La estrategia del PP

Feijóo presume de mano tendida pero sigue sin responder a buena parte de las propuestas de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy durante la clausura del congreso del PP en Pontevedra, este sábado.

Alberto Núñez Feijóo asegura que lo suyo son “los debates en profundidad”, el “debate de ideas”. Y que ha venido a tender la mano al Gobierno porque el suyo, el PP, es un partido “de Estado”. 

Sin embargo, en su primer mes al frente de Génova 13 está lejos de confirmar su declaración de intenciones. El 7 de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció acuerdos en relación con una batería de asuntos, desde la política económica y energética al impulso de determinadas reformas legislativas, pasando por el desbloqueo de asuntos que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, utilizaba como trinchera en su batalla contra el Ejecutivo. 

Feijóo y su nuevo equipo se han mostrado dispuestos a abordar algunos de estos asuntos, se han declarado en contra de otros y han ignorado la mayoría. Lo que sigue es un repaso de la posición del PP y de su nuevo líder en relación con todos ellos.

Renovación del Consejo General del Poder Judicial

Está pendiente desde el 4 de diciembre de 2021 por decisión de Pablo Casado, que durante su mandato se negó reiteradamente a cumplir la ley que obliga al PP y al PSOE a negociar su composición. El antecesor de Feijóo trataba así de forzar al Gobierno y a la mayoría del Congreso a cambiar la norma que regula la renovación de este órgano desde hace 37 años. 

El retraso en la renovación está teniendo consecuencias, porque al estar en funciones el CGPJ no puede hacer nombramientos y las vacantes amenazan el normal funcionamiento de numerosas salas judiciales, entre ellas algunas del Tribunal Supremo. Además, si se prolonga, puede afectar incluso a la renovación parcial del Tribunal Constitucional que debe tener lugar antes del 12 de junio porque el Consejo sólo podrá designar a dos de sus integrantes si no deja de estar en funciones.

En este punto Feijóo no ha puesto pegas, en principio, aunque sí ha declarado reiteradamente que no le parece un asunto urgente. De momento ha puesto al frente de los contactos con el Gobierno al eurodiputado Esteban González Pons, uno de sus vicesecretarios de confianza. Pero en un mes no ha aclarado si va a mantener la línea roja marcada por su ancecesor o si, por el contrario, aceptará negociar la renovación en los términos previstos en la ley. La derecha mediática, el ala más conservadora de su partido y Vox son partidarios de no ceder ni un milímetro en este asunto.

Reforma del artículo 49 de la Constitución 

Es una propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para eliminar de la Carta Magna el término “disminuido” y sustituirlo por el de “persona con discapacidad” y, al mismo tiempo, reestructurar el artículo 49 para incluir las distintas dimensiones de la protección de las personas con discapacidad y reorientar su contenido hacia un enfoque que garantice su dignidad y autonomía.

La reforma está empantanada en la Comisión Constitucional del Congreso desde que en junio de 2021 PP y Vox se opusieron a ella. Casado la rechazó con el argumento de que abriría la puerta a una modificación completa de la Constitución —pese a que el PP podría bloquear cualquier intento en ese sentido— y porque la nueva redacción no era “de recibo”: intentaba “añadir ideología” a la Carta Magna, llegó a decir.

La propuesta del CERMI dejaría la nueva redacción en estos términos:

Artículo 49.

  1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación. 
  2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. 
  3. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.
  4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos.

Feijóo se ha mostrado dispuesto a apoyar la reforma siempre y cuando se cumplan tres condiciones: que el texto cuente con el visto bueno del Cermi —ya lo tiene—, que el Consejo de Estado emita un informe positivo sobre él y que no se aproveche la ocasión para cambiar otros puntos de la Constitución. 

Eliminación del voto rogado 

En realidad en este punto nunca ha habido discrepancia. La propuesta de Sánchez busca agilizar la reforma destinada a facilitar la participación política de los españoles residentes en el extranjero, algo que el PP también defiende y que incluso apoyaba Pablo Casado. 

