La investigación que el juez Juan Carlos Peinado acaba de concluir contra la esposa del presidente del Gobierno ha recibido duras críticas en el propio sistema judicial –ha sido vapuleada por el Tribunal Supremo, y corregida por defectos gruesos en la Audiencia de Madrid– y de la academia, en la que varios catedráticos han calificado la instrucción –en la que no se ha encontrado el mínimo indicio de enriquecimiento por parte de Begoña Gómez y el resto de imputados– de "impresentable" o "puro humo". El CGPJ, además, mantiene abierta una investigación disciplinaria contra el instructor por su estrambótica toma de declaración en Moncloa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y su intento de implicarlo en el caso, que el Alto Tribunal rechazó "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud".
El grado de polémica judicial, académica y social que ha generado la actuación de Peinado –que contrasta con el silencio y el consenso general frente a otras causas de corrupción que afectan al PSOE, como el caso Koldo– no le ha impedido llevar sus pesquisas hasta el final. Las últimas declaraciones del ministro Bolaños –que ha sido una de las víctimas de las maniobras del instructor– en las que aseguraba que jueces y magistrados se avergüenzan de su actuación, han provocado de nuevo una reacción airada de la derecha judicial y política, que ha vuelto a hiperbolizar sobre el supuesto peligro para la separación de poderes y la independencia judicial que supondrían las manifestaciones del actual titular de Justicia y otros ministros y ministras.
Uno de los jueces en activo que se han pronunciado de esa manera es el miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y colaborador del diario La Razón, Enrique López. En un artículo publicado este domingo titulado Aquelarre contra un juez incómodo, el magistrado llegó a decir que el Consejo de Ministros se había convertido en una "parodia". "Una cosa es criticar una resolución y otra muy distinta convertir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una ceremonia de deslegitimación de un juez de instrucción", escribió López. Eso es lo que hemos visto: un aquelarre político tan grave como fútil, y tan fútil como ridículo. Una escena que, por su exceso verbal, por su sobreactuación y por su pretensión de convertir al juez en acusado, rebajó el Consejo de Ministros a la categoría de parodia institucional".
El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Las censuras al Gobierno del PSOE y Sumar escritas por el magistrado vienen de una persona aupada sistemáticamente por el PP para cada uno de sus cargos. Fue propuesto por ese partido como vocal del CGPJ en 2001, cargo que ocupó hasta 2008. En 2013, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy lo impuso como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, puesto que tuvo que dejar solo un año después tras ser interceptado por la policía por saltarse un semáforo con su moto, que conducía sin casco y quintuplicando la tasa de alcohol permitida al volante.
A su vuelta a la Audiencia Nacional retornó a su destino en la sección tercera de la Sala de lo Penal, a la que correspondía juzgar el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP. Su implicación con el partido había sido tal hasta ese momento, que sus compañeros de Sala decidieron en 2015 apartarlo del tribunal que juzgó la Época I de la macrotrama corrupta. La que terminó por llevarse por delante, en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, al Ejecutivo de Rajoy en junio de 2018 tras la condena al partido como responsable a título lucrativo y las acusaciones que se vertían en la resolución sobre las supuestas mentiras vertidas por el entonces presidente del Gobierno durante su declaración como testigo.
Es público, además, que López ha tenido, durante años, carné del PP. El 20 de agosto de 2019 fue nombrado consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasando a actuar como su mano derecha. Cinco meses después, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, lo nombró secretario de Justicia y Administraciones Públicas de la formación. López, sin embargo, cayó en desgracia tras posicionarse con Casado en el duelo que este último mantuvo con Ayuso y que terminó con su dimisión. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección, López dejó su cargo orgánico en el partido, y dos años después el 26 de junio de 2023, el de consejero. Tras ello, se dio de baja en el PP y volvió a la Audiencia Nacional.
El doble rasero del CGPJ y la derecha judicial: la separación de poderes solo protege a los jueces
La repercusión de su tribuna en un diario de tirada nacional ha sido amplificada por el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que ha reposteado parte de su texto incluyendo los nombres de usuario en X de los tres ministros que participaron en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros –Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente– y que no estaban en el artículo de López. Ruiz de Lara fue eximido hace semanas por la comisión disciplinaria del CGPJ después de que se abriera expediente disciplinario contra él por insultos proferidos a Pedro Sánchez, al que llamó "golpista", "antisistema" y "autócrata", y a su esposa, Begoña Gómez, precisamente enjuiciada por Peinado, y a la que calificó de "Barbigoña". La mayoría conservadora de la comisión hizo valer que se trataba de una "inocentada" y que estaba amparada por su libertad de expresión.
El artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial califica como "falta grave" castigada con multa de 601 a 6.000 euros la de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de ella". Enrique López inició sus colaboraciones periódicas con La Razón nada más dejar el Consejo y tomar posesión de su destino como magistrado en la Audiencia Nacional. Solo los responsables de ese medio pueden explicar si, desde entonces, le dan espacio por su trabajo en uno de los tribunales más importantes de España.
El CGPJ casi siempre concluye que los jueces que aparecen en medios y aprovechan sus colaboraciones para descalificar a personas, cargos públicos, partidos e instituciones desde ellos, participan como cualquier ciudadano particular y en uso de su derecho fundamental a la libertad de expresión. La misma libertad de expresión que López y Ruiz de Lara niegan al Gobierno para criticar a sus compañeros de profesión.
La investigación que el juez Juan Carlos Peinado acaba de concluir contra la esposa del presidente del Gobierno ha recibido duras críticas en el propio sistema judicial –ha sido vapuleada por el Tribunal Supremo, y corregida por defectos gruesos en la Audiencia de Madrid– y de la academia, en la que varios catedráticos han calificado la instrucción –en la que no se ha encontrado el mínimo indicio de enriquecimiento por parte de Begoña Gómez y el resto de imputados– de "impresentable" o "puro humo". El CGPJ, además, mantiene abierta una investigación disciplinaria contra el instructor por su estrambótica toma de declaración en Moncloa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y su intento de implicarlo en el caso, que el Alto Tribunal rechazó "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud".