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Educación

Evaluación única para preservar el derecho a huelga: la estrategia de las universidades catalanas levanta polémica

Varios estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) esperan este martes a las puertas de la facultad.

Seis de las siete universidades públicas catalanas han decidido alterar sus sistemas de evaluación para preservar el derecho a huelga de los estudiantes. La estrategia acordada no está exenta de polémica. Las voces contrarias creen que choca frontalmente contra las líneas positivas del Plan Bolonia, mientras que los defensores lo entienden como vía para garantizar y facilitar los derechos del alumnado.

Esta semana, los estudiantes catalanes han sido llamados a movilizarse "contra la represión, por la autodeterminación y la amnistía". El Sindicat d'Estudiants ha convocado huelga general este miércoles y jueves, mientras que otras dos organizaciones, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la Associació d'Estudiants Progressistes, han optado por la fórmula de huelga indefinida desde el 29 de octubre. Con el propósito de garantizar que los alumnos puedan secundar la huelga sin que ello repercuta en sus resultados académicos, los sindicatos han pedido habilitar la opción de evaluación única en lugar de continua. Es decir, que el alumnado pueda perder clase y a su vez someterse a un examen final que no requiera de su presencia durante el curso. La mayor parte de las universidades públicas han dado luz verde a la sugerencia planteada.

Eulalia Guiu, responsable de Universidades en la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT en Cataluña, explica en conversación con infoLibre que "en todas las universidades ha habido algún tipo de debate o acuerdo inicial", excepto en la Universitat Rovira i Virgili (URV), de Tarragona. Hay distintas opciones, relata, o bien a través del claustro de la universidad o bien mediante acuerdos en las facultades. En el primero de los supuestos, los representantes de profesores, personal y estudiantes proponen la medida, que debe ser aprobada por el Consell de Govern para que, finalmente, cada facultad decida el proceso de comunicación con los alumnos y los plazos. 

En octubre de 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto que establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Se trata del popularmente conocido como Plan Bolonia, que en su día levantó las protestas de los estudiantes por considerarlo un mecanismo privatizador de la educación pública. Una de las novedades que introducía el plan tenía que ver con el desarrollo de una evaluación continua que permitiera adquirir y demostrar conocimientos de forma progresiva. El paso dado ahora por las universidades catalanas rompe aquella premisa y levanta polémica en el ámbito docente.

Una opción válida

Mar Aguilera es profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona (UB). Al otro lado del teléfono, recuerda que "la obligación de los profesores de la universidad pública es garantizar los derechos", tanto de aquel que quiere secundar la huelga como del que opta por asistir a clase. "Es nuestra obligación garantizarlos y hacerlos compatibles", reitera. Entiende, la docente, que "desde el respeto a las diferentes opciones y maneras de enfocar el curso", la vía de evaluación única es una alternativa para garantizar el ejercicio del derecho a huelga. "Si está ahí, por qué no se va a usar", se pregunta.

Guiu recuerda que la evaluación única se traduce en diversas fórmulas, no necesariamente un examen. "En vez de hacer evaluación continuada, actividades evaluativas a lo largo de la duración del módulo, se evalúa al final por un procedimiento determinado", como un trabajo, prueba o exposición. Antes del Plan Bolonia, explica, esta fórmula era la habitual. "Pero el plan tiene diez años y hay otros elementos que también hemos ido ajustando", señala la sindicalista y también profesora en la Universitat de Girona (UdG), quien defiende que los preceptos del plan de estudios no son estrictos. El modelo "preveía una serie de asuntos que con los recortes han ido cambiando", como por ejemplo el tamaño de los grupos, porque al final se trata de "orientaciones centradas en el aprendizaje de competencias".

Aguilera recuerda que, de hecho, algunas facultades ya permitían la opción de evaluación única a petición del alumnado. La de Derecho de la UB es un ejemplo de ello. "Depende de cada facultad y cada departamento", comenta la profesora. Lo confirma Guiu: "En Derecho eso ya se contemplaba por sistema, lo que se ha hecho ahora es alargar más el plazo que tienen los alumnos para decidir si se acogen a esta evaluación única".

