Los juristas advierten que las enmiendas de Junts ponen en riesgo la amnistía en el TC y en Europa
El tira y afloja entre el Gobierno y Junts alrededor de la amnistía se alargará, como poco, quince días más. Tras varias semanas de incertidumbre y sobresaltos judiciales, la formación independentista decidió este lunes mandar de nuevo la norma a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Lo hizo al entender que el texto que se sometía a votación no estaba bien atado. Y tras el rechazo de los socialistas a algunas enmiendas con las que los neoconvergentes trataban de blindar aún más la ley de olvido jurídico frente a los derroteros que están tomando determinadas investigaciones judiciales vinculadas al procés. Una serie de retoques en el texto que, según algunos juristas consultados por infoLibre, podrían complicar el futuro de la amnistía.
El Gobierno no cierra la puerta a introducir mejoras técnicas durante esta nueva fase. "Margen para negociar tiene que haber siempre", ha señalado este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ahora bien, quiere evitar a toda costa cualquier modificación que pueda poner en riesgo la propia ley. Una norma que en su redacción actual el Ejecutivo considera que es "impecable", ajustada a la Ley Fundamental y "conforme al derecho europeo". "Nuestro texto tenía todas las garantías para ser constitucional y las cuestiones que se querían incorporar no tenían, desde nuestro punto de vista, todas esas premisas", ha completado Montero en una entrevista en referencia a las exigencias de Junts.
La formación independentista se plantó en el Pleno de este martes con varias enmiendas vivas con las que pretendía cerrar todas las grietas alrededor de la amnistía que han ido abriendo en las últimas semanas dos procedimientos judiciales: el caso Tsunami y el caso Volhov. En el primero de ellos, que afecta al expresident Carles Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira, el magistrado Manuel García-Castellón ha puesto sobre la mesa un supuesto delito de terrorismo derivado de las protestas ciudadanas contra la sentencia del procés. Y en el segundo, donde se investigan las supuestas conexiones entre el entorno de Puigdemont y el Gobierno ruso, el juez Joaquín Aguirre ha deslizado un relato de hechos que podrían intentar encajarse en un delito contra la paz o la independencia del Estado.
Ambos tipos se encuentran, en la redacción actual de la norma, excluidos del ámbito de aplicación de la amnistía. Así, la ley deja al margen del olvido jurídico "los actos tipificados como delitos de terrorismo" siempre que "de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos", en particular las previstas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. E igual ocurre con los de "traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional", entre los que se incluye el que castiga el mantener "relación o inteligencia" con gobiernos extranjeros para "perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España" –artículo 592 del Código Penal–.
Algunas de las enmiendas que llegaron vivas al Pleno de este martes buscaban, justamente, sacar estos tipos delictivos del ámbito de exclusión para no dejar rendijas abiertas en relación a Tsunami y Volhov. Es el caso de la enmienda número 29 de Junts, que directamente planteaba eliminar esas dos referencias de la lista de exclusiones. O la transaccional sobre esa misma enmienda que los independentistas catalanes habían acordado con el PNV y que, por un lado, eliminaba el terrorismo de los delitos que no pueden acogerse al olvido jurídico y, por otro, mantenía en la lista de exclusiones los de "traición" y "relativos a la Defensa Nacional", pero sacaba aquellos "contra la paz e independencia del Estado", grupo en el que se encuentra el citado artículo 592.
"No superarían el filtro de constitucionalidad"
Los juristas consultados por infoLibre entienden que estos cambios, que hasta ahora no han sido aceptados por el Gobierno, pueden poner en riesgo la amnistía. "Creo que esas enmiendas no superarían el filtro de constitucionalidad", sostiene Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Así, explica que una cosa es admitir el terrorismo "con ciertas cautelas" –como ocurre con la redacción actual de la norma– y otra muy distinta es aceptarlo "en su totalidad", lo que sentaría, a su juicio, "un precedente tremendo". Del mismo modo se pronuncia el constitucionalista en relación al segundo conjunto de delitos que planea sobre el caso centrado en la supuesta trama rusa del procés.
Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, también pone el foco sobre el terrorismo. En este sentido, recuerda que "la constitucionalidad" de una norma de olvido jurídico "tiene que ver también" con la "proporcionalidad" entre el fin que se busca con la misma –en este caso la paz social– y las medidas que se adoptan. Sobre esta base, el jurista considera que cuanto "más graves" sean los delitos que se amnistían, más "fácil" es que el Tribunal Constitucional, que con total probabilidad tendrá que pronunciarse sobre la norma, vea una desproporción. "Incluir el terrorismo entre los delitos amnistiados, evidentemente, daña la imagen de proporcionalidad de la norma", considera el constitucionalista.
El terrorismo y Europa
Otros juristas, sin embargo, no creen que el hecho de cubrir más o menos tipos delictivos bajo el manto de la amnistía sea lo que determine la constitucionalidad o no de la futura norma. Ahora bien, puede acarrear problemas a nivel europeo. Sobre todo, en lo que tiene que ver con el terrorismo. Así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fijado como límite para cualquier amnistía las graves violaciones de derechos humanos. Y la Directiva de la Unión Europea 2017/541 califica los actos terroristas como "una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales".
Esa misma directiva comunitaria, sobre la que también pusieron el foco los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso cuando expresaron sus dudas sobre el encaje jurídico de la proposición de ley, obliga a los Estados miembro a tipificar como delitos de terrorismo una serie de actos. Y a adoptar "las medidas necesarias para garantizar" que sean "castigados con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias". "Si se amnistiaran igual se podría entender que España está incumpliendo las obligaciones europeas que exigen un castigo de los delitos de terrorismo con unos mínimos", desliza en conversación con este diario Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia.
En la misma línea se pronuncia el catedrático de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós. "Si se amnistía el terrorismo puede tener probabilidad de éxito una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", señala el constitucionalista. La corte de Luxemburgo es una de las plazas en las que los jueces pueden dar la batalla tras la aprobación de la amnistía. De hecho, hace un par de semanas un colectivo de juristas comenzó a mover en la carrera una suerte de guía que recomendaba a los jueces que lleven casos vinculados con el procés a acudir preferentemente a la justicia europea al entender que es "más probable" que la misma esté más dispuesta a valorar "la intención real de la ley" de lo que puede estarlo el Tribunal Constitucional.
