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El Gobierno busca fórmulas para garantizar que la enmienda de ERC no afecte a la lucha contra la corrupción

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Un doble talón de Aquiles en el discurso del PSOE contra la corrupción

Besteiro y Sánchez, en una imagen de archivo.

Ibon Uría

Los investigados –antes imputados– han vuelto a convertirse en arma arrojadiza. En las últimas semanas el PP ha respondido a las críticas por los casos de corrupción en sus filas atacando y, ante las peticiones de dimision de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, los conservadores han insistido en que la corrupción es un mal que afecta a todas las formaciones y han señalado a dos socialistas: el secretario general del PSOE gallego, José Manuel Gómez Besteiro, y el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.

El partido de Sánchez pactó con Ciudadanos "no incorporar a las listas electorales ni proceder al nombramiento de altos cargos" de "personas investigadas a iniciativa del Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción que impliquen enriquecimiento". Esa cláusula impediría a Besteiro cumplir su deseo de ser candidato en las elecciones autonómicas gallegas de otoño salvo que deje de estar investigado antes de esa fecha, según indicó a este diario un portavoz oficial de Ferraz. La federación socialista gallega, en cambio, asegura que "nada le impide presentarse", porque la denuncia parte "de una empresa constructora y no de la Fiscalía".

Fuentes socialistas niegan a preguntas de infoLibre que ese pacto con los de Rivera se haya diseñado "a medida" para salvar a los dos dirigentes gallegos, Besteira y Caballero. El texto [ver en PDF] establece que PSOE y Ciudadanos "se comprometen a cesar a los actos cargos y pedir el acta a los cargos electos" investigados a petición de la Fiscalía por delitos relacionados con la corrupción, pero sólo si esa situación ocurre "a partir de la fecha" del acuerdo, con lo que no afecta de momento a Besteiro –porque no tiene cargo público en la actualidad– ni a Caballero –investigado desde hace meses–.

Un portavoz del PSOE razona a preguntas de este diario que "las leyes no pueden ser retroactivas" y que, dado que el objetivo del acuerdo con el partido naranja es que se traduzca en legislación que aprobaría un hipotético Ejecutivo liderado por Sánchez, "no tiene sentido" que el pacto bilateral tenga carácter retroactivo. Recuerda además que el código ético del partido establece que los cargos públicos u orgánicos deben informar a la Ejecutiva federal si son imputados y que están obligados a abandonar su cargo si se les abre juicio oral por un procedimiento penal.

Un precandidato en la cuerda floja

Fuentes de Ferraz marcan distancias entre los casos de corrupción en el PP y la situación de Besteiro y Caballero, a los que consideran sometidos a una "maniobra de acoso y derribo". Aseguran que "cuando ha habido alguien a quien expulsar se ha actuado con contundencia" y recuerdan que esta semana dimitió la presidenta del partido en Extremadura tras ser condenada a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público alguno por un delito de prevaricación administrativa. 

Besteiro, líder de los socialistas gallegos, está investigado por cuatro presuntos delitos: prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias. La jueza que instruye la causa sospecha que pudo obtener una rebaja en un piso y una reforma a cambio de dar luz verde a una polémica operación urbanística cuando era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo. A juicio de la magistrada dos son los puntos más oscuros: que Besteiro pagara parte del piso –36.000 euros– en efectivo y que las obras no se abonaran hasta cinco años después.

Pedro Sánchez ha defendido en público al número uno de su partido en Galicia. “Creo en su inocencia”, dijo en diciembre, cuando agregó que la causa no es "comparable" con los casos que afectan al PP. Sin embargo, la imputación puede complicar el futuro político del líder del PSdeG, que quiere ser candidato en las autonómicas gallegas de otoño. Un portavoz de Ferraz admitió a preguntas de este diario que Besteiro "no puede ir en las listas" salvo que "deje de estar investigado". El partido subraya, además, que hoy por hoy Besteiro "no tiene ningún cargo público".

Diferente es la posición del PSdeG, que este domingo aprobará el calendario de primarias para elegir al candidato que peleará por la Presidencia de la Xunta en otoño. Un portavoz de la federación gallega aseguró que a Gómez Besteiró "no hay nada que le impida presentarse, ni en el Código Ético ni en el acuerdo con Ciudadanos". "Presentarse o no es una decisión personal de José Ramón", agregó la federación socialista gallega. El argumento es que el pacto con el partido de Rivera veta únicamente a las investigaciones impulsadas por la Fiscalía, "y En el caso de Besteiro la denuncia parte de una constructora", zanjan.

Caballero, alcalde investigado

Quien sí ocupa un cargo público en la actualidad es Abel Caballero, alcalde de Vigo. Caballero es también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) desde el pasado 19 de septiembre de 2015. Pocos días después de su elección para ese cargo fue imputado –era la denominación que entonces tenían los investigados– en la causa por la operación Patos sobre supuestas irregularidades en contrataciones públicas a cambio de la recepción de regalos. En el caso hay otros 45 investigados por hechos que se remontan a 2009.

En el caso concreto de Caballero, la magistrada considera que pudo recibir una pluma valorada en 1.500 euros en 2009 y un reloj valorado en 1.750 euros un año después. Esos regalos provendrían de la empresa Eiriña, cuyo propietario –Enrique Alonso País– está también investigado y sería el supuesto cerebro de una trama para amañar la adjudicación de contratos públicos en Galicia. Este mismo jueves Alonso País se negó a declarar en sede judicial, como ya hiciera en febrero de 2014 y octubre de 2015.

Caballero, por su parte, ha repetido en numerosas ocasiones que "no" recibió "ningún regalo de la empresa" ni mantuvo "relación alguna" con el empresario. "No hay nada de nada", zanjó el alcalde en noviembre, cuando acudió a declarar a los juzgados de Vigo, donde negó haber recibido al dueño de Eiriña en calidad de alcalde y afirmó que ni siquiera conoce a Alonso País. Un portavoz del PSOE manifiesta a preguntas de este diario que este caso no es "comparable" a las tramas de corrupción del PP y recuerda que, según el alcalde gallego, Caballero "devolvió la pluma y jamás recibió ningún reloj".

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