Según la web de la UB, a partir del curso 2012-13 entra en vigor una nueva normativa aprobada por el Consell de Govern que reconoce la evaluación única "como un derecho del estudiante que, en ejercerlo, renuncia a la evaluación continua". En caso de acogerse a la evaluación única, agrega, "esta decisión debe constar por escrito, con una copia para el estudiante y otra para el profesor". La barcelonesa no es la única universidad que contempla este sistema como alternativa bajo demanda. En la Universidad de Granada (UGR), todo estudiante de grado o máster puede solicitar evaluación única final dentro de los plazos contemplados. La solicitud deberá ir acompañada de "las razones que le asisten" al alumno "para no poder seguir el sistema de evaluación continua", fija la normativa de la universidad. En caso de denegación, el estudiante podrá recurrir ante el rectorado. "Por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, estado de salud, discapacidad, programas de movilidad, representación o cualquier otra circunstancia análoga), podrá solicitarse la evaluación única final" fuera de los plazos previstos.

En la Universidad de Alcalá (UAH) "hay estudiantes a los que se les reconoce el derecho a evaluación final", tal y como confirma a infoLibre Lourdes Jiménez, directora de Organización Docente de la universidad. Entre las causas que permiten que el estudiante pueda acogerse a este tipo de evaluación, se encuentra la realización de prácticas presenciales, obligaciones laborales, obligaciones familiares, motivos de salud y discapacidad. "Los estudiantes de grado que quieren acogerse a la evaluación final lo tienen que solicitar por escrito al decano o director del centro en el que estudien, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua", puntualizan las mismas fuentes.

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho, es uno de los docentes que han suscrito la carta abierta dirigida a los rectores de las universidades públicas catalanas "en defensa de la libertad ideológica". A preguntas de este diario, el catedrático aclara que una perspectiva competencial dá la razón a los rectorados. "Ellos tienen competencias para adoptar esta medida, pueden habilitar la evaluación única ante situaciones excepcionales", sostiene. Alegada tal excepcionalidad, "el rectorado puede adoptar medidas extraordinarias relacionadas con la evaluación". Además, matiza, la solución se presenta como opcional, de modo que quienes "quieren seguir con el sistema de evaluación continuada tienen la garantía de que lo podrán hacer".

No obstante, valora el catedrático, "supone un agravio desde el punto de vista de la calidad". En el contexto del Plan Bolonia, dice, implica "una equivocación monumental" porque "si algo tenía de positivo" el modelo "era precisamente esto, que se había conseguido un sistema basado en la evaluación continua de los estudiantes". Un sistema, opina De Lucas, que es "objetivamente más adecuado a la hora de realizar calificaciones", tanto por razones "estrictamente pedagógicas" como por motivos "de garantía de la calidad de la enseñanza". Haber "convalidado un sistema de evaluación que es manifiestamente menos fiable", entraña para el catedrático "un grave error".

Situación excepcional

Borja Latorre, portavoz del Sindcat d'Estudiants, explica en declaraciones a este diario que la huelga nace de la necesidad de "dar un paso adelante contra la represión franquista y por la república catalana" a través de la "movilización organizada". Los jóvenes, añade, han "jugado un papel decisivo en la lucha contra la sentencia". El hecho de que "muchos rectores se hayan posicionado facilitando la evaluación única, evidencia la fuerza del movimiento estudiantil".

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Latorre insiste en que los rectores no son "amigos ni aliados" del alumnado, pero su decisión da cuenta del peso que tiene el movimiento organizado. "La educación pública tiene que disponer de recursos suficientes para asegurar la calidad del aprendizaje y en este escenario concreto" resulta clave "tener todas las opciones sobre la mesa" y dotarlas de flexibilidad. El "punto fundamental", subraya, "es defender el derecho a huelga".

Sobre el peso del contexto habla también Bel Oliver, portavoz de SEPC. "Entiendo el debate que ha surgido", se adelanta en conversación telefónica, especialmente porque "esta evaluación continuada fue una victoria del movimiento estudiantil", que siempre reivindicó que "la evaluación no es solamente hacer un examen". "Entiendo que es contradictorio", reconoce.

Pero la excepcionalidad de las circunstancias no puede permanecer ajena al análisis. "Entendemos que no es la mejor solución, pero ahora mismo con los recursos que tenemos es la única vía que podemos exigir", sostiene la portavoz del sindicato. "En un contexto de excepcionalidad política, de represión constante, es la única garantía de poder continuar con los estudios para no hacer trabajos cada semana", argumenta. Al final, detalla, el movimiento entiende la estrategia como "una medida sindical en términos estudiantiles para que los alumnos puedan manifestarse".

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