Igualdad

Ciudadanos recupera el debate de la custodia compartida tras prometer una ley nacional para blindarla

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

A poco más de tres semanas de las elecciones generales, los partidos siguen perfilando sus promesas. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, apuesta por recuperar el debate de la custodia compartida a través de una propuesta: la creación de una ley nacional de custodia compartida. Así lo ha señalado este miércoles el presidente del partido naranja: "Vamos a poner en marcha la ley de custodia compartida nacional, porque la custodia compartida es un derecho y porque es igualdad".

Se trata de una apuesta que la formación viene defendiendo durante sus intervenciones públicas de las últimas semanas. El pasado 24 de marzo, Rivera aseguraba que se trata de una ley que su partido ya ha presentado pero que "no se ha podido debatir por el fin de la legislatura". Y añadía: "Es una ley que vamos a presentar como proyecto del Gobierno en los primeros cien días".

En octubre de 2018, el equipo de Albert Rivera registraba en la Cámara Baja una proposición de ley de impulso a la guardia y custodia compartida de los menores en los casos de ruptura de la convivencia de los progenitores. El texto, que se apoya esencialmente en el derecho superior del menor, se inclina por "facilitar la corresponsabilidad de los progenitores cuando existan casos de separación, nulidad o divorcio", dando prioridad a la fórmula compartida en lo relativo a la custodia. La proposición de ley incluye una modificación del Código Civil para que esta modalidad de guarda y custodia sea la "más deseable", de manera que "el juez decidirá, de manera preferente y en atención al interés superior del menor, que su guarda y custodia sea ejercida de forma conjunta por ambos progenitores, siempre que no concurran causas debidamente justificadas que aconsejen lo contrario, y con independencia de la existencia o no de acuerdo entre los progenitores". Ciudadanos descarta, en su propuesta, los casos en los que los progenitores "estén incursos en proceso penal por violencia de género".

Se trata de una iniciativa que en su momento aceleró el debate entre las diferentes opciones políticas. Podemos manifestó que la "ofensiva legislativa" del partido "se fundamenta en falacias que involucran la falsa noción de igualdad abstracta", además de "una idealización de las relaciones familiares aplicadas al supuesto interés superior del menor". Igualmente el PSOE reiteró su oposición a la propuesta. El motivo tenía que ver con el rechazo a "mantener posiciones absolutas". Para los socialistas, se hace necesario atender a cada caso concreto para que prime "el interés superior del menor". Lo ideal, entienden, es que los progenitores acuerden una custodia compartida "siempre y cuando sea lo mejor para las criaturas".

Los conservadores sí comparten, a priori, una posición similar a los de Albert Rivera. En enero del pasado año, el Gobierno del PP ya intentó incluir una ley sobre custodia compartida en el Pacto de Estado por la infancia, precisamente con el objetivo de convertirla en opción prioritaria en los procesos de separación y divorcio. Finalmente aquel planteamiento no salió adelante.

En Aragón, el bloque de izquierda representado por PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, presentó en febrero una proposición de ley para modificar el artículo del Código de Derecho Foral de la comunidad que precisamente estima como opción "preferente" la custodia compartida. La propuesta fue aprobada con el argumento de que la única preferencia debe ser el interés superior del menor. PP y Ciudadanos censuraron la decisión, que asumieron como un retroceso para el marco jurídico de la comunidad.

¿Una ley necesaria?

En el año 2017, el último ejercicio con datos disponibles, el 30,2% de las separaciones concluyeron en custodia compartida. Hace una década el porcentaje era tres veces menor: un 9,7%, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el artículo 92 del Código Civil, esta fórmula debe ser acordada por los progenitores, pero en caso de no alcanzar un consenso los jueces optarían por este régimen de forma "excepcional". En el año 2013, el Tribunal Supremo sí consideró "normal y deseable" la aplicación de la custodia compartida.

Para la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), tanto la custodia compartida como la exclusiva son modelos "perfectamente válidos y amparan el interés y necesidades de los hijos menores, dependiendo del caso concreto". La organización defiende que cada supuesto sea "estudiado y atendido tomando en consideración lo más beneficio para los hijos concretos y la familia concreta". A juicio de los letrados, "lo cierto es que la custodia compartida empieza a generalizarse, y eso hace que empecemos a normalizar entre los juristas y la ciudadanía un sistema de reparto de tiempo igualitario que antes era excepcional y generaba miedo y reticencias".

Si bien el debate sobre la custodia compartida planea cada cierto tiempo sin ser resuelto, la agenda feminista lo ha mirado tradicionalmente con recelo. Charo Carracedo es abogada y activista en el seno de la Comisión 8M de Sevilla. En conversación con infoLibre, se reconoce contraria a lo que denomina custodia compartida impuesta. "No es positiva, ni para los menores ni para las mujeres", afirma. Aunque entiende la letrada que la custodia compartida es "evidentemente la fórmula más lógica", debería ser la opción preferente sólo si ambas partes así lo consideran. No obstante, recalca, "en la mayoría de divorcios se usa la custodia como moneda de cambio para otros asuntos de índole económica", como el uso de la vivienda o la pensión alimentaria.

En ese sentido, Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación Themis Mujeres Juristas, es más partidaria de modificar el artículo 96 del Código Civil, que regula el uso de la vivienda familiar. "La jurisprudencia lo ha suavizado", pero el precepto "dice que el derecho de uso se atribuirá a los hijos y al progenitor que se encargue de su cuidado". El domicilio familiar, considera la jurista, "es un bien importante en una familia", de manera que se podría "abrir ese melón, discutir ese tema sin que se tenga que utilizar a los menores", por ejemplo "analizando si ese derecho se puede limitar".

Lo que Gonzalo sí rechaza frontalmente es que la situación actual requiera una ley que regule la custodia compartida. El Código Civil, señala, ya contempla esa posibilidad y el Tribunal Superior la ha ido reconociendo en los casos en los que no había acuerdo, subraya. Bajo su punto de vista, la custodia compartida "es correcta siempre que sea de mutuo acuerdo", pero admite "recelo" respecto a la impuesta. "Compartir algo contra la voluntad no tiene buen pronóstico", estima. Gonzalo se inclina por la custodia exclusiva, "ya sea para el padre o para la madre", por entender que "ofrece más estabilidad para los menores", acompañada por un "sistema de visitas y estancias amplio".

En todo caso, coincide con la AEAFA, "hay que analizar supuesto por supuesto y ver qué es lo más favorable para los menores en cada caso", siempre en base a unos "buenos informes psicológicos" para que se resuelva "lo que sea más indicado". También cree fundamental, la letrada, que una vez el juez decida una custodia compartida sin acuerdo previo de los progenitores, sería importante una "revisión por parte del gabinete del juzgado", para realizar un seguimiento y comprobar los resultados de su desarrollo.

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