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El Gobierno de Ayuso admite por escrito retrasos en el mapa de la incidencia del virus en las residencias en plena oleada de rebrotes

Sillas de ruedas y andadores amontonados en una residencia de mayores de Madrid.

"Como consecuencia de problemas informáticos, la transmisión de la información sobre los resultados del mapa serológico de los centros realizado hasta ahora se ha demorado por causas ajenas al laboratorio". Así comienza el correo electrónico con el que Francisco Javier Martínez Peromingo, director general de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, explicó la demora en la entrega de los resultados de las pruebas de coronavirus realizadas a trabajadores y ancianos de los centros de mayores de la región.

Según el e-mail al que ha tenido acceso infoLibre, el mensaje se envió el pasado martes, 25 de agosto, al menos a un total de 68 direcciones diferentes, la mayoría de ellas de residencias privadas y concertadas —la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), por ejemplo, también aparece como destinataria. Se desconoce, no obstante, si el mismo mensaje fue trasladado a otros centros. "Desde el laboratorio, los equipos de geriatría y esta Dirección General entendemos la ansiedad que genera no disponer de los datos con la premura que prometimos", se disculpa.

Se refiere a los resultados de las pruebas que se anunciaron el pasado 25 de junio, hace más de dos meses. Ese día, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), anunció en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea autonómica que la Comunidad pondría en marcha un estudio "pionero en Europa" para "poder identificar los cambios en la prevalencia de la infección" por SARS-CoV-2 que permitieran "adoptar las medidas ante nuevos brotes de covid-19", según una nota de prensa del propio Ejecutivo regional. El objetivo de fondo parecía ser poner todos los medios necesarios para evitar que los centros para la tercera edad volvieran a convertirse en la zona cero de la pandemia, que ya ha acabado con la vida de 19.800 residentes, más de 5.900 en la región madrileña. El sistema parecía sencillo: sabiendo con qué inmunidad cuentan los ancianos y los trabajadores de cada residencia, se podrían elaborar planes más concretos para, en caso de detectar positivos de covid-19, actuar de forma más rápida y, sobre todo, eficaz.

Pero la "demora" reconocida por la propia Comunidad lo ha dificultado. El mapa anunciado por el Gobierno autonómico pretende contar con los datos de inmunidad de 50.000 residentes y 20.000 profesionales de los centros, tanto públicos como privados. 70.000 personas en total. Todas, eso sí, con un consentimiento firmado previamente. Hasta la fecha, y según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, han sido realizadas 42.188 pruebas en 316 residencias. Lo que falta estará terminado, creen, en tres semanas. Además, en una "se prevé que se pueda ofrecer en las residencias que han finalizado el estudio la categorización según la inmunidad". 

En una residencia del norte de Madrid con la que se ha puesto en contacto infoLibre, casi todo el mundo accedió a someterse a los test, que consistían en la detección de anticuerpos IGM e IGG, y la técnica de PCR para los casos que estaba indicada. Residentes y trabajadores se sometieron a las pruebas a mediados de julio. Y este jueves, precisamente, tras colgar el teléfono a este diario, su directora tuvo acceso a los resultados de sus trabajadores. Sobre los de los residentes, le dijeron que le llamarían "la próxima semana", dice. Todavía nada. No están "categorizadas", según la terminología utilizada por la Consejería. Y así, según lamenta, es complicado establecer protocolos para actuar. Se sienten, critica, "desamparados". Y su ejemplo "es el de muchas".

