El fracaso político del 'semáforo covid': diluido en octubre, pospuesto en enero, ignorado en marzo y obligatorio en junio

La historia del documento titulado Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, más conocido como semáforo covid, es una historia de idas y venidas, de confrontación política e institucional, de confusiones y dudas y de ineficacia a la hora de dotar al país de unos criterios comunes para abordar la pandemia. A la espera de conocer cómo se desarrolla el último capítulo, que podría acabar en la justicia, el semáforo covid, una resolución del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (en el que están todas las autonomías), no ha servido en toda la pandemia para doblegar a Madrid, que se ha negado por activa y por pasiva a tomar medidas duras contra la transmisión ignorando los consejos de los epidemiólogos.

Pero otras regiones como Galicia, Andalucía, Euskadi o Castilla y León, que este martes votaron en contra o se abstuvieron, también han anunciado que incumplirán el Documento de Actuaciones Coordinadas (DAC), aprobado este miércoles por mayoría, que instaura la obligación de cumplir las medidas incluidas en el semáforo. El Interterritorial, bajo la iniciativa del Ministerio de Sanidad, ha esperado al principio del final de la pandemia para pasar a obligaciones unas recomendaciones que, durante el tiempo en que no fueron vinculantes, se saltaron no solo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso; también Cataluña y Asturias, cuyo Gobierno liderado por Adrián Barbón (PSOE) ha sido un aliado habitual del Ejecutivo central durante la pandemia.

Cuando parecía que la polémica por la segunda dosis de los vacunados con AstraZeneca iba a ser la última discusión pandémica en una España que avanza con buen camino hacia la inmunidad de grupo, el semáforo covid se vuelve obligatorio e instaura, entre otras decisiones, el cierre obligatorio del interior de bares y restaurantes en las comunidades con los niveles de alerta 3 o 4, que incluyen Aragón, La Rioja, Euskadi y la Comunidad de Madrid. Por el momento, las dos últimas no acatarán, lo que devuelve al país al debate jurídico de si un Documento de Actuaciones Coordinadas (DAC) aprobado por mayoría en el Consejo Interterritorial obliga al cumplimiento a las regiones que no han votado a favor.

En octubre, durante el pulso entre el Ejecutivo madrileño y el Gobierno central por una segunda ola que vino antes de lo previsto, el Ministerio de Sanidad dejó claro que así lo cree. En aquella ocasión, el Consejo Interterritorial emitió un DAC para cerrar perimetralmente tanto Madrid como sus municipios, mediante unos criterios que solo cumplía esta región. El Gobierno pidió un informe de la Abogacía de Estado, que señaló que la ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público dicta que "los acuerdos obligarán a todas las comunidades autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso", en palabras del Ejecutivo.

Madrid aceptó, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó que derechos fundamentales pudieran vetarse sin Estado de alarma. Dicho y hecho: el Ejecutivo lo decretó y se acabó la discusión. Castilla y León ya ha anunciado que recurrirá el acuerdo, por considerarlo una vulneración de competencias, así que pronto España volverá a otra discusión jurídica sobre la pandemia. 

Una semana después, el Consejo Interterritorial dio luz a la primera versión de las Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Al no ser un DAC, no era de obligado cumplimiento. Establecía, por primera vez desde la explosión de la crisis sanitaria, una serie de niveles de alarma (1, 2, 3 y 4, o nueva normalidad, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto) en base a una serie de indicadores más allá de la incidencia acumulada (casos/100.000 habitantes): transmisión entre mayores, positividad (número de test positivos en relación al total), trazabilidad (porcentaje de casos de los que se conoce su origen) o saturación hospitalaria. Estos baremos generan consenso. Lo que despierta la polémica es la segunda parte, las medidas que se proponen para cada nivel. 

En una primera versión, elaborada por el Ministerio de Sanidad, el semáforo covid llamaba a cerrar el interior de bares y restaurantes en los niveles tres y cuatro, así como una cuestionable reducción del aforo en transporte público (en vez de ampliarlo y mejorar las frecuencias para permitir la distancia entre pasajeros). Sin embargo, tras su paso por el Consejo Interterritorial, la redacción se descafeinó. No solamente el documento no es de aplicación obligatoria, sino que se establecía que los Gobiernos autonómicos "deberán valorar" la clausura. La recomendación se ciñó, únicamente, a pensarlo. 

