El coste de la corrupción

La corrupción sí pasa factura... pero el importe depende de las circunstancias

La plana mayor del PP, en el balcón de las celebraciones electorales de su sede de la calle Génova, en Madrid.

Febrero de 2016. Nueve de los diez concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia son imputados en la investigación del caso Taula por un presunto delito de blanqueo. Posteriormente, su portavoz, Rita Barberá, acepta declarar voluntariamente ante el juez por estos hechos. Apenas un mes antes, en enero, el PP se había convertido en el primer partido imputado en la democracia por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. Sin embargo, el 26 de junio los conservadores celebraron una incontestable victoria en las elecciones con el 33% de los votos, 4,2 puntos por encima de sus resultados de diciembre. 

El fenómeno de la corrupción en España ha vuelto al centro del debate político esta semana después de que Ciudadanos incluyera entre sus condiciones irrenunciables negociar la investidura de Mariano Rajoy cuestiones como la puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Bárcenas, el fin de los aforamientos de los parlamentarios o que sean inmediatamente apartados de sus cargos los diputados o senadores que resulten imputados tras ser implicados en casos de corrupción. 

Precisamente este viernes, dos días después del anuncio de Rivera, el PSOE registró en el Congreso una solicitud de creación de comisión de investigación sobre "las tramas de corrupción y financiación del PP y su cúpula". Podemos reaccionó solicitando que se amplíe a todos los partidos políticos, al igual que el PP, que además consideró "una vergüenza" y una "frivolidad" que los socialistas la registraran en este momento. 

Pero, ¿realmente pasan factura en las urnas los casos de corrupción? A simple vista, algunos resultados electorales podrían hacer pensar que la corrupción en España sale gratis. Expertos consultados por infoLibre afirman que estas prácticas sí afectan a los partidos en sus resultados electorales al mismo nivel que en los países de nuestro entorno, aunque señalan que normalmente la corrupción no provoca cambios de Gobierno, ya que no es el único criterio que valoran los votantes. 

"La corrupción sí que pasa factura a nivel electoral, tiene impacto y hay electores que castigan a los partidos por corruptos, pero es cierto que este castigo no tiene el efecto suficiente como para que se note especialmente", explica Elena Costas, investigadora postdoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Costas, experta en corrupción, señala que las prácticas delictivas que más se pagan se dan en el ámbito local, ya que es más fácil relacionar a un cargo público con la corrupción, si bien señala que el efecto de estas revelaciones rara vez acaba con la pérdida del puesto del alcalde.

La experta hace referencia a su tesis doctoral, Essays on the political economy of local corruption, que incluye datos al respecto. En este sentido, la investigación revela que un escándalo de corrupción a nivel local únicamente produce, de media, una pérdida del 4% de los votos para el corrupto, una cifra que asciende hasta el 9% si el caso tiene la atención continuada de los medios de comunicación y que puede ser de hasta el 14% de los votos si finalmente se judicializa.

"Es cierto que la corrupción se paga en España, pero también es verdad que afecta poco al porcentaje de voto en las elecciones", coincide Víctor Lapuente, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). El experto explica, y también lo hace Costas, que los efectos electorales de la corrupción son más fáciles de medir a nivel local que estatal y también perjudican más al corrupto en la escala municipal, ya que el elector puede vincular más fácilmente la actuación irregular con su responsable, según argumenta la politóloga.

Diferente corrupción, el mismo castigo

Ambos especialistas también coinciden en subrayar que España no tiene especial permisividad con la corrupción, ni tampoco castiga poco los casos en relación a los países de nuestro entorno. "El votante español es igual de intolerante a la corrupción que el votante medio de la UE", sostiene Costas, mientras que Lapuente señala que los estudios demuestran que el castigo electoral a los casos de corrupción en nuestro país es similar al de naciones como Italia o Brasil.

"Si hay algo que caracterice a España con respecto a otros países no es que no castigue la corrupción, sino que nuestra corrupción es poco extensiva pero muy intensiva", declara el especialista, que asegura que pese a que los datos reflejan que el 95% de la población cree que la corrupción es un problema grave, "no tenemos prácticamente experiencia directa" de la misma. "La policía no pide sobornos para quitar una multa, ni el médico pide dinero al ir a la consulta", pone como ejemplo Lapuente.

El experto apunta a la concentración de los casos de corrupción en las altas esferas de la administración como una de las causas de que el castigo a los partidos en las urnas sea poco significativo. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional y catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, coincide: "Si la gente piensa que la corrupción no le afecta directamente, aunque eso no sea cierto, tiende más a disculparla".

