El censo estatal de víctimas del franquismo se basará en un proyecto pionero que abandonó la Xunta de Feijóo

En el marco de la declaración de 2006 como Ano da Memoria (Año de la Memoria) por el Gobierno de coalición del PSdeG y el BNG, la Xunta apoyó con firmeza los trabajos del proyecto interuniversitario Nomes e Voces (Nombres y Voces). Este apoyo permitió publicar la primera gran investigación sobre las víctimas del golpe y la dictadura en Galicia, que documentó casi cinco mil asesinatos y un total de unos quince mil casos de represión a través del estudio de abundante documentación –desde casos militares a registros civiles– y también cientos de entrevistas con fuentes vivas.

En 2010, apenas un año después de que el PP volviera al Gobierno gallego, el proyecto Nomes e Voces tuvo que cerrar por falta de financiación de la Xunta. Sin embargo, todo su trabajo siguió accesible y su legado perduró a través del grupo de investigación Histagra, que dirige el profesor Lourenzo Fernández Prieto. Con todo el bagaje de ese proyecto, Histagra viene desarrollando múltiples investigaciones, liderando las búsquedas en fosas en el marco del Plan Cuatrienal de Memoria Democrática y ahora también será responsable de elaborar el Censo Estatal de Víctimas del golpe y la dictadura.

En el marco de este Plan Cuatrienal, el Gobierno de España facilita fondos para investigaciones y exhumaciones a las comunidades autónomas. En el caso de Galicia, la Xunta decidió transferir esta financiación estatal a Histagra, impidiendo a cualquier miembro del Gobierno gallego comparecer públicamente en cualquier fase del proceso, desde la firma de los convenios correspondientes hasta los trabajos sobre el terreno. Al finalizar el Plan, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya había anunciado su intención de encargar a Histagra la elaboración del Censo Estatal, una intención que acaba de hacerse oficial en el Boletín Oficial del Estado.

Este 5 de marzo, el BOE informó del acuerdo firmado el pasado mes de febrero por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, para encargar al grupo Histagra la "elaboración de un censo estatal de víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura para el periodo 1936-1939“. Además, el grupo gallego realizará una "propuesta metodológica preliminar para la ampliación temporal del censo al periodo 1940-1942". En ambos casos, los trabajos se centrarán "en la investigación de las víctimas con resultado de muerte, excluyendo a los combatientes".

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El propio convenio explicita que una de las claves para elegir Histagra es el trabajo previo en Nomes e Voces. No en vano, uno de los compromisos asumidos por la USC es el de “poner a disposición del trabajo todo el conocimiento y experiencia acumulados” por el grupo de investigación “a través de la puesta en marcha del proyecto Nomes e Voces”. Sobre esa base, trabajarán para registrar en una aplicación informática denominada Dédalo, que actuará como base de datos centralizada de las víctimas, todos los datos recogidos en "registros civiles, archivos militares y otros censos de todo el Estado".

El trabajo realizado entre 2006 y 2009 en Galicia supone que, dentro de ese proyecto general, la comunidad se incluya entre los "territorios con censos a priori completos" que sólo "requieren un trabajo básico de comprobación, contraste y depuración por tipo de defunción y fecha". En este bloque se incluyen, además de Galicia, los censos ya existentes en Asturias, Euskadi, Navarra, Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha.

El coste de este proyecto supera los 490.000 euros, de los que el Gobierno español aporta 425.800 en tres pagos anuales, de 2025 a 2027. Los 64.000 restantes corren a cargo de la USC para el mismo periodo. Desde el fin del Gobierno de coalición PSdeG-BNG y el fin de las ayudas comprometidas en el proyecto Nomes e Voces, la Xunta no ha realizado ninguna aportación financiera en el ámbito de la memoria histórica más allá de la transferencia de fondos del Estado, que canaliza a través de la partida presupuestaria destinada a actividades culturales por falta de una específicamente destinada a este ámbito.