Educación

Coeducación, educación emocional o evitar la discriminación: así prevé la reforma educativa mejorar en igualdad

La ministra de Educación, Isabel Celaá, junto a un grupo de escolares.

El Gobierno prepara los últimos retoques para enviar el anteproyecto de reforma de la Lomce, la ya conocida como Ley Celaá, al Congreso este mes de febrero, previa aprobación en el Consejo de Ministros. En declaraciones recientes, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, se ha detenido en uno de los ejes sobre los que se construye la norma: la igualdad entre niños y niñas. En el grueso de la ley, ha dicho, "está prevista la preocupación del Gobierno por la orientación educativa de las niñas, que sigue teniendo un déficit enorme". "A pesar de que muchos piensen que la igualdad está conseguida, y que incluso se ha pasado de frenada y que hay que volver atrás, los datos son absolutamente claros y lacerantes", explicó Calvo, consciente de que las aulas son uno de los principales retos del movimiento feminista.

Una de las claves de la futura norma, todavía en construcción y por tanto abierta a modificaciones, gira en torno al objetivo de lograr una educación basada en la igualdad de oportunidades. El primero de los problemas que detecta el Ministerio de Educación respecto a la Lomce, de hecho, tiene que ver con la fractura de la equidad y la inclusión educativa. El equipo de Isabel Celaá promete fortalecer y fomentar "la coeducación, la cooperación entre iguales y la educación emocional", además de "reforzar el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos e impulsar, en este terreno, las políticas activas por la igualdad". De esta manera, se eliminará "la referencia a que la educación diferenciada no se considera discriminación por género y se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación".

El pasado martes 8 de enero, el anteproyecto retomó su senda a través de la aprobación de 121 enmiendas presentadas por diversos actores de la comunidad educativa, de las que el Ministerio de Educación ya ha adelantado que al menos estudiará 71. Entre las aportaciones se encuentran cuestiones relacionadas con la igualdad de oportunidades. Una de las enmiendas aprobadas, presentada por CCOO, recalca que "todo el sistema educativo ha de estar impregnado de un enfoque de género, desde el comienzo de la formación del profesorado, pasando por el currículo y los libros de texto, hasta los procesos de enseñanza-aprendizaje y la organización escolar".

En el mismo sentido se expresa UGT a través de otra enmienda, que en este caso apela al principio de coeducación y estima que "el sistema educativo debe favorecer que el alumnado desarrolle plenamente su personalidad y aprenda a compartir la vida en igualdad tanto en el espacio privado y personal como en el público. Por ello, los centros escolares y las aulas son lugares idóneos para educar en las relaciones de respeto, igualdad y responsabilidad". De esta manera, y "considerando que la educación es el primer pilar en la transformación social de actitudes y valores sexistas", apuesta por el "desarrollo de un modelo coeducativo". Las administraciones educativas, remata el sindicato, "han de garantizar una educación coeducativa, no permitiendo la segregación por sexos en centros sostenidos con fondos públicos. Una educación que promueva la igualdad de sexos y una verdadera educación mixta".

Necesidades urgentes

¿De qué situación parte la igualdad en las aulas y cuáles son las urgencias en esta materia? Soledad Andrés, profesora de Ciencias de la Educación en la Universidad de Alcalá, detecta varios frentes abiertos. "Como profesora en una facultad de educación, creo que es necesario incorporar en los planes de estudio asignaturas que contemplen la formación del profesorado en coeducación", observa. Actualmente, dice, ya hay profesoras formadas que tratan de "incorporar el punto de vista de la igualdad en sus materias, elaborando guías en distintas comunidades", como ocurre en Navarra con el Programa Skolae. Este tipo de iniciativas, que a su juicio debieran tener siempre carácter de obligatoriedad, son sin embargo foco de polémica por parte de "la derecha educativa más dura, los ultras que están descontextualizando absolutamente" las propuestas lanzadas en favor de la igualdad.

Ana López Navajas es profesora, investigadora en la Universitat de València y asesora de Coeducación e Igualdad en la Formación del Profesorado para la Generalitat Valenciana. En su opinión, existen diversas cuestiones de urgencia en la esfera educativa. Habla, en primer lugar, de "una adecuación curricular donde se incluyan los referentes femeninos dentro de cada área y cada nivel", algo que estima fácilmente regulable a través de la ley. Por otro lado, critica que exista una "disociación clara entre niñas y tecnología". Según un estudio publicado en enero de 2017 por la Universidad de Nueva York, a la edad de seis años las niñas comienzan a identificar las esferas más sobresalientes o brillantes como ámbitos propios de los hombres, debido a los estereotipos de género. "Lo que nos señala ese artículo es que la edad de intervención para que las niñas se sientan atraídas hacia las ciencias va desde los últimos años de Infantil a los primeros de Primaria", opina López Navajas.