La actualización fantasma de diciembre

Enero de 2021. Los epidemiólogos llevaban semanas advirtiendo de los peligros de permitir la movilidad durante las fiestas navideñas y las reuniones familiares en interiores. La incidencia, de hecho, comienza a subir días antes del 24 de diciembre y se dispara una semana después de Reyes, en la peor crisis de covid vivida por el país desde la primera ola. Desde diciembre, los técnicos del Interterritorial ya trabajaban en una propuesta de revisión de las actuaciones de respuesta coordinada para cambiar el laxo "deberán valorar" por una redacción más contundente, entre otras modificaciones. El documento estaba listo, como mínimo, para el 20 de enero, como ha podido comprobar infoLibre.

El mismo documento, con las mismas modificaciones, se aprobó finalmente el 26 de marzo, con lo peor de la tercera ola atrás. Nunca trascendió por qué tardó tanto en aprobarse. Llamaba claramente a cerrar el interior de la hostelería en las comunidades con niveles 3 y 4 de alerta. En ese momento eran la Comunidad de Madrid, Asturias, Cataluña, Navarra y Euskadi, además de Ceuta y Melilla. Las dos ciudades autónomas, además de Cataluña, Asturias y Madrid, rechazaron seguir con la recomendación.

Pero incluso en los momentos más duros de la tercera ola, con las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) al límite y los fallecidos diarios volviéndose a contar por centenares, varias regiones evitaron la clausura. Es conocida la postura de Madrid, una región que ha ido encabalgando olas hasta llegar a junio de 2021 con una ocupación hospitalaria seria y con transmisión comunitaria desde el pasado verano. Pero Andalucía, por ejemplo, solo cerró el interior de bares y restaurantes cuando la incidencia de un territorio superaba los 1.000 casos, muy por encima del baremo que establece el semáforo. Otras tomaron la decisión mucho más tarde de lo que el documento recomendaba. 

El Ministerio de Sanidad, junto al Consejo Interterritorial, podía haber aprobado el endurecimiento del semáforo covid en enero. No lo hizo. Podía haber impulsado una DAC, de obligado cumplimiento, para intentar que las comunidades autónomas tomaran las medidas más contundentes y efectivas durante la pandemia, tras el fin del mando único durante la primera ola. No lo hizo. ¿Por qué hacerlo en junio de 2021, a semanas, en teoría, del fin de la crisis sanitaria? El Gobierno no lo ha confirmado, pero puede tener que ver con el hecho de que Reino Unido sigue desaconsejando las vacaciones en España. Para incluir al país en la lista verde, la incidencia debe bajar. Y los británicos no han oído las peticiones españolas para diferenciar por comunidades. Hay mucho dinero en juego.

La pista la ofreció la ministra de Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que a mediados de mayo aseguró que había comunidades autónomas con índices de incidencia "muy altos", en particular Madrid, por lo que si no se consigue que el Reino Unido "mida de forma territorial, será necesario bajar la incidencia en todo el territorio". El Gobierno de Boris Johnson revisará su decisión en tres semanas, tiempo de sobra para obtener el verde bajando la incidencia si se endurecen ahora las medidas.

El Interterritorial hace obligatorias las recomendaciones del 'semáforo covid' y fuerza a Madrid a cerrar el interior de los bares

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Una descoordinación inédita en Europa

La mayoría de los países europeos más afectados que Europa han prescindido de la descentralización para abordar la pandemia. Las medidas, dictadas desde los Gobiernos centrales, han sido contudentes, y las desescaladas mucho más lentas que las aplicadas en territorio español. Así lo han hecho naciones como Reino Unido, Francia, Portugal o Italia. Alemania, sin embargo, ha seguido confiando en su federalismo, con un constante diálogo entre la canciller, Angela Merkel, y los länders. Las decisiones, los criterios y los baremos han salido, salvo excepciones, por consenso.

Sin embargo, la concordia corrió peligro: en marzo, Merkel amenazó con una ley federal para obligar a las restricciones, ante la evidencia de que algunos länders no estaban cumpliendo lo prometido. Aun con los posibles paralelismos, las diferencias con la situación española son evidentes. Durante casi toda la pandemia, los datos epidemiológicos en el país germano han sido mejores. Y, por consecuencia, los criterios más duros. El acuerdo, firmado por todos los territorios –no como los del Interterritorial–, exigía la paralización de la desescalada si la incidencia acumulada en los últimos siete días era mayor de 100. En Madrid, con todo abierto, bordeaba los 500 casos en enero.