El Gobierno quiere aprovechar que el 4 de febrero de 2021 el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal de Unidas Podemos presentaron una propuesta concreta al respecto que fue tomada en consideración con una amplísima mayoría de 343 votos a favor el 23 de febrero de 2021, pero que lleva más de un año en tramitación parlamentaria.

Desde entonces está en plazo de enmiendas y si hay acuerdo será posible impulsar su tramitación a tiempo de que sea de aplicación en el complejo calendario electoral de 2023.

Regreso del PP al Pacto Antitransfuguismo

Pablo Casado lo abandonó en junio de 2021 después de que el pacto censurase la decisión del PP de apoyarse en tránsfugas para derrotar la moción de censura presentada contra su presidente en la Región de Murcia tres meses antes. Fue una violación flagrante de un acuerdo suscrito por casi todos los partidos —Vox no está— que en su día se adoptó con el objetivo de tratar de frenar la compraventa de voluntades políticas para modificar la voluntad de los ciudadanos en las urnas.

Sobre este asunto Feijóo guarda silencio. Ya como líder del PP defendió que el presidente murciano, Fernando López Miras, diese al traste con la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos apoyándose en tránsfugas y definió aquella iniciativa, apoyada en un mecanismo legal previsto en el Estatuto de Autonomía de la región, como “el peor episodio político en cuarenta años de democracia” y un “ejemplo de irresponsabilidad” por parte de Pedro Sánchez.

En el pasado, durante su etapa como presidente de la Xunta, Feijóo se mostró a favor de una relectura del pacto, porque según él no puede servir para que alcaldes que han perdido sus apoyos se blinden en el cargo.

Real decreto de medidas económicas

Aquí el desacuerdo ha sido total. El PP votó en contra de su convalidación en el Congreso no porque las medidas incluidas en el real decreto le disgustasen —algunas le parecían incluso “aprovechables” y otras las consideraba “mejorables”— sino porque el Gobierno no aceptó ninguna de las que Feijóo trasladó a Sánchez pocos días antes de la votación en el Congreso, entre ellas una rebaja temporal del IRPF. 

Acuerdo para la transición energética, la Agenda 2030 y para garantizar unos precios de la energía asequibles y estables en el contexto de la guerra

En este apartado Sánchez pidió a Feijóo apoyo en cuatro ámbitos. En primer lugar, para defender ante la Unión Europea el mecanismo ibérico de reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista prenotificado por España y Portugal a la Comisión Europea el 4 de abril de 2022. En este punto, el líder del PP se ha limitado a ignorar la iniciativa, alegando falta de información. No ha habido una sola declaración de apoyo a esta estrategia. Todo lo más Feijóo la ha considerado un fracaso de Sánchez, por ser una excepción para España y Portugal y no un acuerdo que se aplique a los 27 estados que forman parte de la Unión Europea.

En segundo lugar, el presidente pidió apoyo a la aplicabilidad de las medidas de minoración o extracción de los llamados beneficios caídos del cielo que reciben las eléctricas en favor de los consumidores domésticos, PYMES e industria. Y en tercer lugar, apoyo a la acción exterior española en materia de política energética con terceros países exportadores dirigida a garantizar el suministro energético a medio y largo plazo en las condiciones más favorables para nuestro país. El PP, al menos hasta ahora, no ha atendido ninguna de las dos peticiones.

En cuanto a la apelación de Sánchez a Feijóo para que se comprometa a “trabajar conjuntamente en la estrategia de descarbonización de la economía española”, así como la adopción y consecución de los objetivos marcados para los años 2030 y 2050, en línea con los objetivos establecidos por la Unión Europea, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, asuntos todos que escuecen especialmente a Vox, el líder del PP no sólo no le ha brindado su apoyo sino que ha llegado a criticar el cierre de las térmicas de carbón y ha apostado por la energía nuclear en una línea semejante a la del presidente francés, Emmanuel Macron, y de la ultraderecha española.

Feijóo ha sido particularmente crítico en este materia. El Gobierno de Pedro Sánchez, según él, no tiene más política energética que la de “la improvisación” y por su culpa “España se enfrenta al riesgo de colapsar la economía por un planteamiento estrictamente ideológico“. 

