El caso Koldo, en el que el Partido Popular cree haber hallado el atajo definitivo para llevar a Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa, fue rápidamente convertido en comisión de investigación en el Senado hace ya un año y medio, en abril de 2024. Los conservadores buscaban utilizar la sede parlamentaria para ampliar todo lo posible la cobertura mediática de la investigación judicial abierta en torno al antiguo asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, que también salpica al exministro José Luis Ábalos y al exnúmero tres de Ferraz, Santos Cerdán. Pero al PP no le basta con eso, quiere que el caso Koldo sea el caso PSOE. Porque, en realidad, lo que buscan es un caso Pedro Sánchez que haga caer al presidente del Gobierno.
Tras meses amagando con convocar a Sánchez a la comisión del Senado, el PP dio el paso el miércoles. Fue el propio Feijóo el que lo anunció desde su escaño en la Cámara Baja durante la sesión de control al Gobierno, en una intervención en la que acusó al socialista de estar "rodeado de corrupción" y en la que concluyó que era "imposible" que Koldo, Ábalos y Cerdán hubieran "delinquido" sin él. "Le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo, está tan pringado como ellos". En su réplica, Sánchez le recomendó leer "la página 28" del informe de la UCO que el PP está esgrimiendo para tratar de probar la financiación ilegal del PSOE para ver que "sus acusaciones son absolutamente falsas": "Elija bien sus batallas señor Feijóo porque para sobrecogedor, el Partido Popular", dijo.
La decisión de llamar a Sánchez fue tomada por el núcleo duro del PP y sorprendió a diputados y senadores, ya que este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, lo había descartado señalando que aún tenían que recabar más información que cercara a Sánchez, pese a que desde hace meses sitúan al socialista como el "número uno" de la trama de corrupción. En esa comparecencia en la sede de Génova tras el comité de dirección, Gamarra anunció la citación a dos gerentes del PSOE ―la actual, Ana María Fuentes, y su predecesor, Mariano Moreno― y a dos secretarias del partido tras el informe de la UCO sobre la situación patrimonial de Ábalos. Ambos se sentarán en el Senado el próximo 23 de octubre.
Fuentes del equipo de Feijóo señalan que la citación se produce cuando hay "información sobre una caja B en Ferraz", en referencia al citado informe, pese a que no menciona en ningún momento la financiación del PSOE —simplemente apunta a un desfase de 500 euros en las facturas que el PSOE le abonó a Ábalos para cubrir dietas— y de que hasta ahora la investigación judicial no ha constatado que exista financiación irregular en el partido. Ello, sin embargo, no ha impedido un aluvión de acusaciones sobre una supuesta financiación ilegal en Ferraz por parte del PP, a los que ha acompañado la derecha mediática, para justificar que, ahora sí, Sánchez vaya a la comisión de investigación del Senado.
La comparecencia de Sánchez, un movimiento "con riesgos" a ojos de algunas voces del PP
Con todo, a nadie se le escapa que este anuncio se produce en un contexto de avance de la extrema derecha, que según algunos sondeos estaría en disposición de arrebatar más de un millón de votantes al principal partido de la oposición. En el PP admiten que esa presión no es fácil de lidiar y algunas voces dudan de la decisión de llevar en este momento a Sánchez al senado, un movimiento que "tiene riesgos", según las fuentes consultadas, porque en el pasado tanto Koldo como Ábalos "salieron más o menos vivos" de esa comisión y no contaban con los resortes que sí tiene Sánchez.
En las comisiones de investigación parlamentarias son los políticos los que fiscalizan a otros políticos y, aunque el formato no es cómodo para el compareciente porque debe hacer frente a las preguntas de cada grupo, hay quien considera en el PP que el presidente del Gobierno podría salir incluso reforzado. En Génova rechazan esa posibilidad y aseguran que se prepararán el cuestionario a conciencia e incluso apuntan a que si Sánchez miente de manera probatoria, el presidente de la Comisión puede elevar la declaración a la Mesa del Senado, y ésta ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.
Sánchez tiene la obligación de acudir pero no de contestar. Un recurso del que hacen uso muchos de los llamados a comparecer. Sin embargo, si decide contestar, tiene la obligación de decir la verdad, al contrario de lo que sucede en un juicio, en el que un acusado sí puede mentir. En algunos casos las comparecencias pueden ser secretas si así lo acuerda la mayoría de la comisión o si su objeto guarda relación con una actuación judicial bajo secreto de sumario, pero no es el caso porque el PP quiere explotar la comisión mediáticamente. En Génova quieren que la declaración sea a finales del mes de octubre, tras los testimonios de Ábalos y Koldo y antes de que arranque el juicio contra el fiscal general del Estado, previsto para el 3 de noviembre.
Sánchez, tras citarlo Feijóo a la comisión del caso Koldo: "Ánimo, Alberto"
La incógnita está ahora en quién será la persona que asuma la responsabilidad de interrogar al jefe del Ejecutivo. La portavoz del PP en la Cámara Alta Alicia García —a la que Feijóo se planteó relevar tras el congreso de julio—, ya se ha autodescartado y ha apuntado a que será alguien que ya forme parte de la comisión de investigación. Aunque en Génova evitan dar nombres concretos, en El Confidencial ya apuntan a algunos como el de Alejo Miranda de Larra, que ya ha protagonizado más de un interrogatorio en la citada comisión al ser el portavoz del PP, y también el de Alfonso Serrano, mano derecha de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Sánchez será el segundo presidente en activo en comparecer en una comisión tras Zapatero en 2004
Sánchez no es el primer presidente del Gobierno de la democracia que comparece en activo en una comisión de investigación en las Cortes. Ya lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, en la comisión sobre los atentados del 11-M, aunque en ese caso fue a petición propia. También se han enfrentado a ese foro tanto José María Aznar como Mariano Rajoy también, pero ya como expresidentes del Gobierno. Lo cierto es que la creación de estas comisiones no es ajena a la lucha partidista, ya que está supeditada a la mayoría parlamentaria, lo que suele beneficiar al partido (o partidos) que formen parte de ella. Una vez creada es la propia mayoría la que controla su funcionamiento y sus eventuales acuerdos, porque la composición de las comisiones se rige por la importancia numérica de los grupos en la Cámara.
Tal y como está recogido en la Constitución y en el reglamento de las Cortes, las comisiones de investigación no tienen por objeto declarar la culpabilidad jurídica de las personas, sino establecer la responsabilidad política, por acción u omisión, al poder público. En algunos supuestos la Carta Magna obliga a la comisión a poner en conocimiento de la Fiscalía "las eventuales conductas ilícitas" de los investigados, aportando los materiales y testimonios obtenidos por el órgano parlamentario. Pero por lo general su función es cumplir con la "pena de telediario", es decir, conseguir acaparar el foco político y mediático del día e incluso de la semana. Y ese es el objetivo de un PP que sabe que no podrá forzar la dimisión de Sánchez.
El caso Koldo, en el que el Partido Popular cree haber hallado el atajo definitivo para llevar a Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa, fue rápidamente convertido en comisión de investigación en el Senado hace ya un año y medio, en abril de 2024. Los conservadores buscaban utilizar la sede parlamentaria para ampliar todo lo posible la cobertura mediática de la investigación judicial abierta en torno al antiguo asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, que también salpica al exministro José Luis Ábalos y al exnúmero tres de Ferraz, Santos Cerdán. Pero al PP no le basta con eso, quiere que el caso Koldo sea el caso PSOE. Porque, en realidad, lo que buscan es un caso Pedro Sánchez que haga caer al presidente del Gobierno.