El Gobierno quiere que el martes que viene se apruebe de manera definitiva el decreto del embargo de armas a Israel. Pero ahora mismo en el Ministerio de Economía tratan de resolver las dificultades técnicas para acometer una de las medidas estrella anunciada por Pedro Sánchez y que conlleva una gran complejidad en su aplicación: la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.
Según explican fuentes del núcleo duro del Gobierno, este punto está dando muchos problemas técnicos a la hora de su aterrizaje y aplicación en las aduanas. Los técnicos del Ministerio de Economía y Comercio, pilotado por Carlos Cuerpo, están afinando durante estos días el texto en ese sentido. “Le van a dar solución”, señalan desde el Palacio de La Moncloa.
El Gobierno tenía intención de aprobar el decreto este martes en el Consejo de Ministros, pero ha tenido que posponerlo para ajustar bien el redactado. El texto, además, contiene el embargo de compra y venta de armas a Israel, una medida de mayor calado pero que no está dando problemas a la hora de ponerla negro sobre blanco.
El ala socialista confía en dar luz verde el martes al texto, mientras Sumar presiona para que sea una realidad. “No hay otro escenario, se tiene que acordar en el próximo Consejo de Ministros”, señala de manera firme uno de los ministros de la parte de Yolanda Díaz.
El decreto también incluirá otras medidas anunciadas por Sánchez, como la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes y la denegación del espacio aéreo español a las aeronaves con material de defensa destinado a Israel.
Una medida de presión solicitada por las ONG
Los técnicos tratan de resolver ahora cómo aplicar ese veto a productos de las zonas ocupadas ilegalmente por colonos israelíes en Cisjordania y Gaza. Algo que presenta una cierta complejidad al no poder controlarse meramente con una etiqueta de producto israelí y centrarse en asentamientos concretos. Asimismo, afecta a convenios y acuerdos internacionales. El Ejecutivo cree que hay que actuar en ese sentido con el objetivo de “combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina y mantener viva la solución de los dos Estados”.
Este mismo mes más de 80 organizaciones no gubernamentales internacionales han solicitado a los gobiernos que rompan sus relaciones comerciales con los territorios ocupados bajo la campaña Stop trade with settlements. La presencia de estos colonos en Palestina infringe el derecho internacional, según estas ONGs.
El informe señala a compañías como la española eDrema Odigeo y su filial Opodo, que han ofrecido hoteles y alojamientos en los asentamientos israelíes, aunque han retirado sus servicios en estas zonas después del documento, según El País.
Defensa dice que ya no hay vinculación contractual con Israel
El martes se conocerán, por tanto, los detalles de ese decreto. Desde el Ministerio de Defensa argumentan que ellos ya no tienen ningún tipo de vinculación contractual con empresas israelíes y que, por su parte, no han puesto ninguna objeción para la redacción del decreto de embargo de compra y venta de armas.
Sánchez anuncia un decreto urgente para el embargo de armas a Israel
El departamento que dirige Margarita Robles afirma haber culminado la semana pasada la cancelación de dos grandes contratos con componentes israelíes, como consta en el portal de contratación de la Administración pública. Uno era para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam, con un presupuesto de 697,5 millones, y otro para la compra de 168 misiles contracarro Spike LR2, por un valor de 287,5 millones.
Otro de los contratos en el centro de la polémica fue el de compra de balas del Ministerio del Interior a una empresa israelí, que provocó un fuerte choque dentro del Gobierno y estuvo a punto de provocar la salida de Izquierda Unida de la coalición. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska indican que se adoptó la decisión de cancelarlo y que se encuentra ahora en proceso de anulación porque el “trámite es largo”.
Según el Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Gobierno ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.044 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023, fecha del inicio de la guerra en Gaza, hasta finales de abril de este año, según sus consultas en la Plataforma de Contratación del Estado.
El Gobierno quiere que el martes que viene se apruebe de manera definitiva el decreto del embargo de armas a Israel. Pero ahora mismo en el Ministerio de Economía tratan de resolver las dificultades técnicas para acometer una de las medidas estrella anunciada por Pedro Sánchez y que conlleva una gran complejidad en su aplicación: la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.