. Por un lado, la desaparición de Ciudadanos. Y, por otro, la reducción de la capacidad de influencia de Vox, cuyos escaños resultaban decisivos en la pasada legislatura. Con mayor representación parlamentaria en solitario que los tres partidos progresistas juntos, Díaz Ayuso cuenta ahora con mayor margen de maniobra a la hora de gobernar a pesar de no disponer de una mayoría absoluta. Sin embargo, eso no le ha impedido empezar a lanzar ya algunos guiños a la extrema derecha a fin de garantizarse dos años de tranquilidad absoluta. El principal, llevar a cabo una reducción del futuro Ejecutivo. Un adelgazamiento que se producirá tras una primera legislatura caracterizada por el mayor número de altos cargos desde 2008.

La ultraderecha ya dejó claro en la misma noche electoral que pondrá sus escaños a disposición de Díaz Ayuso. Y lo hará, aseguró Santiago Abascal, sin exigir nada a cambio, sin poner como contrapartida una entrada en el futuro Gobierno regional. A pesar de ello, la candidata conservadora no dudó a la mañana siguiente en mantener esa puerta abierta. “He tenido consejeros de Ciudadanos que han merecido la pena, y si los encuentro en Vox, contaré con ellos”, apuntó en una entrevista en esRadio. Fue el primer guiño que Díaz Ayuso hizo a la extrema derecha tras su victoria en las urnas. Al final, más allá de la investidura, la presidenta madrileña es consciente de que para sacar adelante sus proyectos, comenzando por unas cuentas públicas que llevan prorrogadas dos años, tendrá que apoyarse en Vox, ya sea buscando su apoyo o, al menos, su abstención. Algo que, es cierto, tampoco parece extremadamente complicado, teniendo en cuenta que un rechazo de los ultras a sus iniciativas los situaría al lado del bloque progresista.

Un par de horas después, lanzaba un segundo mensaje a los de Abascal. “Tengo claro que voy a reducir un poco el nuevo Gobierno”, dijo en otra entrevista televisiva. La disminución de la estructura del Ejecutivo, que Ayuso ya dejó caer hace algunos meses con la vista puesta en la aprobación de sus primeros presupuestos regionales, es una de las peticiones que Vox lleva haciendo al PP desde el inicio de la pasada legislatura. La dirigente conservadora ya ha dejado claro que su plan pasa por poner en marcha 10 consejerías, frente a las 13 que funcionaron durante su periplo con Ciudadanos. Una cifra que se queda a mitad de camino de la exigida por el partido de extrema derecha. En su folleto electoral, compuesto por solo diez puntos, los de Abascal proponían limitarlo a siete, el mismo número por el que apostó Cristina Cifuentes en 2015 cuando alcanzó la Puerta del Sol con el respaldo externo de la formación naranja.

145 altos cargos

La propuesta de Ayuso de fusionar departamentos a fin de “ajustar” la Administración y reducir “gastos innecesarios”, como planteaba en la Asamblea de Madrid hace justo un año, llega después de una legislatura en la que se han batido todos los récords de altos cargos desde hace más de una década. En julio de 2020, según los últimos datos oficiales de la Consejería de Hacienda y Función Pública recogidos por el Instituto de Estadística regional, la Comunidad de Madrid contaba con un total de 145, de los cuales 119 correspondían a la Administración General, 12 a organismos autónomos y 14 a entes públicos. Es la cifra más alta desde 2008, cuando había 179 altos cargos, un número que fue disminuyendo progresivamente hasta 2015, cuando alcanzó sus niveles más bajos –93–. En julio de 2019, antes de la conformación de un nuevo Gobierno tras las elecciones del 26M, la administración autonómica contaba con un centenar.

La llegada de Ayuso a la Puerta del Sol y la conformación de un Ejecutivo de coalición, el primero de la historia autonómica, se tradujo en un primer momento en 137 puestos de máxima responsabilidad. Se pusieron en marcha direcciones generales de nuevo cuño, como la de Autónomos, Economía Cirular, Transformación Digital, Educación Concertada o Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza. Y también algún comisionado, como el de Bienestar Animal.

“Si analizamos lo que significa en términos de variación económica respecto al final de la legislatura pasada representa un incremento de 2,18 millones de euros al año”, apuntó en octubre de 2019 en la Cámara regional el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. No obstante, aseguró que Madrid era la región con menos altos cargos por habitante. “Uno por cada 52.624 madrileños; mucho menos que Cataluña, 1 por cada 45.000. Y no le digo nada en Extremadura, que hay 1 alto cargo por cada 17.000 habitantes. O en Navarra. ¡En Navarra lo que es difícil es no ser alto cargo, porque hay 1 por cada 9.000 habitantes”, aseveró.

