Galicia

Feijóo centra sus nuevas medidas contra los incendios en un supuesto "terrorismo incendiario"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, presentó este martes en el Parlamento de Galicia un paquete de 30 medidas contra los incendios forestales, después de la oleada de fuegos que arrasó la comunidad a mediados de octubre. Las propuestas, basadas en los ejes de prevención, ordenación y dinamización socioeconómica, giraron en torno a la idea de "terrorismo incendiario" como "responsable último" de los fuegos. La existencia de una trama organizada respecto a los incendios no ha podido ser probada hasta el momento.

"El riesgo cero no existe mientras haya incendiarios y tampoco es posible en una comunidad como la nuestra", señaló Feijóo durante su intervención en la Cámara autonómica, después de defender la política llevada a cabo durante los años de Gobierno conservador en Galicia. Precisamente cinco de las 30 medidas presentadas están nítidamente dirigidas a los incendiarios. "Todos los esfuerzos no valdrán nada si no ponemos coto a los responsables últimos, los incendiarios" a los que calificó de "terroristas". En base a este motivo, y con el fin de "hacer desaparecer la atmósfera general de impunidad", insistió en que no cabe admitir que "se asuma la percepción de que prender fuego a Galicia sale muy barato".

"Galicia está harta de los incendios pero sobre todo de los incendiarios, vamos a por ellos y pagarán por lo que hicieron", advirtió el presidente gallego. En este sentido, criticó que los juicios contra los responsables de los incendios requieran de unas "condiciones virtualmente imposibles" a no ser que el responsable sea identificado in fraganti. Las medidas en este sentido van encaminadas, en primer lugar, a la creación de quipos forestales de investigación que amplíen el trabajo hasta ahora desarrollado por las brigadas. Su labor se centrará en la elaboración de análisis en relación a cada incendio y en seguimiento de las zonas quemadas, entre otras. Se compondrá por un mínimo de tres agentes en cada uno de los 19 distritos forestales. En segundo lugar se pondrán en marcha equipos de vigilancia para supervisar el cumplimiento de las leyes, "que localizarán las parcelas abandonadas o que incumplan la normativa", y que se compondrá por dos profesionales en cada distrito.

La Xunta de Galicia también prevé crear un registro para almacenar datos e informes sobre los fuegos, accesible a todos los equipos de investigación y a las fuerzas de seguridad del Estado, así como una red de vigilancia forestal con cámaras de videovigilancia con el fin de detectar los focos de máxima actividad. Finalmente, defendió reforzar la campaña del teléfono 085 para advertir del avistamiento de fuegos pero también de incendiarios.

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, criticó que el presidente del Gobierno de Galicia dedicase su intervención a la"autocomplacencia" y no a la "autocrítica". Señaló que no sólo los incendiarios son los responsables de las llamas, sino también "las políticas pirómanas del PP, las políticas giratorias de Ence, el abandono del rural y la falta de ordenación del territorio". Las críticas vinieron también de parte del PSdeG, cuyo portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga, recordó que hasta ahora los únicos responsables identificados por los incendios son un hombre que descuidó una barbacoa y una mujer edad avanzada, "el grupo organizado más improbable de la historia". Cuestionó que, de existir una red organizada, "cómo no iba a estar identificada, cómo no íbamos a saber nada después de tantos años", e incidió, en este sentido, en que "el terrorismo incendiario no se ve por ningún lado". Luís Villares, portavoz de En Marea, añadió que "no existen tramas incendiarias o por lo menos nadie tiene constancia de ellas".

Comisión parlamentaria

El presidente de la Xunta también propuso la creación de una comisión específica para un "acuerdo de país sobre el plan forestal que blinde la unidad de criterio y la unidad de acción".

Además de ello, Feijóo recordó que el 98% de los montes gallegos son privados, y sus dueños presentan una "notable resistencia a cumplir" con las normas, algo que tampoco asumen los ayuntamientos y las administraciones no abordan "el problema de las parcelas abandonadas o sin dueños conocidos".

Propuso, en este sentido, avanzar en acuerdos con las administraciones locales para incentivar la limpieza de los montes o para que los propietarios deleguen sus labores en cada ayuntamiento pagando un precio fijo.

Respecto a la ordenación, el presidente conservador habló de mejorar la "restructuración parcelaria", agilizar las "concentraciones particulares en zonas de pequeña superficie" y ahondar en "la simplificación administrativa". Aseguró que destinará cinco millones de euros a impulsar talleres de tipo forestal exclusivamente, poniendo en marcha programas para que las personas sin empleo puedan optar a un contrato formativo con el fin de que, entre otras cuestiones, sirvan de ayuda en la limpieza de los montes.

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