El Gobierno deja en un limbo a los demandantes de asilo

La situación de una parte de los solicitantes de asilo en España se ha visto relegada a condiciones “indignas” de vida porque el Gobierno no les concede las prestaciones básicas para subsistir en tanto que estudian sus demandas de asilo. Así lo denuncia la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo, que ha convocado una concentración impulsada por los propios solicitantes vinculados a la iglesia, y que se celebrará este martes a las 11:00 frente a la Secretaría de Estado de Inmigración y Migraciones bajo el lema “Refugiados sin refugio”.

Se trata de personas que proceden de distintos países y cuya situación personal les hace susceptibles de recibir asilo, condición que se concede a aquellos individuos sobre los que recaen temores fundados de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas.

La parroquia de San Carlos Barromeo, situada en Entrevías (Vallecas), denuncia que se ha producido un “deterioro insostenible” de las condiciones en las que viven estas personas como consecuencia de un “problema de recursos”. Patricia Fernández, abogada perteneciente a la parroquia, explica en declaraciones a infoLibre que existe un "retraso demoledor" desde que se solicita el asilo hasta que se conoce una resolución. El tiempo de espera una vez solicitado puede llegar a prolongarse hasta tres años, tiempo durante el cual muchas de estas personas se encuentran en una situación de abandono por parte del Gobierno.

El Defensor del Pueblo ha recogido “un importante número de quejas referidas a las demoras en la resolución de las solicitudes, y otras tantas relacionadas con las condiciones en las que viven durante el tiempo de espera”. Actualmente existen un total de 15 quejas abiertas, todas en trámites.

La situación de estas personas es “extremadamente delicada”, ya que habitualmente han vivido situaciones de guerra, tortura o persecución, por lo que lo primordial sería “atender a sus necesidades psicológicas”, explica Patricia Fernández, quien resalta además la importancia de entender que un refugiado no es un inmigrante, porque no cabe la opción de regresar a su país de origen.

A raíz de la escasez de ayudas, muchas de estas personas se ven obligadas a acudir a lugares como la parroquia de San Carlos Barromeo, donde les proporcionan, en la medida de lo posible, recursos para poder subsistir. “Pero no somos un centro de acogida, nosotros sólo podemos ofrecerles solidaridad espontánea”, señala la abogada, quien cree que el primer apoyo debe ser la “acogida inmediata” y la “defensa de sus derechos”.

La eterna espera sin ayudas

Todo el que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido resuelta de forma definitiva se encuentra en una especie de limbo, a la espera de obtener los derechos que le corresponden una vez aprobada su solicitud de asilo. 

Para este tipo de situaciones, la Ley 12/2009 de 31 de octubre, reguladora del derecho de asilo, dispone que “se proporcionará a los demandantes de protección internacional los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad”. Una de estas ayudas son los Centros de acogida a refugiados (CAR), establecimientos públicos destinados a prestar alojamiento, manutención y asistencia psicosocial. Para poder acceder a estos centros, los solicitantes han de cumplir una serie de requisitos: carecer de trabajo o medios económicos, no padecer enfermedades transmisibles o discapacidades físicas o psíquicas, y la aceptación expresa de la normativa del establecimiento.

Sin embargo, debido a la “saturación” que reconoce el ministerio  –el número de solicitudes en 2014 fue el más alto desde la II Guerra Mundial, pero supuso menos del 1% de todas las solicitudes llegadas a la Unión Europea–, muchos de los solicitantes todavía no han recibido apoyo, lo cual se traduce en ocasiones en personas que no tienen dónde ni cómo vivir.

Patricia Fernández asegura que “al menos 300 demandantes de asilo no están recibiendo estas ayudas, y el hecho de que no dispongan de los recursos necesarios para una vida digna supone una vulneración de la legislación nacional”. Ni siquiera aquellas personas que sí han recibido ayudas pueden gozar de unas condiciones óptimas: “Nos encontramos con que los que sí son beneficiarios ven restringido el tiempo de acogida, que se extiende a un máximo de seis meses”, apunta Fernández, y así lo confirman desde la Secretaría de Inmigración y Migraciones.

El Defensor del Pueblo explica que “el importante aumento en el número de solicitantes ha originado que los recursos de acogida con los que contaba la Administración se hayan saturado”. Y añade que para combatir esta situación están llevando a cabo actuaciones que aún no han finalizado.

Sin embargo, Patricia Fernández cree que la “actitud” de la Administración central está encaminada a dar una “sensación de saturación” para hacer ver que España no puede atender a todos estos refugiados. “Pero sí puede", recalca; "lo que están haciendo no es más que una política para deteriorar el asilo”.

En el año 2014 se tramitaron un total de 5.947 demandas de asilo, de las cuales un 44% fueron aceptadas y un 56% denegadas, según publica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El Secretario General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) expresó que desde la organización no querían hacer declaraciones a infoLibre sobre este tema. Tampoco desde ACNUR hemos recibido respuesta a nuestras cuestiones. Representantes del Ministerio de Interior y Exteriores no han contestado a nuestras preguntas.