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Feijóo mete en un cajón la despolitización del TC para reclamar el 'derecho' del PP a designar un magistrado

Alberto Núñez Feijóo interviene acompañado del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante su visita a la capilla ardiente del histórico sindicalista Nicolás Redondo.

Despolitización sí, pero sólo cuando afecta al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el mismo que tacha de “asalto” al Tribunal Constitucional (TC) la decisión del Ejecutivo de nombrar a dos magistrados afines, reclama el derecho del PP a elegir el nombre del miembro número doce del organismo arbitral que, según él, “le corresponde por ley”.

En estos momentos permanece vacante en el TC la plaza del magistrado conservador elegido en su día por el Senado, Alfredo Montoya, que renunció en julio por motivos de salud. El suyo es uno de los cuatro puestos del Tribunal que elige la Cámara Alta y, como en su día fue propuesto por el PP, Feijóo reclama esa plaza como propia al mismo tiempo que proclama la necesidad de despolitizar la institución. Es “un miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde por ley al partido de la oposición”, afirmó este jueves en una entrevista concedida a la agencia Servimedia.

La demanda de Feijóo revela el interés del PP por garantizar la continuidad de los conservadores en el TC porque, a diferencia de lo que hacía hasta ahora, no invoca la necesidad de llegar a un acuerdo entre partidos basado en criterios técnicos y profesionales sino que exige el derecho del PP a decidir quién sustituirá a Montoya. Mientras no se lleve a cabo ese relevo, el TC tendrá a partir del lunes una mayoría progresista de siete a cuatro (el pleno de este organismo está compuesto por doce magistrados) que la elección del sustituto de Montoya, que tiene que llevarse a cabo en el Senado, paliará en parte.

En la misma entrevista, Feijóo dio a entender que el PSOE quiere “negarle” ese puesto y se mostró dispuesto a quejarse ante la Comisión Europea. La paradoja es que el líder del PP también quiere denunciar en Bruselas que los dos magistrados elegidos por el Gobierno, en aplicación de la ley que regula el TC, son ex altos cargos del Ejecutivo: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que también es juez en ejercicio, y la exdirectora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional. 

“Europa tiene que conocer que en este momento más del 10% del Tribunal Constitucional son ex altos cargos del Gobierno”, declaró. Es algo que el comisario de Justicia europeo “tiene que conocer de forma oficial” por boca del PP. “Porque no son hechos que ocurran con normalidad en los países de la Unión Europea”, añadió.

Pero no es verdad. El propio comisario de Justicia, Didier Reynolds, ya aclaró el pasado 2 de diciembre que es algo habitual en varios países. Ocurre en Bélgica, en Francia y Alemania. Y sucedía hasta hace bien poco en Italia.

Doble rasero

La exigencia de Feijóo de elegir al magistrado número doce, el que está pendiente en el Senado, con el argumento de que la plaza la dejó vacante un conservador seleccionado en su día por el PP pone al descubierto el doble rasero del líder de la oposición, que lleva meses acusando al Gobierno de querer hacerse con el control no sólo del TC sino también del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación él mismo mantiene bloqueada desde hace cuatro años para garantizarse una anómala mayoría conservadora.

El líder del PP insiste en negarse a cumplir la legislación vigente y mantiene el chantaje al Estado que inició Pablo Casado en 2018. Si no se cambia antes la ley para que 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces, poniendo fin al modelo de elección indirecta que lleva aplicándose 40 años en España —los jueces proponen una lista de 50 nombres y el Congreso y el Senado seleccionan a una docena de ellos—, el PP mantendrá el bloqueo e impedirá que la institución se renueve.

Feijóo llegó a decir hace un mes que el PP bloquea la renovación para “proteger el poder judicial” del Gobierno, cuando es la mayoría que apoya al Ejecutivo la que, según la ley, tiene derecho a elegir a la mayoría de los vocales del Consejo.

Así se ha hecho siempre, con gobiernos del PP y del PSOE, con Felipe González, con José María Aznar, con José Luis Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy. Gracias al modelo de elección que Feijóo se niega a cumplir, la derecha judicial ha controlado el Consejo General del Poder Judicial durante los últimos nueve años, cuatro de ellos en funciones. Del mismo modo, los conservadores han dominado durante nueve años el Tribunal Constitucional con una mayoría de siete magistrados frente a cinco progresistas, una proporción a la que acaba de darle la vuelta el nombramiento de cuatro de los puestos caducados.

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