Esta semana, tras otras muchas de espera, recibieron ese correo electrónico que hablaba de "problemas informáticos". ¿De qué problemas se trata? La Consejería de Sanidad, a preguntas de este periódico, no lo aclara, aunque afirma que "se trata de un problema puntual, que está siendo subsanado y ofrecerá plena operatividad" entre este viernes y el próximo lunes. No obstante, y al igual que en el correo remitido, el organismo asegura que, "independientemente del problema informático, cuando se ha detectado un brote se ha gestionado el procesado de manera preferente remitiendo los resultados con premura". "La comunicación de los resultados (no el volcado) se hace de forma directa a las residencias para respetar la protección de datos", añade en su respuesta a este diario. Sin embargo, la directora del centro con la que se puso en contacto este diario afirmó no tener ninguna respuesta sobre los resultados de sus pacientes. De ningún tipo. El e-mail de la Consejería, en este sentido, admitía entender la "ansiedad" que eso generaba. "Ruego comprensión", concluía.

No obstante, no sólo se ha retrasado el conocimiento de estos datos. En paralelo, y según han venido publicando distintos medios en los últimos días, los resultados de las pruebas PCR realizadas a la población en general cada vez tardan más tiempo en ser comunicados. Según explicó la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL) a la Cadena Ser, el origen de esto está en la falta de los reactivos necesarios para que las máquinas que se utilizan para obtener los datos puedan funcionar con normalidad. "Tenemos un problema con el acúmulo de los reactivos. En Cataluña, Aragón, Castilla y León, Andalucía y, sobre todo, en Madrid, yo creo que los dirigentes no han tomado las medidas necesarias para que en estos dos meses que nos ha dado tregua la pandemia se hiciera un almacenaje", dijo el presidente de la organización, Juan Carlos Rodríguez, en la citada cadena.

Que las residencias no vuelvan a ser un foco letal

Los expertos lo aseguraron cuando empezó todo, se fue confirmando con el paso de los días y se insistió en ello en distintas ocasiones, también ahora: los mayores y las personas con patologías previas son las más vulnerables frente al covid-19. Por eso son a las que más hay que proteger. Sin embargo, las residencias de ancianos se convirtieron ya en el mes de marzo en el foco más letal de la pandemia. Suman esos dos ingredientes: acogen a personas mayores que, casi en la totalidad de los casos, tienen patologías previas. Por eso los gobiernos autónomicos y el central han elaborado distintas estrategias para evitar que, ante el nuevo aumento progresivo y sostenido de los casos de coronavirus, los centros de mayores vuelvan a situarse en el punto de mira del coronavirus.

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Este lunes, de hecho, la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que dirige Pablo Iglesias y que carece de competencias en la gestión de los centros, mantuvo una reunión con los consejeros responsables de estos centros, con los que acordó un "plan de choque" para afrontar los rebrotes. Según reveló la consejera de Asuntos Sociales de Illes Balears, Fina Santiago, esa estrategia incluye medidas —entre ellas la reducción y el control de las visitas y las salidas y los protocolos de aislamiento y derivación a hospitales— que persiguen reducir el impacto del virus en las residencias y que se revisarán cada 15 días. El Ministerio de Sanidad, en cualquier caso, ya había acordado unos días antes y también con las autonomías que los centros de mayores deberán realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos con 72 horas de antelación como máximo, así como a los nuevos empleados y aquellos que se reincorporen tras permisos y vacaciones.

El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, se mostró preocupado por si el coronavirus volvía a impactar en estos lugares del mismo modo que ya lo hizo en los peores meses de la crisis. Si sigue aumentando la transmisión entre la población general, "acabará entrando" el virus en estos centros. "No es una cosa sólo de residencias, es de todos", advirtió.

Sin embargo, y aunque el impacto fue generalizado, fueron las residencias madrileñas las que más sufrieron la crisis sanitaria. Y buena parte de eso tuvo con ver con el Protocolo establecido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, desvelado por infoLibre, que vetaba la atención hospitalaria para muchos de los usuarios de estos centros. En los veinte días posteriores a su aprobación, 5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo. Aunque se negó esa atención, el Gobierno de Ayuso no ejecutó ninguna de las tres alternativas que tenía: ni trasladó a los mayores enfermos al Ifema, ni usó la red hospitalaria privada para atenderlos, ni medicalizó las residencias.

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