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El futuro de Cataluña

Todas las causas judiciales relacionadas con el 'procés'

El líder de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart (i)  y el de Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez.

El pulso independentista en Cataluña tiene una relevante deriva judicial con dirigentes de entidades sociales encarcelados de forma provisional e incondicional, miembros destituidos del Govern y del Parlament investigados por varios delitos, alcaldes llamados a declarar por ceder locales para la celebración del 1-O y funcionarios en el punto de mira. A estas causas hay que sumar las investigaciones por las cargas policiales durante el 1-O así como la supuesta inacción de los mossos durante esa jornada, entre otros casos. 

Además, la Fiscalía General del Estado presentará este lunes dos querellas contra los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña y del Govern por un delito de rebelión tras la declaración unilateral de independencia. Además del delito de rebelión, se están investigando otras calificaciones como la sedición o la malversación.

infoLibre detalla a continuación qué procedimientos hay abiertos en diferentes instancias judiciales en relación al procés soberanista: 

La preparación del 1-O 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene abiertas dos causas por la organización del referéndum del 1-O y el proceso independentista: una, contra el president Carles Puigdemont y su Govern, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación; y la otra, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros independentistas de la Mesa de esa cámara, por desobediencia y prevaricación. 

A estas causas se acumuló el pasado 11 de octubre la querella presentada por el partido de extrema derecha Vox contra el Govern y contra la Mesa de la cámara autonómica por seis delitos: desobediencia, prevaricación y malversación –que son los que ya investiga el TSJC– y, además, usurpación de funciones, sedición y conspiración para la rebelión. No obstante, en el auto de admisión a trámite el magistrado ponente, José Francisco Valls Gombau, no se pronuncia sobre esos delitos en particular y decide la acumulación con el argumento de que se trata de "los mismos hechos" o, en todo caso, "hechos conexos".

La querella contra el president y los miembros del Govern corre a cargo de la magistrada Mercedes Armas, que investigaba desde mayo por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación a la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y al exsecretario general de su Departamento Francesc Esteve por licitar la compra de urnas para el referéndum tras una denuncia de la Fiscalía. La instrucción de los hechos en los que son investigados la presidenta del Parlament y cuatro miembros de la Mesa corre a cargo de la magistrada M. Eugènia Alegret. 

Por otro lado, la organización de la consulta también está siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona,Juan Antonio Ramírez Sunyer, que indaga desde hace meses la creación de "estructuras de Estado" y la organización de esa consulta por parte de la Generalitat. En el marco de esta investigación, los agentes de la Guardia Civil detuvieron el pasado 20 de septiembre a 14 personas, incluidos altos cargos del Govern, que llevaban meses trabajando en la logística de la votación. Este juez investiga, entre otros hechos, si la Generalitat ha gastado 6,2 millones de euros en organizar la consulta. Esta causa parte de una denuncia que el exdirector general de la ONCE y abogado Miguel Durán interpuso contra el juez y exsenador de ERC Santiago Vidal. Vox se sumó después a la acusación. 

Según informó elnacional.cat, los imputados en este causa son el número dos de Oriol Junqueras en Vicepresidencia y en la conselleria de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové; la directora de servicios de este departamento, Natàlia Garriga; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; y el director de Patrimonio de esta secretaría, Francesc Sutrias; David Palanques, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) adscrito al Departamento de Presidencia. 

También están siendo investigados David Franco, del área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adscrito al Departamento de Trabajo; Josué Sallent, director de estrategia e innovación del CTTI; Xavier Puig, jefe del Área TIC del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia;  Joan Manel Gómez, del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya; Joan Ignasi Sànchez, asesor del Departamento de Gobernación; Josep Masoliver, de la Fundación puntCAT; Mercè Martínez, responsable de proyectos territoriales de Vicepresidencia; y Rosa María Rodríguez Curto, directora general de servicio de T-Systems.