"Pero es cierto que los fenómenos continuados de corrupción hacen callo", sostiene gráficamente Lapuente, que hace referencia a las diferentes reacciones que puede tener una sociedad que opine que está enfangada por la corrupción, que van desde la pérdida de interés por el sistema político hasta el cambio radical del sistema de partidos. El politólogo pone el ejemplo de Italia, que a principios de los años noventa se vio sacudida por el escándalo Tangentópoli, un amplio caso de corrupción que afectaba a la financiación de los principales partidos. "Al final, el pensamiento de los italianos fue 'bueno, si todos son corruptos, voy a votar a Berlusconi'", expone el experto.

"Rouba, mas faz"

Costas, por su parte, señala que existe una actitud un tanto "cínica" de los votantes cuando se encuentran ante episodios continuados de corrupción. "Cuando hay mucha corrupción, al final se termina descontando", explica la experta, que no obstante advierte un efecto al que normalmente se le presta poca atención: la corrupción provoca que la participación en los procesos electorales baje. "En municipios muy corruptos, está comprobado que al final hay una bajada de la participación, en parte porque hay muy pocas alternativas para un votante fiel, al que le cuesta mucho cambiar su voto de partido pero que tampoco quiere votar a un partido salpicado por escándalos", señala Costas.

Lizcano coincide en la interpretación de que la multitud de casos de corrupción genera una sensación de hastío entre los votantes que provoca que "generalicen" y no discriminen entre unos y otros partidos. Y está comprobado que, en estas circunstancias, se extiende un razonamiento que Lapuente resume en una frase: "Rouba, mas faz", una expresión en portugués acuñada para referirse a la corrupción brasileña y que puede traducirse como "roba, pero hace cosas". Es decir: en un contexto de corrupción extendida –o en el que la población tiene esa sensación–, termina valorándose por encima del desfalco que la marcha de la administración sea buena, aunque se sospeche que los dirigentes están manchados.

Estos elementos pueden explicar, en parte, por qué subió el PP en porcentaje de voto en las últimas elecciones generales a pesar de que se ha visto involucrado en varios casos de corrupción en los últimos meses. Y es que el votante, explican los expertos, no sólo vota en clave de corrupción, sino que también valora elementos como la marcha de la economía, su propio bienestar personal o su visión ideológica de la sociedad. Lapuente pone un ejemplo: "Si yo soy un jubilado y el PP ha preservado los intereses de los pensionistas o tengo ahorros y el PP ha protegido a los depositantes, al final voy a terminar votándolo".

El experto también apunta que la aparición de noticias sobre corrupción en un sistema de medios de comunicación tan polarizado como el español puede producir precisamente que los votantes más fieles de un partido se encastillen en el mismo. "Si un periódico conservador saca un escándalo de corrupción sobre un partido progresista o al revés, lo que la mayor parte de los votantes tienden a pensar es que lo publica para perjudicarle, porque los medios en España son muy de nicho", especialmente dirigidos cada uno a una parte del espectro ideológico, sostiene Lapuente.

Además, las últimas elecciones han tenido el factor diferencial de haberse celebrado tan sólo seis meses después de las del 20D y tras las negociaciones infructuosas para formar Gobierno, señala Costas. "El 26J no se tiene tan en cuenta la corrupción a la hora de votar como en diciembre", sostiene la experta, que plantea que "el votante pudo primar más la posibilidad de formar Gobierno" después de seis meses de Ejecutivo en funciones.

La aparición de Podemos y Ciudadanos

No obstante, los tres expertos consultados coinciden en que la prueba más clara de que la corrupción pasa factura es la entrada con fuerza de Podemos y Ciudadanos en las instituciones. Pese a que su ascenso puede achacarse también a factores como la crisis económica o el desencanto con los partidos tradicionales, la corrupción también es, según Lizcano, Costas y Lapuente, una de las claves que explica que estas dos formaciones hayan cambiado el sistema de partidos en España.

"Tradicionalmente, en España había muy pocas alternativas para un votante fiel" a un partido, insiste Costas. Esta deficiencia es la que han venido a subsanar Podemos y Ciudadanos, que se presentan como esta "alternativa posible" a los dos grandes partidos tradicionales que un votante puede escoger si quiere "castigar" a PP y a PSOE y, a la vez, ejercer un voto útil, fundamentalmente en las provincias menos representadas. "En los territorios en los que ha habido mucha corrupción, las nuevas alternativas tienen mejores resultados", argumenta Costas.

"Se puede decir que la crisis económica magnifica la crítica a la corrupción", plantea por su parte Lapuente, que coincide con Costas en que la corrupción es una de las causas principales del ascenso de Podemos y Ciudadanos y señala que la renovación del sistema de partidos a causa de este fenómeno no es exclusivo de España. "En Europa del este, los partidos aparecen y desaparecen con mucha frecuencia por esto mismo", explica el experto, que plantea una reflexión: "Si todos los partidos en España acaban corruptos, igual el problema no es suyo, sino del diseño de las instituciones", que fundamentalmente a escala local concentran mucho poder en muy pocas manos y permiten "hacer rico a un empresario de la noche a la mañana".

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