El diálogo sobre Cataluña

El Gobierno busca el modo de dar continuidad a la mesa sobre Cataluña sin ceder a la demanda de un referéndum

Pedro Sánchez y Quim Torra, durante la reunión que mantuvieron en el Palau de la Generalitat para hablar de la mesa de diálogo.

Por primera vez desde que el Tribunal Constitucional metió en un callejón sin salida, en junio de 2010, el autogobierno catalán al anular parcialmente el Estatuto de Autonomía que habían aprobado por amplia mayoría el Parlament, el Congreso y los ciudadanos de Cataluña a través de un referéndum, el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat se sentarán este miércoles en La Moncloa para abordar en una mesa de diálogo las posiciones que enfrentan a quienes defienden que la solución es un referéndum de autodeterminación y lo que sostienen que primero hay que pactar una posición común y después, y sólo después, someterla al criterio de los catalanes.

El camino hacia la mesa no ha sido fácil. El presidente Pedro Sánchez ha terminado por abrazar la estrategia del diálogo que había abandonado hace un año forzado por la necesidad de contar con los votos de Esquerra Republicana para sacar adelante la legislatura en el Congreso, especialmente los Presupuestos Generales para 2020. Fue ERC, precisamente, quien arrancó al PSOE el compromiso de poner en marcha este foro de diálogo a cambio de su abstención en la investidura que puso fin al bloqueo institucional en España. Y fueron ellos también los que obligaron al Gobierno a mantener el calendario y renunciar a la idea de aplazar las conversaciones hasta después de las elecciones catalanas que el president Quim Torra ha anunciado para este año pero a las que todavía no ha puesto fecha.

De hecho, las últimas horas han sido tormentosas. El acuerdo suscrito entre el PSOE y ERC estableció que en la mesa estarían representados el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cataluña a través de delegaciones paritarias “y con los miembros que ambas partes decidan”. A pesar de ello, en La Moncloa no sentó nada bien que el Ejecutivo autonómico catalán decidiese incluir en su representación, además de miembros del Govern como el presidente Quim Torra, el vicepresidente Pere Aragonès y los consellers Jordi Puigneró y Alfred Bosch, a personas que no lo son: los diputados Elsa Artadi (Junts), Marta Vilalta (ERC), y Josep Maria Jové (ERC) y el ex jefe de gabinete de Torra y de Carles Puigdemont Josep Rius.

Una vez conocida la composición de la delegación catalana, el PSC hizo pública su “decepción” con los nombres elegidos por el Govern y Moncloa, aunque evitó cualquier declaración que pusiese en peligro el objetivo principal —la constitución de la mesa— debatió distintos escenarios y sus consecuencias, incluida la posibilidad de exigir otra representación. Sin embargo, el Gobierno optó finalmente por salvaguardar la cita, más aún a pocas horas de que el Congreso debata los objetivos de estabilidad presupuestaria de aquí a 2023, para cuya aprobación es imprescindible el concurso de Esquerra. Si los objetivos de estabilidad no salen adelante, el Gobierno no dispondrá del marco que necesita para tramitar los presupuestos sobre los que ya trabaja y la continuidad de la legislatura estará en entredicho.

En las últimas horas se ha especulado también con la supuesta incomodidad que habría causado en la Moncloa la participación en la mesa de Jové, imputado en relación con el referéndum del 1 de octubre cuando era el número dos de Oriol Junqueras en la Generalitat. Pero Jové ya formó parte de la delegación de Esquerra con la que el PSOE negoció la mesa a finales de 2019, en compañía de Gabriel Rufián y Marta Vilalta. En aquella ocasión los socialistas no pusieron ninguna pega a su presencia en una negociación que por parte de Ferraz asumieron Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria, Jose Luis Ábalos, el secretario de Organización del partido, y Salvador Illa, en representación del PSC.

En vez de exigir la modificación de la delegación catalana, el Gobierno optó por ampliar la suya, de manera que al menos se cumpla el requisito de la paridad. Por parte del Ejecutivo español estarán presentes también ocho personas: Pedro Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, y los ministros Carolina Darias, Salvador Illa, Manuel Castells, María Jesús Montero y José Luis Ábalos. 

Ambas delegaciones se reunirán por primera vez este miércoles a partir de las 16:30 horas en el Palacio de la Moncloa. Allí Torra y los suyos pondrán sobre la mesa sus demandas, entre ellas que Sánchez reconozca a “todas las partes en conflicto”, una expresión con la que aluden a los políticos huidos a Bélgica y Suiza y a los que están cumpliendo penas de prisión. Así lo explicó este martes la portavoz del Govern, Meritxell Budó, después de que Junts exigiese que el Gobierno reconozca a Puigdemont.

Sin orden del día

Lo cierto es que la cita de este miércoles no tiene orden del día, más allá de su mera constitución como mesa de diálogo. O al menos no lo tenía a última hora del martes.