Finalmente cobra especial importancia, sostiene la docente, la cuestión de la "socialización diferencial". La experiencia dicta que "educamos de forma distinta a niños y niñas", de manera que "son distintas nuestras expectativas y así es cómo se traducen las desigualdades en la educación". Es una de las cuestiones que de forma prioritaria urge reparar pero a su vez es "lo más difícil de percibir", reflexiona la profesora. ¿Qué se debe tener en cuenta dentro de la ley para combatir esa socialización deferencial y proporcionar las mismas oportunidades a todo el alumnado?, se pregunta López Navajas, y ella misma responde: es fundamental trabajar en "la corresponsabilidad y el buen trato" desde las edades más tempranas, precisamente "para prevenir esa diferencia".

Pese a parecer una obviedad, las expertas reclaman un requisito básico: cumplir las leyes previas. "Haciendo caso de otras leyes es esencial que se incluya de forma preceptiva la educación emocional sin sesgos de género en Infantil y la sexual en Primaria y Secundaria", apunta López Navajas. La profesora cree que sí existe "mucho interés" en caminar hacia la igualdad, pero critica que no se intervenga "de forma sistemática". Por ello, dice, "debe abordarse desde la ley, porque mueve a todas las instituciones".

Respecto a la segregación en las aulas, Soledad Andrés recuerda que el Tribunal Constitucional avaló en abril de 2018 que los centros educativos que separan a alumnos y alumnas puedan acceder al régimen de conciertos. No obstante, también recuerda que en un voto particular discrepante dos magistrados rechazaban el dictamen porque este tipo de centros "no promueven el valor de la igualdad". En este punto se detiene Andrés, quien explica que los casos de segregación "son muy puntuales pero muy llamativos porque no se sostienen y son pura cuestión ideológica". Al final, estima, los niños en las escuelas aprenden "mucho más que las disciplinas". Los escolares "aprenden a relacionarse, a conocerse", por lo que "aislar a una mitad de la otra mitad es impedir la relación natural, el conocimiento, el contacto, es una aberración". Si la escuela, remata la profesora, "no reproduce la relación natural, la escuela no va a poder enseñar a relacionarse y esa es la clave en el ámbito de la socialización".

La ONG Plan Internacional estima que la reforma de la ley supone una "oportunidad clave de incluir una perspectiva de género real para una educación inclusiva de calidad". Reclama, en ese sentido, que la nueva norma contemple una "educación infantil de calidad con enfoque de género en la que se apliquen metodologías activas y basadas en el juego y que esté destinada a asegurar una transición positiva a la Educación Primaria". Asimismo, defiende paridad entre el profesorado y formación en "enfoque pedagógicos adaptados, no tradicionales y de género". También cree necesaria una formación técnica y digital para la inserción de niñas y jóvenes en el futuro mercado laboral.

El mandato del pacto contra la violencia

La voluntad de hacer de la escuela un espacio rico en igualdad no es una pretensión nueva. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, acordado en septiembre de 2017, dedica sus 23 primeras medidas al sector educativo y las engloba dentro de las acciones encaminadas a prevenir y sensibilizar, piedra angular para la definitiva erradicación de la violencia.

El pacto estatal apela al refuerzo y la ampliación de "los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de forma integral" o incluir en todas las etapas la "prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad".

También habla de designar, en los consejos escolares de los centros educativos, un profesor "responsable de coeducación, encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad y prevengan la violencia". El documento propone asimismo "introducir en el máster obligatorio de acceso al cuerpo de profesores y profesoras de Educación Secundaria, un módulo sobre prevención de la violencia de género en el ámbito escolar" y plantea hacer extensiva esta pretensión a la Educación Infantil o Primaria, a través de una materia específica.

Finalmente, sugiere un "itinerario formativo" en materia de prevención de la violencia y promoción de la igualdad, "homologable y acreditable por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la autoridad competente del Ministerio de Educación".

La octava ley educativa llega al Congreso sin expectativa alguna de consenso pese a la crisis del covid-19

La octava ley educativa llega al Congreso sin expectativa alguna de consenso pese a la crisis del covid-19

Más sobre este tema
stats