Presupuestos Generales Estado

El diputado canario socio del PSOE se perfila como la clave para los primeros Presupuestos de Rajoy en minoría

Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, en una imagen de archivo.

Ibon Uría

Rajoy está más cerca de que le salgan las cuentas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La última buena noticia para el presidente del Gobierno y el PP fue la decisión del PNV, este viernes, de no presentar una enmienda a la totalidad. Los nacionalistas aún no se han comprometido a votar a favor de las cuentas, pero ven posibilidades de acuerdo. Si los cinco diputados vascos se decantan por el , Rajoy habrá logrado alinear a 175 diputados: los 137 del PP, los 32 de Ciudadanos, los del PNV y la diputada de CC Ana Oramas. Sólo le faltará uno. ¿Y quién podría ser el diputado 176? Todas las miradas se dirigen hacia Pedro Quevedo, de Nueva Canarias.

La tramitación de los Presupuestos es compleja. En una primera fase, el miércoles y jueves de la semana que viene, se debatirán en el Congreso las enmiendas a la totalidad. La aprobación de esas enmiendas –hay siete presentadas, de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias, y se votarán en bloque– supondría el rechazo del proyecto y su devolución al Gobierno, que tendría que comenzar de cero la elaboración de las cuentas. Para salvar este trámite el Ejecutivo necesita 175 votos, y confía en que Ciudadanos (32), PNV (5) –que aún no se ha decidido a votar contra las enmiendas de totalidad– y CC (1) se unan al PP (137). Total: 175.

La importancia del diputado 176 llega en la segunda fase, pues es necesaria la mayoría absoluta de la Cámara para aprobar definitivamente los presupuestos. Ahí ya no valdrían los citados 175 apoyos, sino que hace falta sumar uno más. Y el PP no tiene muchos posibles aliados, pues se da por seguro el rechazo del PSOE –en plena división interna, sin un líder válido y embarcado en unas primarias donde todos los candidatos apuestan por rechazar las cuentas para no desdibujar más al partido–, Unidos Podemos, los independentistas catalanes y EH Bildu. Así que sólo queda Quevedo, que concurrió a las elecciones del 20D y el 26J en coalición con el PSOE.

El texto que firmó este partido nacionalista canario con los socialistas [ver en PDF] no obliga a su único diputado a votar en el mismo sentido que el PSOE. Refleja, de hecho, que la formación insular tiene, por ejemplo, "autonomía" para integrarse en el grupo parlamentario que quiera –está en el mixto–, no habla específicamente de los Presupuestos Generales del Estado y, aunque menciona de la necesidad de que exista "lealtad" y "coordinación" entre los socios, reconoce que estos mantendrán total "autonomía tanto en el debate como en la votación" de las "cuestiones programáticas" que no contempla el pacto preelectoral.

La agenda canaria

Este jueves, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, afirmó que su partido tiene "voluntad de entendimiento" con los conservadores. Rodríguez dijo que a NC no le gustan los "parámetros económicos" de las cuentas diseñadas por Montoro y acusó al Gobierno de "consolidar las políticas de austeridad", pero también reconoció "cambios positivos hacia Canarias". "Si el PP supera las enmiendas a la totalidad, reiteramos nuestra voluntad de entendimiento (...). Entraremos a discutir si ellos quieren en el periodo de enmiendas parciales", agregó.

El partido canario presentó este viernes una enmienda a la totalidad [ver en PDF] que deja entrever cuáles son sus reclamaciones y cuál su posición de cara a negociar. Entre las demandas figura que termine la "discriminación" en la financiación a las islas, que los ingresos que recibe Canarias por el Régimen Económico Fiscal no le impidan acceder al Fondo de Competitividad, y más fondos para materias como la lucha contra el desempleo y el mantenimiento los servicios públicos. Es la llamada "agenda canaria". Finalmente, NC une la cuestión de los presupuestos a la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y a una reforma electoral "para mejorar" el "sistema democrático" insular.

La formación recuerda que está "ideológicamente alejada del PP", pero admite que "las nuevas mayorías políticas que se pueden formar en el Congreso de los Diputados" le permiten "influir" sobre las cuentas y hacer que "el PP venga obligado a modificar los aspectos más negativos". "En este contexto, NC se compromete a tratar de influir en favor de los intereses de nuestra tierra, maltratados sistemáticamente la pasada legislatura", añade el documento.

Negociación con el PNV

Con los nacionalistas vascos, la otra pieza clave para conseguir que se aprueben los Presupuestos, el PP avanza en la negociación. Según indicó este viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se está trabajando "intensamente" en cuestiones como la revisión quinquenal del cupo, esto es, la cantidad que Euskadi paga al Estado por la financiación de las competencias no transferidas –como Defensa y Asuntos Exteriores–, o de infraestructuras tales como puertos y aeropuertos, aunque insistió en que la renovación de esta ley no es la "condición política" del PNV para dar su visto bueno a las cuentas.

El portavoz del grupo vasco en la Cámara baja, Aitor Esteban, señaló por su parte que el papel de Rajoy en las próximas horas puede ser "decisivo". Según fuentes de la negociación, el presidente del Gobierno ha intervenido esta pasada semana vía telefónica en las conversaciones entre el Ejecutivo y el PNV. Esteban agregó que hay "determinados asuntos" importantes que deben "madurarse", aunque no concretó cuáles y se limitó a mencionar que tienen contenido económico, político y administrativo, pero destacó en todo caso que "la capacidad de llegar a un acuerdo es mayor" ahora porque "hay directrices claras" por parte del Gobierno "de que eso pueda ser así". 

Entre las cuestiones que los nacionalistas han planteado en las últimas semanas como posibles contrapartidas a su voto favorable figuran asuntos como la aceleración de la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Euskadi –que acumula numerosos retrasos sobre los planes originales–, el acceso del AVE a las tres capitales vascas, la retirada de recursos judiciales del Estado contra la oferta de empleo público en la Ertzaintza –la policía autonómica vasca–. También ha estado sobre la mesa la posibilidad de que el Estado ceda a Euskadi las competencias en prisiones y en materia de Seguridad Social.

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