A comienzos de 2021, con la llegada de los fondos europeos Next Generation para la recuperación tras la pandemia de la COVID-19, la Xunta creó una sociedad público-privada para impulsar proyectos industriales que aprovechasen ese dinero. Esa Sociedad para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos de Galicia SL, denominada Impulsa Galicia, fue la que, entre otras iniciativas, firmó un acuerdo secreto con Altri para implantar una fábrica de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei. En el foco desde hace tiempo del Consello de Contas, que le viene reclamando transparencia, ahora los socios de Impulsa Galicia, con la Xunta al frente, acaban de decidir su disolución “tras cumplir su propósito fundacional”.
Impulsa Galicia, participada también por Abanca, Sogama y Reganosa, lleva tiempo en el foco del Consello de Contas, que le viene reclamando transparencia, pero ahora sus socios la cierran “tras cumplir su propósito fundacional”
Impulsa Galicia fue creada por la Xunta a propuesta de un comité de expertos para “apoyar la maduración de las propuestas incluidas en la candidatura gallega a los fondos europeos Next Generation” y “ayudar en la búsqueda de futuros inversores para su desarrollo”. En el capital de la sociedad, la Xunta participó con un 40%, seguida de Abanca con un 38%, Reganosa con un 12% y Sogama con un 10%. Como la Xunta también está presente en el capital de Reganosa y Sogama, la participación del Gobierno gallego en Impulsa Galicia superaba el 48%, y se reservó el control de sus decisiones y la presidencia, en manos de la conselleira de Economía e Industria. Sin embargo, argumentando que la participación no superaba el 50%, la Xunta se ha venido negando a que Impulsa Galicia sea fiscalizada por el Consello de Contas.
La Xunta se niega a revelar el acuerdo secreto para la llegada de Altri con el argumento de que lo firmó la ahora disuelta Impulsa Galicia, a pesar de que el Gobierno gallego siempre controló esa sociedad público-privada
Entre otras iniciativas, Impulsa Galicia promovió la creación en el país de lo que en principio se anunció como un proyecto de producción de fibras textiles a partir de madera que rentabilizase el sector forestal. Finalmente, la empresa seleccionada a finales de 2021 para desarrollar ese proyecto fue la portuguesa Altri, con la que Impulsa Galicia firmó un memorando de entendimiento para su instalación en Galicia. Ese acuerdo desembocó en la elección de Palas de Rei como el lugar para levantar la polémica fábrica de celulosa y fibras textiles, que aún está pendiente de obtener todos los permisos y la financiación.
Ese acuerdo firmado por Impulsa Galicia con Altri sigue siendo secreto con el argumento de que no lo firmó la Xunta sino una empresa privada, aunque esta esté controlada por el Gobierno gallego y el documento lo suscribiese el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde. Lo hizo, llegó a argumentar la Xunta de forma oficial, como un “negocio jurídico privado”.
No han servido de nada las sucesivas peticiones del Consello de Contas a la Xunta, respaldadas por BNG y PSdeG, para que “haga transparente la actuación financiera” de Impulsa Galicia dado su control sobre la misma, “su localización en instalaciones públicas, su objeto social y su encaje en actuaciones estratégicas de la política industrial de la Xunta de Galicia y en proyectos prioritarios receptores de fondos públicos”.
Tras la disolución de Impulsa Galicia queda Recursos de Galicia, otra empresa público-privada promovida por la primera y en la que la Xunta tiene el 30%: si Impulsa Galicia quería desarrollar proyectos, RDG quiere participar en ellos
Los Franco abren desmontada la Casa Cornide 63 años después: “No queda ningún mueble, nada”
Ahora, sin haber cumplido nunca esas exigencias de transparencia, los socios de Impulsa Galicia acaban de aprobar “la disolución de la sociedad tras cumplir su propósito fundacional”. Lo hacen, argumentan, ante la finalización el próximo año del programa Next Generation EU y la creación de otros órganos que han ido asumiendo su papel de impulso industrial. Entre esos órganos estaría otra empresa público-privada promovida desde Impulsa Galicia para el aprovechamiento de los recursos naturales del país, Recursos de Galicia (RDG), en la que la Xunta participa con un 30% junto a 32 empresas privadas. De hecho, el consejero delegado de Recursos de Galicia, Emilio Bruquetas, fue también consejero delegado de Impulsa Galicia, a donde llegó procedente de Reganosa.
Si Impulsa Galicia pretendía impulsar las fases previas de desarrollo de proyectos industriales, Recursos de Galicia quiere participar en su accionariado, como ya ha hecho entrando en empresas eólicas o en la firma que quiere explotar la mina de Doade, pendiente de permisos de la propia Xunta.
Según Impulsa Galicia, su disolución llega tras varios logros como la creación de Recursos de Galicia, un centro de datos en Curtis o la fábrica de Altri en Palas, de la que dice que “prácticamente ha concluido su tramitación administrativa y se encuentra a la espera de obtener apoyo económico y conexión eléctrica por parte del Gobierno central”.
A comienzos de 2021, con la llegada de los fondos europeos Next Generation para la recuperación tras la pandemia de la COVID-19, la Xunta creó una sociedad público-privada para impulsar proyectos industriales que aprovechasen ese dinero. Esa Sociedad para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos de Galicia SL, denominada Impulsa Galicia, fue la que, entre otras iniciativas, firmó un acuerdo secreto con Altri para implantar una fábrica de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei. En el foco desde hace tiempo del Consello de Contas, que le viene reclamando transparencia, ahora los socios de Impulsa Galicia, con la Xunta al frente, acaban de decidir su disolución “tras cumplir su propósito fundacional”.