La respuesta institucional a la protesta no violenta se está endureciendo en España y en buena parte de Europa. No se trata de que haya más violencia, sino de que la reacción del sistema —de policías, fiscales y tribunales— se ha vuelto más dura ante acciones que no son violentas: pintadas, pintura roja en puertas, bloqueos simbólicos de accesos o marchas silenciosas que interrumpen el tráfico.
En España, informes como los publicados reiteradamente por Amnistía Internacional, por Defender a quien Defiende (DqD) y los diagnósticos de organizaciones como la Associació Novact muestran un aumento de la represión y de las vulneraciones de derechos. Es un fenómeno global: a escala europea, el relator especial de la ONU sobre Defensores Ambientales, Michel Forst, y la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (Civicus) apuntan a una tendencia general hacia el cierre del espacio cívico y la criminalización de la protesta pacífica, con leyes más restrictivas en varios países de la UE.
Una jueza acaba de descartar penas de prisión para los activistas climáticos que, en marzo de 2023, mancharon con témpera roja diluida en agua —un material de uso común en colegios y actividades infantiles— la fachada de los leones del Congreso de los Diputados.
Con todo, el Juzgado de lo Penal n.º 10 de Madrid impuso una multa de 1.400 euros a cuatro de ellos por un delito contra el patrimonio y absolvió a otros cinco que también participaron en la protesta, pero de quienes no se pudo probar que arrojaran la pintura. Y eso que la fracción de la escalinata que se vio salpicada de rojo, más allá de su carácter simbólico, carece de protección patrimonial, porque ni siquiera forma parte del catálogo de bienes de interés cultural de la Comunidad de Madrid.
Lo verdaderamente llamativo, más allá de la sentencia, es que la Fiscalía pedía para todos ellos un escarmiento de un año y nueve meses de prisión, a pesar de que los acusados ya habían costeado los más de 5.000 euros que, oficialmente, costó la limpieza de la escalinata y los leones. “Para que sirva de prevención”, argumentó el Ministerio Fiscal.
Los activistas habían sido convocados por las organizaciones ambientalistas Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal para concienciar sobre la alerta climática, protestar contra la pasividad del Gobierno y combatir la desinformación de los ciudadanos. Y no era la primera vez.
En abril de 2022 ya habían pintado el Congreso con remolacha, entonces con la participación de 15 activistas, en una acción que también está en los tribunales, pero todavía pendiente de juicio. En otras ocasiones utilizaron el mismo método para señalar las sedes del PSOE, el PP, el Banco Santander y el Ministerio de Justicia.
Enfriamiento
El endurecimiento de la represión contra estas formas de protesta tiene el efecto colateral de enfriar el derecho de manifestación. Cuando la respuesta institucional se vuelve más dura, la gente se siente menos libre de protestar. Las personas pueden pensar que, si bloquean una calle o realizan una acción simbólica, acabarán afrontando cargos penales, penas de prisión o multas enormes.
El patrón tiene forma. Primero, las sanciones: multas altas por infracciones administrativas que no implican violencia, pero que pueden ser desproporcionadas. Segundo, las detenciones: intervenciones policiales que pueden incluir el uso de la fuerza o la amenaza de uso de la fuerza y que terminan en cargos penales. Tercero, las imputaciones penales: procesos que pueden llevar a prisión, multas o prohibición de manifestarse. Cuarto, los discursos políticos: cuando políticos, fiscales o medios de comunicación convierten la desobediencia civil en un problema de orden público o incluso de seguridad, y cuando se utilizan figuras de “terrorismo” o “crimen organizado” para describir lo que no son más que protestas pacíficas.
Violencia es cuando se utiliza fuerza real contra personas o bienes. La protesta disruptiva no violenta, en cambio, consiste en acciones como interrumpir el tráfico, bloquear accesos, hacer pintadas o teñir puertas con pintura, pero sin causar daños reales a personas. Es ahí donde se plantea el debate sobre si asistimos a una respuesta institucional desproporcionada que busca deliberadamente, como ocurrió con la petición del fiscal en el caso de los activistas climáticos del Congreso, desincentivar el derecho de manifestación.
Este caso es el ejemplo más reciente de una tendencia que documentan organismos nacionales e internacionales con cifras crecientes. La plataforma Defender a quien Defiende (DqD), que reúne a entidades como Irídia, Novact o el Institut de Drets Humans de Catalunya, registró 261 casos y 1.184 vulneraciones de derechos en protestas durante 2022 y 2023. El salto entre ambos años fue pronunciado. En 2022 se contabilizaron 83 casos y 314 vulneraciones. En 2023 la cifra subió a 178 casos y 870 vulneraciones.
El informe de DqD sobre 2025, cerrado en marzo de 2026, eleva la cifra a 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas. Supone un incremento del 66,7% respecto a 2024 y más del doble que en 2023.
Movimiento ecologista
Dentro de ese conjunto, el movimiento ecologista pasó a ser en 2023 el que acumuló más vulneraciones de derechos, por delante de la vivienda o el sindicalismo. Futuro Vegetal concentró 43 casos y 159 vulneraciones solo en 2022 y 2023, con 69 detenciones, treinta de ellas en un único mes, y 29 procedimientos penales abiertos.
DqD sostiene haber documentado además malos tratos durante las detenciones. Entre ellos, la negativa a ofrecer una alimentación adecuada a personas veganas y un trato con sesgo de género hacia las activistas. La propia Fiscalía llegó a incluir el ecologismo radical en el apartado de terrorismo de su memoria anual. Rectificó después, tras las críticas recibidas.
