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Corrupción

La confesión de 10 acusados y el 'aviso' del antiguo número dos de Camps atenazan al PP en el juicio por financiación ilegal

De izquierda a derecha: Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', Pablo Crespo, y Francisco Correa.

"Son ustedes extraordinariamente pertinaces". El reproche con que el juez José María Vázquez Honrubia arrancó la intervención donde al término de la sesión fue rechazando uno a uno los alegatos de supuesta indefensión, de supuesta inconcreción de las acusaciones y de supuesto atentado a los derechos fundamentales por las grabaciones a los miembros de la red Gürtel dio este lunes el tono de diapasón del recién abierto juicio sobre la financiación del PP de Valencia. 

Aunque los alegatos de supuesta indefensión, vulneración de derechos fundamentales y prescripción de los delitos imputados sonaron como un dejà vu por su carácter casi idéntico al de los enarbolados por los acusados en los dos juicios previos de Gürtel –el de los contratos de Fitur y el de la denominada Época 1–, esta vez la situación de partida se perfila distinta, y así lo recalcan quienes conocen el caso desde dentro. La diferencia la marca la confesión de 10 de los 20 acusados: nueve contratistas públicos de la Generalitat y el jefe de la trama, Francisco Correa. Porque esas confesiones, que salvo terremoto quedarán ratificadas hoy en la segunda jornada del juicio, atenazan desde el primer minuto al PP: aunque solo sea a efectos políticos y no penales.

Como subrayó ayer en una alocución cargada de mensajes uno de los dos letrados de Ricardo Costa, número dos de Camps en el PP valenciano y el exdirigente político de mayor rango de los cinco que se sientan en el banquillo, en el juicio no solo no figuran como reos quienes controlaban las cuentas a gran escala sino que la organización que preside Mariano Rajoy ni siquiera consta como beneficiario económico de los delitos juzgados. El letrado, Juan Casanueva, no dio nombres. Pero disparó hacia arriba cuando dijo que en el banquillo no están los "supuestos actores principales del delito". Según Anticorrupción, las infracciones penales que se atribuyen en esta causa a los antiguos cargos del partido en Valencia –delito electoral y falsedad documental– no permiten asignar al PP el rango de partícipe a título lucrativo.

El letrado de Costa calificó de "incomprensible" que el PP no esté "llamado como partícipe a título lucrativo por delito electoral" mientras que a su cliente "se le piden siete años de cárcel y cero euros de responsabilidad civil". En los últimos días, y después de que su defensa reclamase la incorporación a la causa de la declaración prestada por Mariano Rajoy en el primer juicio de Gürtel, estuvo sobre la mesa la posibilidad de que Costa pidiera la comparecencia del presidente. Finalmente no lo ha hecho. 

La defensa del expresidente valenciano Vicente Rambla pidió incorporar como prueba documental la declaración de Rajoy en el juicio de la Época 1. Y fue aquí cuando la acusación popular, ejercida por el PSOE, lanzó un reto: dado que el juez Honrubia ya dijo la semana pasada que no hay por qué testimoniar nada escrito de alguien que puede declarar en persona si una de las partes lo considera esencial, la defensa de Rambla tenía este lunes la opción de reclamar la presencia del jefe del Ejecutivo. La defensa de Rambla no cogió el guante. Y el juez se atuvo a su propia doctrina. En resumen: la declaración prestada por Rajoy en julio no se escuchará ni se leerá.

Casi tres millones y medio de supuesto 'dopaje' en dos años

Con sesiones fijadas hasta abril, el segundo macroproceso del caso arranca así en un escenario muy distinto al del primero, ahora pendiente de sentencia. Porque lo que han reconocido esos 10 acusados en sus respectivas confesiones es su participación de una u otra forma en lo que en términos coloquiales podría definirse como un dopaje político y electoral de gran magnitud: el pago de nada menos que 3.461.982 euros a la filial valenciana de Gürtel, Orange Market, por servicios prestados al PP de esa comunidad en 2007 y 2008.

En su mayoría (2,035 millones) ese dinero "ajeno al circuito legal", que es la locución que emplea la Fiscalía en su escrito de acusación, esos pagos se relacionaban con actos para las elecciones autonómicas, municipales y generales celebradas ese bienio. Entre los eventos cuyo coste satisfizo el PP a la trama Gürtel con cargo a su caja B o mediante facturas falsas giradas a empresarios afines hay algunos cuyo protagonista central fue el propio Rajoy.

Hoy, y salvo viraje imprevisto, esos nueve empresarios confirmarán sus confesiones para afianzar el pacto alcanzado hace un año con la Fiscalía Anticorrupción y ver así sustituidas sus penas de cárcel por el pago de multas.

Pero no solo esos nueve empresarios que pagaron 1,2 millones de euros por facturas falsas destinadas a minorar la deuda del PP han admitido su participación en el mecanismo de dopaje electoral del PP valenciano. También Francisco Correa, jefe de la red que ofrecía esos servicios a la formación conservadora ha terminado por confesar. La defensa de Correa asegura que no hay todavía ningún pacto cerrado con Anticorrupción y que lo que dice su escrito al juez no implica un reconocimiento de delitos sino solo de hechos. 

Pero si, tal como se presumía este lunes, Correa declara hoy y corrobora el contenido del escrito que hace una semana envió al juez Honrubia, Anticorrupción rebajará la petición de penas. Qué harán Pablo Crespo, su antiguo lugarteniente, y Álvaro Pérez, cara visible de la trama en Valencia y antiguo "amiguito del alma" del expresidente Francisco Camps si Correa exhibe lo que los juristas entienden por "total colaboración", eso pertenece todavía al campo de las incógnitas. 

Pero aun reservado a las denominadas cuestiones previas, el salvavidas al que los acusados se aferran en cada juicio en un último intento por lograr que la vista no se celebre o que se eliminen del aparato probatorio aquello que más puede incriminarle, el primer día de juicio visualizó este lunes una brecha en la estrategia de quienes han confesado y quienes lo niegan todo. O los que, llegado el caso pueden estar dispuestos a admitir que hicieron algo o todo de lo que refleja el escrito de acusación de la Fiscalía pero remachando que su comportamiento en ningún caso ha de considerarse delictivo.

Pablo Crespo y las "lentejas" para cobrar del PP

Personas próximas a Pablo Crespo, lugarteniente de Correa en aquel conglomerado empresarial cuya simbiosis con el PP le llevó a adjudicarse cienos de contratos públicos multimillonarios tras la llegada de Aznar a la Moncloa, se formulaban este lunes una pregunta: la de qué cabía hacer toda vez que el cliente –el PP– planteaba el dilema de cobrar en B y mediante facturas falsas o no cobrar. "Y eso es como las lentejas, que o las tomas o las dejas", resumieron esas fuentes acudiendo al proverbio coloquial.

De momento, y como ya ha hecho en los otros dos juicios previos derivados del tronco común de Gürtel –el de Fitur, por el que el también exsecretario general del PP gallego está en prisión al igual que Correa, y el de la denominada Época 1, en espera de sentencia–, el abogado de Crespo, Miguel Durán, no ha dado este lunes ningún signo de que su patrocinado esté dispuesto a colaborar con la Fiscalía.

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Y Javier Vasallo, abogado de Álvaro Pérez, El BigotesEl Bigotes, no solo tampoco ha mostrado ningún gesto que presagie el menor afán de acercamiento a la Fiscalía sino que se ha erigido en portavoz de las protestas de las defensas por la supuesta indefensión en que –dicen– la Fiscalía ha sumido a sus clientes. Vasallo, que en Púnica representa al exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, fue quien con mayor dureza se enfrentó al juez Honrubia por su rechazo a las cuestiones previas.

La jornada también permitió visualizar coincidencias. Por ejemplo, la que llevó tanto a la defensa de Costa como a la de Rambla a invocar el caso Filesa, que hace dos décadas asestó al PSOE un durísimo revés por financiación ilegal. Los dos letrados sacaron a colación Filesa en su intento por convencer al juez de que el escrito de acusación de la Fiscalía es tan inconcreto como el que en 1997 mereció el reproche del Supremo cuando lo presentó el PP en su calidad de acusación popular. El intento, como el de las restantes cuestiones planteadas, fue en vano. Solo una de ellas prosperó. Y partió de las defensas de los empresarios que han confesado y que por la mañana habían escenificado una especie de exigencia y toma de distancias respecto de la Fiscalía para que reconociese oficialmente que el acuerdo de conformidad implica la sustituición de las penas de cárcel serán sustituidas por multas.

Por la tarde, la fiscal Miriam Segura aclaró que, en efecto, el acuerdo prevé lo que dicen las defensas. Y accedió a que esos nueve empresarios declaren hoy. En la sala había un décimo empresario que se había negado a suscribir un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Pero solo el PSOE mantenía la acusación contra él. Por la tarde su letrada anunció que renunciaba a seguir acusándole, el empresario abandonó el banquillo. Su desaparición de la panoplia de acusados elimina de manera objetiva la posibilidad de que su declaración terminase dando bazas inesperadas a las defensas. 

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