Precisamente por, supuestamente, dirigir y alentar movilizaciones para impedir esa operación judicial están encarcelados de forma provisional por un delito de sedición los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. También están siendo investigados por estos mismos hechos en la Audiencia Nacional el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y la intendente Teresa Laplana, responsable de los Mossos en el distrito barcelonés del Eixample, si bien ambos están en libertad. 

También en relación a la investigación del juez Ramírez Sunyer, la titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, investiga si los antidisturbios de la Policía Nacional acudieron a la sede de la CUP el 20 de septiembre sin orden de entrada y registro, tal y como sostiene la formación anticapitalista, que en una denuncia atribuye a este cuerpo policial los delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y otras garantías de la intimidad cometidos por funcionario público, así como de coacciones graves.

Asimismo, el TSJ de Cataluña investiga a los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por un delito de desobediencia por promover entre los alcaldes el referéndum anulado por el Tribunal Constitucional (TC). Esta investigación guarda relación con la instrucción del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de citar como investigados a los 712 alcaldes que firmaron decretos para ceder locales para la celebración de la consulta, con la advertencia de que si no comparecía serían detenidos. 

El día del referéndum 

En relación al día de la celebración de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional una decena de órganos judiciales han abierto investigaciones por las denuncias de particulares que resultaron lesionados en las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona es, de momento, el que acumula más denuncias de este tipo, con 130 perjudicados en total. Es el mismo que investiga una denuncia presentada por la Generalitat contra esas actuaciones y que está centralizando los partes médicos y denuncias que llegan a los diferentes juzgados de guardia de la capital catalana. 

También hay cuatro causas abiertas en juzgados por actuaciones de ciudadanos contra cuerpos policiales. Hay procedimiento abierto por lesiones en un juzgado de Barcelona, otro por desobediencia y lesiones con un detenido al que se dejó en libertad en Rubí (Barcelona), otro por herir a un agente con una silla en un juzgado de Manresa y otro por atentando contra la Guardia Civil en otro órgano judicial de Mataró. El instituto armado aseguró el pasado miércoles que seis personas han sido detenidas por atentado contra agentes de la autoridad tras las cargas policiales del día de la consulta. 

Por otro lado, hay al menos once procedimientos abiertos por desobediencia en otros tantos juzgados de instrucción de toda Cataluña contra los Mossos d'Esquadra por no actuar ante el incumplimiento del mandato del TSJ de Cataluña de evitar la votación del referéndum de independencia. Los jueces han acordado abrir esas las diligencias, en algunos casos, de oficio y, en otros, a raíz de denuncias de particulares. 

Al mismo tiempo, también hay otros ocho juzgados que investigan denuncias de particulares contra la Generalitat por el uso de sus datos personales en la votación y otras dos por impulsar votaciones "ilegales". Por otro lado, un juzgado de Figueres (Girona) ha abierto una investigación a la alcaldesa de Roses (Girona), Montserrat Mindan, del PDeCAT, por el apoyo municipal al referéndum del 1-O, a raíz de la denuncia interpuesta por un particular.

El precedente del 9-N

La jornada de participación del 9 de noviembre de 2014, en la que votaron 2,3 millones de catalanes, también tuvo una respuesta penal en los tribunales. Fueron condenados a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia el expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega; la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau; el exportavoz del Gobierno Francesc Homs y otros cinco altos cargos del Gobierno catalán.

El Tribunal de Cuentas ha exigido a estos exdirigentes y a otros siete cargos que no habían sido condenados penalmente por el 9-N el pago de su bolsillo de los casi 5,3 millones de euros que costó al erario público la organización de esa la consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Por el momento han depositado 2,2 millones de euros provenientes de la llamada "caja de solidaridad" de la entidad soberanista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC). El órgano fiscalizador tiene constancia de que la ANC recibió cuantiosas subvenciones en la etapa de Mas como president, así que investigará si hay conexiones entre esas ayudas públicas y el dinero aportado como fianza. 

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