No obstante, el Govern se propone plantear ya, desde el primer momento, su demanda de un referéndum de autodeterminación y la anulación de las decisiones judiciales que pesan sobre los protagonistas del procés, con la intención de que el Gobierno se vea obligado a tomar posición sobre ambas exigencias. Y, pese a las reticencias de Esquerra, Torra pondrá también sobre la mesa la necesidad de pactar la presencia de un mediador internacional, algo a lo que el Ejecutivo español se sigue oponiendo y que los republicanos no consideran imprescindible. Y lo hará, según Budó, desde la unidad de acción, pese a las discrepancias entre JxCat y ERC: “Vamos conjuntamente a negociar una resolución al conflicto político. No vamos a hacer dos negociaciones en paralelo”.

En realidad todo indica que Junts y ERC se sentarán a la mesa sin haber cerrado el temario que van a defender y, sobre todo, sin aclarar si Torra viaja a Madrid con una línea roja de la que dependa la continuidad de la mesa de diálogo. Esquerra ha hecho de la existencia misma de la mesa su gran triunfo político y la culminación de la estrategia política puesta en marcha por Junqueras tras el fracaso de la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. Junts, en cambio, no se siente tan cómoda con el nuevo foro. Y, aunque no quiere aparecer como culpable de que la mesa salte por los aires, acude a la Moncloa con un programa de máximos con el que demostrar dos cosas: que Sánchez nunca aceptará convocar un referéndum de autodeterminación y que Esquerra se ha equivocado al haber facilitado su investidura.

En ese contexto, la prioridad del Gobierno es poner en marcha el diálogo y garantizar que tiene continuidad. En parte porque, a largo plazo, han asumido que es la única salida posible al conflicto —buscar un acuerdo que pueda ser asumido por la mayoría de la sociedad catalana, lo que incluye necesariamente independentistas y no independentistas— y porque saben a través de las encuestas que la ciudadanía catalana, y también gran parte de la población del resto de España, están hartos del clima de confrontación y apuestan por el diálogo. Pero también, por supuesto, porque del mantenimiento de ese diálogo depende la legislatura, especialmente la aprobación de los nuevos objetivos de estabilidad —la primera votación tendrá lugar el jueves— y los Presupuestos para 2020.

Conscientes de que las posiciones sobre la autodeterminación son “antitéticas”, y de que nadie quiere levantarse de la mesa para no aparecer como el culpable de que el diálogo fracase, Sánchez quiere plantear al Govern empezar por los asuntos sobre los que las posiciones están, teóricamente, más próximas. El presidente los incluyó en la Agenda para el Reencuentro, el documento de 44 puntos que trasladó a Torra durante la reunión que mantuvieron en Barcelona hace tres semanas.

Torra ha señalado repetidamente que se trata de cuestiones a tratar en la comisión bilateral prevista en el Estatut pero no en esta mesa de diálogo. El Gobierno discrepa: muchos de los temas, aseguran, superan los límites de la citada comisión y afectan a asuntos tales como la memoria democrática, la reforma de la financiación autonómica —con especial referencia a las fiscalidad catalana— o el respeto a la escuela catalana en la nueva ley educativa, entre otras materias.

Margen para el acuerdo

Sánchez quiere empezar por ahí, convencido de que hay margen para el acuerdo. Prolongar la mesa y conseguir que empiece a dar frutos le permitirá no sólo apuntalar la legislatura sino tejer un clima de confianza a partir del cual intentar, a largo plazo, construir un acuerdo susceptible de ser respaldado por la inmensa mayoría de los catalanes. En Moncloa creen además que si Esquerra consigue ganar las elecciones a Junts y se hace con el timón de la Generalitat, la mesa y la estrategia del diálogo saldrán reforzadas.

El Gobierno, explicó este martes la vicepresidenta Carmen Calvo, quiere aprovechar esta primera reunión para hacer una “reflexión” acerca de cómo se ha llegado hasta aquí. Sin obviar que el independentismo catalán “llegó a una vulneración importante” de la ley, también señaló otro culpable: la “herencia” recibida del PP, que actuó con “desidia”, “falta de diálogo” y llevando a los tribunales decisiones que debía haber resuelto antes la política.

“Se dijo durante mucho tiempo que en Cataluña el independentismo crecía porque había la callada por respuesta, la desidia, cuando no incendiar un poco más las posiciones extremas de las que se han beneficiado algunos en la política española. Este Gobierno representa justo lo contrario de eso, la capacidad de encontrar respuestas”, proclamó.

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La sociedad catalana está “cansada” de una situación a la que no ve más salida que la de la convivencia. Y no sólo dentro de Cataluña, también en el resto de España mucha gente encuentra “muy constructivo y necesario” que frente a este tipo de situaciones el presidente del Gobierno y el de la Generalitat se sienten a hablar.

Más allá de los resultados a corto plazo, que el Gobierno sigue considerando difíciles de alcanzar, “lo importante”, concluyó, es que las dos delegaciones se sienten a hablar porque “sólo se puede avanzar empezando”. “El Gobierno está convencido de la utilidad de iniciar una vía de diálogo para solucionar un conflicto que lleva demasiado tiempo enquistado”, añadió a su vez la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Montero será quien salga a dar cuenta a los medios de comunicación de los resultados del encuentro. Y Quim Torra quien tome la palabra en nombre del Govern.

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