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Igualdad

El Gobierno aplaza hasta el 1 de abril la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la vicepresidenta Carmen Calvo, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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La ampliación de las bajas por paternidad no entrará en vigor hasta el 1 de abril, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo.

El decreto entrará este viernes 8 de marzo en vigor, salvo el artículo 2; apartado tres del artículo 3; y apartados siete y ocho del artículo 7 que lo hará "el día primero del mes siguiente al de su publicación", es decir, el 1 de abril. Dentro de estos artículos figura la regulación de las bajas por paternidad que será progresiva hasta alcanzar las 16 semanas en 2021.

Fuentes del Gobierno han justificado la demora en la aplicación de los permisos por nacimiento para los progenitores en la necesidad conceder un mayor plazo a la Seguridad Social y a las empresas para su adaptación. "Esto es una importante novedad por ello su entrada en vigor no puede ser inmediata, porque la Seguridad Social debe adaptar su funcionamiento al nuevo régimen de permisos y también facilita a las empresas su organización y adaptación", han explicado desde el ejecutivo.

Fue la propia vicepresidenta la que anunció el pasado viernes que la ampliación de las bajas por paternidad entraría en vigor el 5 de marzo, pero el gobierno ha ido retrasando la publicación del decreto. Este miércoles señaló que no se había publicado por un error en el texto que debía subsanarse sin ofrecer mayor concreción. En una entrevista en RNE, Calvo ha justificado que la ampliación de la baja por paternidad sea progresiva durante los próximos tres años para favorecer su implantación. "Es un decreto justo y equilibrado para la estructura empresarial de nuestro país de forma que les dé tiempo a la adaptación necesaria para llegar a las 16 semanas, que es lo que se esta debatiendo en Europa", ha explicado Calvo.

La vicepresidenta ha señalado que la ley de igualdad laboral se registró hace un año y al ver que "con el bloqueo al que les han sometido PP y Cs" en la Mesa de la Cámara, el Ejecutivo ha decidido sacar "algunos elementos importantes", como la ampliación de las bajas por paternidad, de los planes de igualdad y la destinada a combatir la brecha salarial. La vicepresidenta ha confiado en que el Real Decreto sea convalidado en la diputación permanente del Congreso, para lo que existe un plazo de 30 días, y espera que la medida obtenga el respaldo de PP y Ciudadanos. "En las últimas semanas hemos escuchado por parte de estos partidos que están por cualquier pacto en favor de la igualdad y no sabemos si es algo creíble, por lo que ahora tienen la oportunidad de demostrar que van en serio. Obras son amores y el 8 de marzo tiene otra cita que es la convalidación de un real decreto en el que esperemos que estén", ha expuesto Calvo.

La vicepresidente ha explicado que la ampliación de las bajas por paternidad será financiada con cargo a la Seguridad Social y ha cifrado en 200 millones el coste de los mismos. Asimismo, ha confiado en que el nuevo gobierno que salga de las urnas el 28 de abril mantenga esta medidas porque "la sociedad española es cada vez más sensible a estos cambios". Calvo también se ha referido a la baja por paternidad del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y, aunque ha eludido valorar "decisiones personales", ha recordado que "los permisos vienen para que los hombres asuman que cuando tienen un hijo su vida cambia". En cuanto al regreso de Iglesias a la primera línea de la política, anunciada ayer a través de un cartel que ha sido calificado de "machista", Calvo ha admitido que "en la manera en la que ha vuelto se han equivocado".

10 semanas cada uno

Ambos progenitores tendrán otras 10 semanas cada uno a distribuir hasta el primer año del recién nacido, y éstas podrán repartirse a jornada completa o parcial, y en ningún caso podrán cederse. En cualquier caso, si ambos progenitores deciden disfrutar de los permisos de manera equitativa éstos se ampliarán en una semana cada uno.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, justificó la implantación progresiva del permiso "para dar tiempo suficiente a las empresas". También apeló a la "corresponsabilidad" de ambos progenitores. "La maternidad es una opción libre de las mujeres y tenemos que hacernos corresponsables todos", incidió en la rueda de prensa posterior al Consejo.

El objetivo de llevar esta medida a través del decreto ley es poder hacerla efectiva, ya que se quedó en el aire al tumbarse los presupuestos generales por parte del Congreso de los Diputados. Estaba prevista también en la Ley de Igualdad Laboral que presentó el grupo socialista hace un año en el Congreso, cuya tramitación quedó varada ante el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes Generales.

610 millones de financiación

El Gobierno estima que el coste económico de este decreto ley rondará lo 610 de euros, presupuestado a cargo de la Seguridad Social y su "incremento de la recaudación" gracias a los mayores ingresos derivados del alza del Salario Mínimo y el aumento de la cotización máxima.

En el proyecto de ley de presupuestos para 2019 --tumbados por el Congreso-- el Gobierno preveía gastar 302 millones más para poder financiar la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas en 2019.

Según datos del Ministerio de Trabajo, el gasto en prestaciones por paternidad experimentó en 2018 un incremento anual del 12,2% tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas. De acuerdo a estas cifras, el número de prestaciones por paternidad gestionadas en 2018 por la Seguridad Social ascendió a 255.531, un 3,4% menos que en 2017, con un coste superior a los 448 millones de euros (+12,2%).

Obligación de un registro de tablas salariales

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Otra medida del real decreto ley, y que estaba contemplada en la Ley de Igualdad Laboral del PSOE, es la exigencia de redacción de los planes de igualdad a empresas de más de cincuenta trabajadores. Las empresas que tienen más de 50 trabajadores tendrán tres años para elaborarlos, mientras que se da un margen de un año a las empresas que tengan más de 250 trabajadores.

También se recoge la obligatoriedad de la publicación de las tablas salariales para empresas, a las que se tendrá acceso a través de la representación sindical o delegación personal.

Otra medida del decreto ley es la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.

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