Reducción de diputados para la que no le dan los números

Pero un recorte en el número de consejerías no es la única exigencia de la extrema derecha para adelgazar eso que califican como “sector público institucional”. Otra pasa por “reducir a la mitad el número de diputados” en la Asamblea de Madrid, lo que significaría pasar de los 136 escaños que habrá tras los comicios del 4M a unos 68. El pasado mes de julio, ese planteamiento ya fue rechazado categóricamente por el portavoz del PP en la Cámara regional, Alfonso Serrano. “La presencia de Vox y su voto es más útil que tener esas iniciativas. Si jugamos a eso es denigrar la política y a quienes tenemos el honor de representar a los madrileños”, apuntó el parlamentario conservador al ser preguntado. Unos meses más tarde, en febrero de este año, la Mesa de la Asamblea, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, tumbó una proposición de ley del partido ultra en esta misma línea. Lo hizo alegando que la petición de un cambio de esta dimensión, que requiere meter mano al Estatuto de Autonomía, tiene que ser presentada por un tercio de los diputados.

A pesar de las duras palabras de Serrano, el encargado de dirigir la campaña de Ayuso, el PP ha terminado incluyendo en su programa una propuesta para recortar el número de parlamentarios, un proyecto que en su día ya puso sobre la mesa Cifuentes. Esta medida no estaba incluida en la primera versión del documento electoral, sino que se añadió en una segunda difundida justo al final de la campaña. Y contempla una disminución de 35 escaños, dejando la Cámara regional con 101 diputados. Para ello, es necesario llevar a cabo una reforma del Estatuto de Autonomía que, con los resultados del 4M en la mano, parece inviable. ¿Por qué? Porque requiere del voto a favor de dos tercios de la Cámara, es decir, 91 diputados. Entre PP y Vox suman 78, por lo que sería necesario un respaldo a la iniciativa también desde el bloque de la izquierda. En el caso de que prosperase, luego tendría que recibir el visto bueno de las Cortes Generales mediante ley orgánica.

Menor porcentaje de asalariados en el sector público

La extrema derecha se hizo un hueco en el panorama político nacional sin esconder su deseo de pegar un tijeretazo al sector público. “Por la parte del gasto, le vamos a meter un mazazo a la Administración de 24.000 millones”, decía el vicepresidente de Vox, Víctor González, en una entrevista con Abc a dos semanas del 28A. Antes de aquella cita con las urnas, el partido ultra hizo público un documento económico, titulado Bienestar para todos, en el que planteaba, además de la eliminación de altos cargos y empleo no funcionarial, la recuperación de una tasa de reposición no superior al 50%. “Habrá algunas administraciones del Estado donde se renovarán menos y en otras, más”, explicaba González. Aquel texto también ponía el foco en las comunidades autónomas: “Ajuste en la plantilla pública y la necesidad de no contratar a más personas, de hecho habría que despedir en comunidades que han aumentado fuertemente el empleo público en el último año”.

Madrid es una de las regiones con menor porcentaje de asalariados en el sector público: un 19,2% en 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sólo tres regiones tienen una proporción inferior respecto al total de empleados: Cataluña (15,8%), Comunitat Valenciana (17,8%) y Baleares (19%). A comienzos del año pasado, según las últimas cifras recogidas por el Instituto de Estadística madrileño, la Administración autonómica tenía en nómina a 161.756 trabajadores. La última vez que superó la barrera de los 160.000 fue en 2010. Desde entonces, comenzó una caída libre que se prolongó hasta 2015, cuando alcanzó un mínimo de 149.220, y que vino seguida de una recuperación progresiva: 150.587 en 2016, algo más de 155.000 en 2017 y 2018 y 158.259 en 2019.

La extrema derecha tampoco ha dudado en poner sobre la mesa a nivel autonómico la posibilidad de restructurar y privatizar empresas públicas. “Análisis de la explotación privada a través de concesiones administrativas en casos como empresas de gestión del agua, metro, televisiones autonómicas”, señalaba en su programa para las autonómicas del 26M. La apuesta por el sector privado para determinados servicios ha sido norma en la región durante las últimas décadas. Se ha hecho con el rastreo de contagios, que el pasado verano se encargó a Quirón después de la lluvia de críticas por la falta de rastreadores en la comunidad autónoma. O con la vacunación, para lo que se firmó un acuerdo con Cruz Roja por valor de 805.000 euros y medio año de duración. O con la retransmisión de los actos del pasado 2 de mayo, que se encargó a una compañía privada en detrimento de Telemadrid, que llevaba dando ese servicio en las últimas tres décadas.

De hecho, lo privado va comiendo cada vez más terreno a lo público en el gasto autonómico. A comienzos de enero, por ejemplo, un informe elaborado por Audita Sanidad en colaboración con el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) señalaba que el 49,2% del presupuesto sanitario en 2018 –unos 4.100 millones de euros– fue a parar a “medios privados”, lo que supuso un aumento del 15,6% respecto al ejercicio anterior.

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