Durante su gira por España antes del congreso que le eligió presidente se mostró en contra de la forma en la que el Ejecutivo está abordando la transición ecológica, sobre todo en la cuestión del cierre de las centrales térmicas, que considera precipitada.

Cuando se reunieron en La Moncloa, Sánchez también le pidió apoyo para la agilización de la tramitación administrativa de proyectos renovables en las Comunidades Autónomas, mejora de la coordinación y priorización de los expedientes en equilibrio con garantías medioambientales y licencia social. A día de hoy no se conoce la respuesta de Feijóo.

Apoyo y coordinación en torno a los Fondos Europeos y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este punto el presidente pidió al líder del PP “lealtad” en cuanto a la gestión de los fondos, en la comunicación pública y en las declaraciones sobre ellos, tanto en España como en Europa. Es un asunto sobre el que Casado había construido uno de los ejes de su oposición al Gobierno, con denuncias constantes en Madrid y en Bruselas que ponían en tela de juicio la limpieza de las distribución del dinero. Antes incluso de que el plan estuviese en marcha, ya había acusado a Sánchez de “prácticas clientelares” más propias del “peronismo”. 

Sánchez pidió expresamente respaldo para “acelerar al máximo el ritmo de ejecución por parte de todas las administraciones”, “máximo diálogo, voluntad de acuerdo y colaboración en las Conferencias Sectoriales entre el Gobierno y las comunidades para alcanzar acuerdos en beneficio de todos” y un “impulso de las medidas económicas y reformas clave incluidas en el Plan de Recuperación, que son esenciales para el cumplimiento de los objetivos que determinan el desembolso de los fondos europeos”.

Aquí Feijóo redujo claramente la presión de su antecesor. El combate a los fondos ya no está entre las prioridades del PP, aunque la nueva hoja de ruta sí incluye exigir al Gobierno que modifique su gestión para que el dinero, al menos el que se aplica a mejoras energéticas, llegue cuanto antes a empresas y particulares vía desgravaciones fiscales. 

El líder de la oposición ha abandonando la petición de una agencia independiente para tramitar el dinero —una de las obsesiones de su antecesor— y ha retirado la denuncia que había presentado como presidente de la Xunta contra la distribución de una de las partidas en materia de políticas de empleo —Isabel Díaz Ayuso no siguió su ejemplo—, pero mantiene sus criticas a la mala gestión que, en su opinión, está haciendo el Gobierno con los fondos.

Blindaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Se trata de una petición al PP con la que el Gobierno trataba de atraer a los de Feijóo a discrepar públicamente de Vox. Se trataría de blindar, mediante la aprobación de nuevas medidas, la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia machista y de impedir que el acceso de Vox a los gobiernos autonómicos o locales lo desactive. Feijóo no se ha dado por aludido. Desde entonces se limita a afirmar el compromiso del PP con ese pacto.

Lealtad en política exterior

Aquí Sánchez se comprometió a dar al PP una interlocución privilegiada a cambio de su respaldo, del mismo modo que Feijóo prometió su apoyo siempre y cuando las decisiones se tomen de forma consensuada y previa negociación con su partido.

De momento no hay noticias de que ese diálogo haya dado algún fruto. En relación con la guerra de Ucrania el PP ha brindado su apoyo al Gobierno siempre y cuando se mantenga dentro de los márgenes fijados por la Unión Europea y la OTAN. Y en cuanto al cambio de postura sobre el futuro del Sáhara, la discrepancia es completa y pública, también por el hecho de que Sánchez tomó la decisión sin consultar al PP.

Ley de Seguridad Nacional y estrategia de ciberseguridad

Es esta otra de las propuestas del Gobierno a las que Pablo Casado se oponía frontalmente. Llegó a decir que era una “auténtico disparate” que iba “contra las libertades democráticas”. 

Aquí el PP de Feijóo se ha mostrado a favor de llegar a un acuerdo con el Gobierno para definir el contenido de la reforma de la ley, que en su día ya fue pactada con el PSOE cuando gobernaba Mariano Rajoy.

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