Corrupción política

La certeza de que Correa busca canjear confesiones inéditas por penas más bajas domina el arranque del macrojuicio de 'Gürtel'

Francisco Correa, este martes durante el juicio de la 'trama Gürtel'.

La entrada en escena de Francisco Correa en el primer día del macrojuicio Gürtel con un nuevo abogado que renunció a plantear las denominadas cuestiones previas, aquellas con que los acusados suelen buscar en el primer instante la anulación o el torpedeo de un juicio, fue este martes el signo decisivo. El signo de que, ahora sí, Correa se ha declarado dispuesto a canjear con la Fiscalía confesión de culpa y revelaciones inéditas por penas que le mantengan menos años en prisión. ¿Cabe marcha atrás? Cabe. Pero todas las fuentes consultadas ven remota esa posibilidad. 

Anticorrupción pide para él 125 años de cárcel. Pero si, además de desembolsar los 2,2 millones cuyo desbloqueo en Suiza solicitó la semana pasada, el principal acusado en este proceso permite que la Fiscalía amarre las pruebas actuales con nuevos datos y le facilita otros hasta ahora desconocidos, esos 125 años teóricos podrían convertirse en nueve o diez años de prisión efectiva, sostienen algunos juristas. 

Y no –agregan algunas de las fuentes sondeadas– porque Anticorrupción planee modificar sus conclusiones sobre los delitos que cometió el considerado jefe de la red corrupta sino porque se abriría la puerta a la aplicación de dos atenuantes esenciales, colaboración con la justicia y reparación del daño: el económico.

Finalizada la jornada, en ese diagnóstico coincidieron por la noche distintas fuentes consultadas por este diario y que representan intereses contrapuestos en esta vista con 37 acusados que suman peticiones de más de 360 años de prisión. "Su abogado se ha pasado todos los recesos hablando con las dos fiscales", ilustró un letrado. Preguntados por este diario, otros dos lo ratificaron. Y secundaron la convicción del primero sobre el viraje que Correa ha imprimido a su rumbo.

En el juicio hay tres acusaciones populares. Si fructifica un pacto de Correa con la Fiscalía, solo será viable si las tres lo aceptan. Las tres acusaciones –que se mueven directa o indirectamente en la órbita del PSOE– guardan silencio. Pero su trayectoria desde que el caso estalló en febrero de 2009 indica que ninguna de ellas boicoteará las decisiones que adopten las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicolás.

Por la tarde, durante la formulación de sus cuestiones previas, fue otro abogado, el de Bárcenas, quien llegó a hacer públicas sus sospechas de que la Fiscalía está cerrando acuerdos con distintos acusados y pidió al tribunal que lo aclare. Por la mañana, una persona que conoce bien a Álvaro Pérez, conocido en el argot del caso como El Bigotes y que se arriesga a cinco años de cárcel, ya había expresado en privado el enfado de este al enterarse de que Correa "lleva tiempo hablando por su cuenta con la Fiscalía". Y esta vez, subrayan quienes aseguran conocer ese episodio, la conversación ha ido en serio.

¿Acusará a quienes no están en el banquillo?

¿Qué se espera que haga Correa cuando sea llamado a declarar el lunes o el martes de la próxima semana? Que confiese datos inéditos sobre los delitos que se le atribuyen pero, también, sobre la mecánica que seguía la red corrupta y quienes la amparaban. ¿Significa eso que involucrará a políticos del PP que no se sientan en el banquillo? Esa es una de las grandes incógnitas.

Antes de que Correa declare se habrán sometido a interrogatorio tres acusados para los que el ministerio público solicita penas inferiores a seis años y con los que parece muy cerca el cierre de un acuerdo. Uno de ellos es Jacobo Gordon, exsocio del yerno de José María Aznar. Si esos acuerdos se materializan y a renglón seguido Correa pone en práctica lo que se conoce como tirar de la manta, los restantes acusados "recibirán un mensaje claro", apunta una fuente jurídica.

De momento, eso es un futurible. Pero si algo quedó este martes fuera del terreno de la duda es que tras casi ocho años de feroz batalla contra las grabaciones obtenidas en la cárcel por orden de Baltasar Garzón y que le costaron su expulsión de la carrera judicial, Correa las ha dado ahora por buenas. En esa batalla persistió en el arranque del juicio la mayoría de los procesados. Entre ellos, el presunto lugarteniente de Correa y exdirigente del PP gallego, Pablo Crespo. Su abogado –Miguel Durán– se mantuvo en el que hasta ahora venía siendo el guión común de los acusados, incluido Correa: vapulear a Anticorrupción, desprestigiar la instrucción judicial y utilizar todos los resortes legales al alcance para dinamitar o demorar al menos el avance del caso.

Fue Correa quien abandonó esa línea común, el signo más poderoso de su cambio de posición tras los dos gestos de la semana pasada: pedir el ya citado desbloqueo de cuentas suizas para "reparar el daño" devolviendo dos millones y su negativa a adherirse a la recusación planteada por su antiguo lugarteniente, Pablo Crespo, contra uno de los tres miembros del tribunal, José Ricardo de Prada, el único de signo progresista. Y así, tras casi ocho años, también, de pelea jurídica contra la documentación aportada por Suiza y que permitió tirar del hilo en la marabunta internacional de la trama, el hombre que organizó congresos del PP, el mismo cuya red obtuvo cientos de contratos públicos amañados y sobornó a múltiples cargos de ese mismo partido, el don Vito de la Gürtel validaba con la ausencia de cuestiones previas las investigaciones al frente de las cuales se sucedieron cuatro jueces.

¿Ha conseguido ya algo con la Fiscalía?, preguntó por la mañana este diario a una persona del círculo de Correa. "No", fue la respuesta. Al final de la tarde, y cuando ya la convicción de que habrá acuerdo se había instalado en los puntales de la vista, la misma pregunta fue planteada a la misma persona. Y esta vez, la respuesta fue un interrogante: "¿Tú crees?"

Quién es quién en el juicio de la primera época de la 'Gürtel'

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