El caso del exconselleiro gallego acusado de agresión sexual vuelve al juzgado de violencia sobre la mujer
El caso Villares se inició formalmente cuando se presentó el pasado enero la denuncia contra quien desde el pasado miércoles es exconselleiro do Mar en el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol. Este juzgado, con competencias en violencia contra la mujer en la ciudad gallega, investigó desde el primer momento un presunto delito contra la libertad sexual, que ahora se dispone a reanudar.
La dimisión de Alfonso Villares como miembro de la Xunta de Alfonso Rueda implicó la pérdida de su aforamiento, lo que —tal y como establece el Estatuto de Autonomía— había obligado inicialmente al juzgado de origen a abstenerse en favor de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Solo el TSXG podía citar a Villares como investigado —la antigua imputación— y fue entonces cuando el Gobierno gallego decidió, con su propia dimisión, revelar a la opinión pública un caso que, al menos, el presidente conocía desde febrero.
Según la versión oficial, Villares —un dirigente muy cercano política y personalmente al presidente— informó a Rueda de la causa en la que estaba involucrado tras acceder a responder a un interrogatorio de la Policía Nacional en Ferrol, en un contexto en el que reiteró su "inocencia". Ese es el cuerpo policial ante el que fue denunciado tras unos hechos ocurridos durante los últimos días de 2024, según fuentes conocedoras de la investigación, en el domicilio ferrolano de la denunciante, con la que mantenía una relación desde hacía poco tiempo antes.
La circunstancia de que los hechos denunciados como agresión sexual ocurrieran en un espacio privado, según especifican las fuentes consultadas por Praza.gal, añade complejidad a la investigación y, por consiguiente, importancia a las pruebas de la instrucción judicial. Tanto a las ya manejadas como algunas aún pendientes e igualmente clave. Estas pruebas incluyen la intervención de profesionales de la medicina forense e implican análisis químicos y la búsqueda de muestras biológicas de la denunciante y del denunciado, según pudo confirmar este diario.
La investigación también tuvo acceso a pruebas audiovisuales tomadas por terceros en las horas posteriores a lo que la denunciante señala como un delito contra su libertad sexual. Esta información puede complementar el testimonio de la mujer, descrito por fuentes conocedoras de su contenido como veraz y especialmente exhaustivo, además de centrarse en la convicción de haber sido sometida a prácticas sexuales contra su voluntad.
Pero ese testimonio también tiene algunas lagunas en la memoria, según evidenció la denunciante. Tras los hechos, la mujer solicitó ayuda a personas próximas que se trasladaron a la vivienda y la encontraron, además de visiblemente afectada, con signos de desorientación, según confirman las fuentes consultadas. Aclarar la causa de esas lagunas y los hechos atribuibles al exconselleiro durante los mismos se revelan como esencial para la labor del jueza instructora en la devolución del caso a Ferrol, momento procesal en el que la mujer planea ratificar su denuncia a pesar de haber recibido presiones de su entorno para que no lo haga, aseguran.
La Xunta y el PP ven “inocente” a Villares en la denuncia por agresión sexual, que conocen desde febrero
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Ante este delicado contexto judicial, en ámbitos de la judicatura no fue bien recibido el tratamiento que la denuncia ha recibido en los últimos días por parte del Gobierno gallego y su área de influencia política. Tanto por la exigencia pública de celeridad para la exculpación y el rápido retorno de Alfonso Villares a la "vida pública" por parte de Rueda y otros cargos relevantes del PP, como por la creciente convicción de que el entorno del PP contribuyó a la filtración del nombre de la denunciante, quien se vio especialmente afectada en este sentido. Por esta última cuestión, los dos grupos de la actual oposición parlamentaria, BNG y PSOE, han exigido explicaciones en los últimos días.
En este contexto, otras fuentes conocedoras tanto del caso como del entorno judicial en el que se está esclareciendo reiteran un doble llamamiento a la prudencia que contradice parte de los relatos surgidos tras la dimisión de Villares. La vuelta del caso al juzgado de violencia contra la mujer de Ferrol no equivale, en absoluto, a un cierre seguro, insisten también estas fuentes, que valoran la capacidad de la instructora para obviar las presiones que pudiesen existir y basar en las pruebas el eventual procesamiento de Villares o el sobreseimiento de un caso con obvias repercusiones políticas y sociales.
A medida que avance la instrucción, advierten las fuentes consultadas, también se espera que surjan detalles que sugieran usos, por parte del exconselleiro, de recursos oficiales de la Xunta que pueden resultar política e incluso éticamente reprochables. Pero ajenos, especifican, a cualquier tipo penal.
