Las palabras son todavía deliberadamente vagas, en un intento de no condicionar la posibilidad de alcanzar un territorio común que permita un acuerdo. Pero las que Pere Aragonès puso por escrito este domingo en un artículo en el diario La Vanguardia para fijar las condiciones de las que depende que Esquerra Republicana facilite la investidura de Pedro Sánchez encajan con la última propuesta que el Gobierno socialista trasladó a la Generalitat el pasado mes de febrero,propuesta para poner en marcha el prometido diálogo del que depende hallar una solución política al conflicto en Cataluña. Aragonès es el vicepresidente de la Generalitat —ya lo era en febrero— y además es el hombre fuerte de Esquerra en ausencia de Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión como arquitecto del fallido intento de secesión de octubre de 2017.
Las condiciones de Esquerra, validadas este lunes por los militantes republicanos en una votación en la que participó casi el 70% de los afiliados y que se saldó con un respaldo del 94,6%, son cuatro. La primera de ellas es que la negociación se vehiculice a través de un diálogo “de Govern a Gobierno”, entre “los representantes legítimos de los ciudadanos” que no son otros que “los representantes de la mayoría en Cataluña y en España”.
El pasado mes de febrero, el Gobierno de Sánchez trasladó a la Generalitat una propuesta que incluía la creación de “un espacio de diálogo institucional entre el Gobierno central y el Gobierno catalán a través de la Comisión bilateral Estado-Generalitat” con tres propósitos: “hacer un diagnóstico de la evolución del conflicto en Cataluña”, “consolidar los espacios de diálogo institucional existentes” y “hacer propuestas sobre el futuro de las relaciones institucionales entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña”.
La segunda “pata” para la negociación, según la terminología del propio Aragonès, es que el diálogo sea “sin condiciones. Que cada cual exponga sus legítimas aspiraciones y propuestas. Sin cortapisas”.
La propuesta que el Gobierno remitió a la Generalitat —y que entonces el Govern rechazó porque no incluía una referencia expresa a la inclusión en el temario del derecho a la autodeterminación— proponía, en síntesis, lo mismo que ahora propone Esquerra: que “cada una de las partes” pudiese remitir “las propuestas que considere en sus respectivos espacios, dando respuesta a la relación que se propone entre Cataluña y el resto de España”.
En este terreno, ERC ya ha dejado claro que quiere plantear “el ejercicio del derecho a la autodeterminación como reconocimiento y solución al sentir mayoritario del pueblo catalán”, además de una amnistía “para acabar con la causa general contra el independentismo y devolver el conflicto a la política de donde nunca debería haber salido”.
La propuesta que el Gobierno lleva más de un año dfendiendo también es bien conocida: una ampliación del autogobierno de Cataluña desde una perspectiva federal. Pero sin derecho a decidir, ni nada que se salga de la Constitución, tal y como también figura en el acuerdo con Unidas Podemos.
La tercera condición de ERC es que el diálogo se dote de “un calendario claro. No queremos que se juegue con el tiempo ni la paciencia. La primera visibilización debería ser posible cuanto antes, quizá antes de la investidura como gesto inequívoco de compromiso. Que se evidencie que los dos gobiernos vuelven a estar sentados enfrente pero no enfrentados. Sentados y hablando”.
No parece que ese vaya a ser tampoco un problema insalvable para el Gobierno. De hecho, la propuesta de febrero ya fijaba los plazos más inmediatos: “Antes de finalizar el presente mes de febrero, se definirá la fecha de constitución de la mesa de partidos, el programa y el calendario de trabajo. Asimismo, en ese mismo plazo se elegirá a la persona encargada de facilitar los trabajos de la mesa”, la que posteriormente se dio a conocer con el título oficioso de “relator”.
La cuarta “pata”, según la síntesis que adelantó Aragonès el domingo, sería que existiesen “garantías de cumplimiento”. Y, entre ellas, una que consista en “someter a la validación del pueblo catalán aquello que seamos capaces de pactar”, lo que es una forma de de pedir que cualquier acuerdo, sea el que sea, se someta a referéndum.
Tampoco esta propuesta se aleja en lo sustancial de lo que ha defendido Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en el último año. El líder del PSOE considera una anomalía que el Estatuto de Autonomía de Cataluña sea el único de los vigentes en las 17 comunidades que no ha sido aprobado en referéndum por sus ciudadanos: el Tribunal Constitucional anuló en su día varios artículos después de que hubiese sido sometido a las urnas.
Para Sánchez, la única salida viable es buscar a largo plazo un acuerdo dentro de la ley que incluya a la mayoría de la sociedad catalana —el presidente ha llegado a hablar, en alguna ocasión, del 75-80% de los ciudadanos— mediante una nueva fórmula de autogobierno y una reforma de la Constitución que obtengan el apoyo —en referéndum— tanto de los catalanes como de los españoles.
El papel de Junts
La paradoja es que la propuesta de Esquerra para buscar una solución a través de una mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern no cuenta con el aval de Junts per Catalunya, el partido del president Quim Torra. Junts ya ha advertido a los republicanos que “ninguna solución será completa si no están todos sus actores” y más teniendo en cuenta que la suya es la formación a la que pertenece el president de la Generalitat.
La realidad es que, aunque hay espacio para buscar un acuerdo entre el PSOE y Esquerra que facilite la investidura de Sánchez, la distancia entre los postulados de los socialistas y las exigencias de Junts es, hoy por hoy, insalvable. La antigua Convergència reivindica que el Gobierno reconozca como interlocutor no solo a Torra sino al expresident Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, así como la inclusión de la figura de un relator internacional, algo que Sánchez siempre ha rechazado.
La independencia de Cataluña se colocó como cuarto problema de España tras la sentencia del TS, según el CIS
Estas condiciones fueron anunciadas por la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, después de una reunión en el Parlament en la que participaron Torra, miembros del Govern y el propio Puigdemont —por videoconferencia—. Antes de dialogar, proclamó Borràs, el Gobierno debe “reconocer la prisión y el exilio como actores políticos en la negociación, en la figura del vicepresidente Oriol Junqueras y en la figura de Carles Puigdemont”.
La plataforma política de Puigdemont quiere no sólo poder hablar de autodeterminación sino que, anticipando el desenlace de ls conversaciones, exige que cualquier decisión que se tome conduzca a una votación en la que los catalanes decidan su futuro.
Sus votos, a diferencia de los de Esquerra, no son decisivos para la investidura, pero aunque lo fueran el Gobierno no cree posible alcanzar ningún acuerdo con una formación que defiende posiciones tan radicales en materia territorial como las de la CUP.
Las palabras son todavía deliberadamente vagas, en un intento de no condicionar la posibilidad de alcanzar un territorio común que permita un acuerdo. Pero las que Pere Aragonès puso por escrito este domingo en un artículo en el diario La Vanguardia para fijar las condiciones de las que depende que Esquerra Republicana facilite la investidura de Pedro Sánchez encajan con la última propuesta que el Gobierno socialista trasladó a la Generalitat el pasado mes de febrero,propuesta para poner en marcha el prometido diálogo del que depende hallar una solución política al conflicto en Cataluña. Aragonès es el vicepresidente de la Generalitat —ya lo era en febrero— y además es el hombre fuerte de Esquerra en ausencia de Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión como arquitecto del fallido intento de secesión de octubre de 2017.