Residencias de mayores

DomusVi gana el pulso a Ayuso y retiene el control de un geriátrico en el que luego murieron uno de cada cuatro residentes

Entrada de la Residencia Usera, gestionada por DomusVi.

La multinacional DomusVi consigue doblar el brazo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y mantendrá el control de una de las residencias que gestiona en la capital. El expediente sancionador que se abrió hace nueve meses contra el gigante del sector en relación con su geriátrico del barrio madrileño de Usera, en la que desde 2014 acumula sanciones por valor de 101.387 euros, ha terminado cerrándose en falso después de que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid hayan resuelto que no se puede romper la relación con la compañía por subcontratar a enfermeros, un recurso que no se permite en los pliegos. DomusVi es una de las empresas más potentes del sector en nuestro país. Cuenta en España con 138 residencias de mayores y cerca de 20.000 camas, lo que reporta al grupo cerca del 70% de su facturación. Parte del dinero que gana con la gestión de los centros españoles, tal y como desveló este diario, termina en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco donde no se paga impuesto de sociedades, según la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE).

El enfrentamiento con la Comunidad de Madrid se inició a comienzos del pasado mes de febrero, cuando la pandemia ni siquiera había comenzado a cebarse con los centros de la región. En una entrevista en la Cadena Ser, el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anunció que habían decidido rescindir el contrato por el que DomusVi gestionaba una residencia de Usera tras haber detectado que la multinacional, que acumulaba numerosas quejas de trabajadores y familias en ese centro, había recurrido a la subcontratación de personal de atención directa, en concreto de enfermeras, algo no permitían las licitaciones. "Algunos nos pueden acusar de si estamos haciendo una caza de brujas. No vamos contra ninguna empresa, vamos contra prácticas que están prohibidas en el propio pliego", explicó el consejero. Pocos días antes, se había conocido que el Ejecutivo madrileño había iniciado también un procedimiento para poner fin a la relación contractual con Aralia en relación con otros tres centros por el mismo motivo: subcontrataciones para cubrir bajas de personal.

El expediente vinculado a DomusVi se inició, concretamente, el 31 de enero por parte de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, quien formuló propuesta de resolución de la relación contractual, que se inició en el año 2012 y que se prorrogó hasta en cuatro ocasiones –la última, de 2018, permanece vigente hasta 2021– por un total de 30,06 millones de euros. Lo hacía sobre la base de que la adjudicataria había subcontratado parte de las prestaciones durante el periodo navideño de 2019. Sin embargo, cuando el asunto cayó en manos de los servicios jurídicos madrileños, todo se vino abajo. Así lo reconoce el actual consejero de Políticas Sociales, Javier Luego, en una carta remitida este mismo martes por el departamento en manos de Ciudadanos al Comité de Empresa de la Residencia Usera, a la que ha tenido acceso infoLibre. "No me puedo creer que sean tan corruptos que les dejen salirse de rositas", se lamenta en conversación con este diario Florencia Yacovano, miembro del órgano de representación sindical en el centro.

La misiva, que lleva la firma del propio Luengo, responde a un correo que los trabajadores enviaron a Políticas Sociales interesándose por el estado de la cuestión después de que el director del centro les comunicase que se había archivado el expediente sancionador. Algo que, ahora, les confirma el consejero. "Como parte de la tramitación ordinaria de cualquier procedimiento de resolución, la propuesta se sometió al informe preceptivo de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Dicho informe, vinculante para la Dirección General, estima que no puede declararse la resolución porque la subcontratación fue puntual y carecía de entidad suficiente para constituir incumplimiento grave del pliego del contrato. Al resultar obligatorio el cumplimiento del criterio manifestado, la Dirección General no ha podido dictar la resolución", explica la carta. En definitiva, que DomusVi podrá continuar gestionando el centro ubicado en la capital y evita una sanción que la podría inhabilitar para contratar con la administración madrileña durante tres años. 

El escrito remitido a la representación sindical finaliza con el compromiso de la Consejería de Políticas Sociales de continuar realizando "inspecciones periódicas" en todos los centros de la región "a fin de comprobar el cumplimiento por parte de las empresas". Sin embargo, los trabajadores han encajado la misiva como un auténtico mazazo. "Nos pintaron la cara para que dejáramos de denunciar la situación en el centro", lamenta Yacovano, que no oculta su "disgusto" y su "desánimo". En concreto, se refiere a las continuas denuncias de la plantilla relativas a la "precariedad laboral" en el centro. "Trabajamos con la ratio mínima que exige la Comunidad de Madrid a las empresas. Cuando hay bajas por enfermedad, no se les obliga a cubrirlas, por lo que en ocasiones estamos incluso por debajo del mínimo. A esto hay que sumarle que el grado de dependencia de los residentes es cada vez mayor y, por tanto, necesitan más cuidados. En definitiva, más atención pero menos personal. Es desesperante", cuenta al otro lado del teléfono la secretaria del Comité de Empresa. 

Al igual que los empleados, también los familiares llevan tiempo batallando contra el servicio que presta DomusVi en este centro. El 5 de agosto de 2019, por ejemplo, presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo. "Los familiares que firmamos este escrito pasamos nuevamente a informarle sobre la situación que se vive continuamente en el mencionado centro, después de numerosas reclamaciones presentadas en la propia residencia, empresa gestora DomusVi y Consejería de Políticas Sociales y de Familia, sobre la situación de desamparo, falta de cuidados, respeto y dignidad que están viviendo los residentes", comenzaba el texto, que continuaba detallando uno a uno los motivos de la queja: falta de personal en todas las categorías, sobre todo en lo que respecta a auxiliares; "constantes" confusiones en la medicación de los residentes, "ya que se cuenta únicamente con dos enfermeras para las tres plantas del centro"; falta de limpieza "con carácter general" y unas instalaciones "totalmente deterioradas"...

La residencia de Usera fue uno de los centros intervenidos por la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Una crisis sanitaria que cogió a los empleados y a los ancianos desprotegidos. A comienzos de abril, el sindicato Progresa presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la situación "tercermundista" en la que se encontraba la plantilla y los usuarios. Denunciaban la falta de medios de prevención, algunos de los cuales aseguraban tener que desinfectar para poder continuar con su trabajo a pesar de ser desechables. En el centro de Usera, según señalan desde el Comité de Empresa, fallecieron durante el zarpazo de los meses de marzo, abril y mayo "42 de los 152 residentes". Es decir, el 27,6%. Uno de cada cuatro.

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