Junto a las sanciones y las causas penales, DqD describe un segundo nivel de respuesta, más discreto y tecnológico, con escuchas telefónicas e infiltraciones, en algunos casos mediante relaciones sexoafectivas deliberadas con activistas.
El delito contra el patrimonio histórico aplicado a los activistas del Congreso no es la única vía penal o administrativa que se utiliza contra la protesta en España. La reforma del artículo 557 del Código Penal, sobre desórdenes públicos, amplió el margen para perseguir penalmente cortes de tráfico, ocupaciones simbólicas o bloqueos de infraestructuras.
La Ley Mordaza —que sigue en vigor a pesar de las muchas promesas del Gobierno y de sus aliados para su reforma—, en concreto sus artículos 36.6 y 37.4, se ha convertido en una herramienta rutinaria de sanción. Según Amnistía Internacional, desde su entrada en vigor en 2015 y hasta 2024 se han impuesto más de 480.000 sanciones por infracciones de seguridad ciudadana, la mayoría por desobediencia o faltas de respeto a la autoridad.
A esas dos vías se ha sumado una tercera en los últimos dos años. La Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, asegura DqD, pensada para sancionar agresiones en estadios, se aplica ahora a banderas, camisetas o cánticos propalestinos.
Vuelta Ciclista
Durante la Vuelta Ciclista a España de 2025, al menos 30 personas fueron detenidas y 108 recibieron expedientes sancionadores. Amnistía Internacional contabilizó 91 de esos expedientes basados en la ley deportiva, con multas de 300, 3.000 y hasta 60.000 euros, esta última en Pontevedra.
En Valladolid, la Fiscalía pidió un año y nueve meses de prisión, la misma pena que después reclamó en el caso del Congreso, contra cuatro activistas acusados de invadir el recorrido de la Vuelta. Dos de ellos afrontaron además un cargo de resistencia a la autoridad que elevaría la pena por encima de los dos años.
El patrón se repite fuera del ciclismo. En la Universidad de Sevilla, un estudiante que participó en un encierro pacífico contra los vínculos académicos con instituciones israelíes se enfrenta a un juicio con una petición de dos años de prisión. En Madrid, doce personas que realizaron una performance ante la Feria de Armas fueron multadas con 700 euros cada una por la Ley Mordaza.
Tres movimientos explican cerca del 60% de los casos registrados por DqD en 2025. La solidaridad con Palestina supone el 24,7%, la vivienda y la okupación el 17,6% y el antifascismo el 16%.
El movimiento propalestino acumuló el año pasado 94 casos, 420 vulneraciones y 353 personas afectadas en 2025, un 65% más que en 2024. En vivienda, DqD señala como caso paradigmático el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, que dejó a unas 400 personas sin alternativa habitacional.
El reparto de responsabilidades también queda recogido en el informe. Los cuerpos policiales concentran el 54,5% de las vulneraciones, con los Mossos d’Esquadra en el 25,8% y la Policía Nacional en el 22,6%, mientras que los actores privados ya suponen el 19,2%.
La represión de la protesta ha alcanzado también a quienes la cubren. DqD documentó que un fotoperiodista identificado como prensa fue alcanzado por un proyectil de foam de los Mossos d’Esquadra en Barcelona, y que activistas sentados en la estación de Sants recibieron gas pimienta sin previo aviso.
Patrón europeo
Michel Forst, el relator especial de Naciones Unidas para defensores ambientales, recoge un patrón equivalente de leyes generalistas, reformas penales y retórica alarmista en Austria, Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia y Dinamarca.
Forst ha documentado cómo responsables políticos y medios de comunicación de varios de esos países califican a movimientos climáticos de ecoterroristas o los presentan como una amenaza para la democracia. Cita también informes de fiscalías que encuadran a colectivos como Extinction Rebellion bajo epígrafes de terrorismo internacional o nacional, pese a reconocer que no emplean la violencia.
El relator detalla además legislaciones concretas. Entre ellas, la ley de eco-vandalismo aprobada en Italia y la norma británica que crea el delito de locking-on, consistente en encadenarse o ir equipado para hacerlo durante una protesta.
Llegan las primeras multas por protestar en la Vuelta: "Son reflejo de la falta de compromiso con Palestina"
En el plano judicial, Forst observa un endurecimiento generalizado de las penas. En el Reino Unido documenta condenas de prisión de meses o años por bloqueos o marchas lentas, además de decisiones que prohíben a la defensa invocar el contexto climático ante el tribunal.
La fotografía no se limita a Europa. La también relatora especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, advirtió en 2024 de un ataque generalizado, sistemático e intensivo contra esos derechos en todo el mundo. Señaló que numerosos gobiernos instrumentalizan leyes sobre supuestos agentes extranjeros para perseguir a organizaciones sociales.
El informe anual de Civicus sobre el estado de la sociedad civil correspondiente a 2025 describe procesos de captura del Estado y una criminalización creciente de prácticas hasta ahora consideradas protestas legítimas. El texto señala un foco específico en activistas climáticos, defensores de derechos indígenas y colectivos como mujeres, personas LGBTIQ+ y migrantes.
La respuesta institucional a la protesta no violenta se está endureciendo en España y en buena parte de Europa. No se trata de que haya más violencia, sino de que la reacción del sistema —de policías, fiscales y tribunales— se ha vuelto más dura ante acciones que no son violentas: pintadas, pintura roja en puertas, bloqueos simbólicos de accesos o marchas silenciosas que interrumpen el tráfico.