La crisis del coronavirus

El Gobierno insiste en convocar a partidos y agentes sociales a pactar “la reconstrucción” tras la pandemia

Imagen de la reunión del Consejo de Ministros facilitada por los servicios de prensa de la Moncloa.

El Gobierno prefiere no tomar en consideración los recelos y el rechazo que su oferta de concertación ha provocado en los partidos de la oposición, especialmente PP y Vox, y mantiene su llamamiento a un gran acuerdo que incorpore también a los agentes sociales, sindicatos y patronal, así como a las Comunidades Autónomas.

“España necesita un gran acuerdo de país”, remarcó la ministra Portavoz, María Jesús Montero, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, celebrada una vez más con la presencia física de apenas seis miembros del Ejecutivo —el resto lo hizo de manera telemática—. “Necesitamos el concurso de todos para decidir cómo queremos seguir construyendo la España que queremos, no sólo en términos económicos sino en el abordaje de los valores colectivos” para “preservar lo que nos une” y “acceder a servicios públicos esenciales de calidad”. Un acuerdo que incluya también, explicó, el “refuerzo de derechos y libertades” y que atienda “retos y cuestiones tan esenciales como el planeta que dejaremos o como utilizar la tecnología para facilitar la vida de las personas”.

El Ejecutivo pretende “abrir un horizonte de colaboración” con grupos políticos, sindicatos, patronales y Comunidades Autónomas de cara a una “gran concertación social” con la que hacer frente a los retos a corto y medio plazo. “Con humildad y generosidad”, subrayó Montero, pero “conscientes de que España atraviesa momentos excepcionales”.

“Por eso queremos hacer un llamamiento a todas las organizaciones y al conjunto del talento de nuestra ciudadanía para que se sume a este proyecto de país que creemos imprescindible” y en torno al cual el Gobierno ya ha abordado un “primer esbozo” a través del dialogo social.

La ministra restó importancia a que algunos partidos hayan marcado las distancias con este llamamiento. Es una tarea de “reconstrucción a corto y medio plazo” no solo en términos económicos, remarcó. Se trata de decidir “qué país vamos a diseñar en derechos, libertades y servicios públicos, el valor de lo colectivo”. La principal enseñanza de esta crisis, argumentó, es que ha puesto en “valor cuestiones como los servicios universales o los derechos y libertades de las personas”. Así que “no sólo tenemos idea de mantener alianzas sino de ampliarlas y tener la capacidad de que se incorporen [a esa concertación] el conjunto de actores que no se quieran autoexcluir” porque “es algo absolutamente necesario”.

De esa concertación, explicó a modo de ejemplo, deben salir medidas que garanticen la universalidad de servicios públicos para las generaciones futuras, entre otras porque una parte de la deuda que generará la pandemia y sus consecuencias económicas les va a tocar pagarla a ellos. De ahí que sea necesario, indicó, tomar decisiones que les aseguren un mejor medio ambiente, una adecuada regulación del mercado laboral, una regulación efectiva de las tecnologías o un desarrollo de los derechos y libertades. Hay qwue “acometer de forma acelerada las transformaciones que compensen a las generaciones futuras de la deuda que van a heredar”.

El Consejo de Ministros aprobó, como estaba previsto, la solicitud de prórroga del estado de alarma hasta las 24 horas del 25 de abril —que previsiblemente aprobará el Congreso este jueves— y un real decreto de Agricultura destinado a facilitar la incorporación e desempleados y migrantes al trabajo de recolección en el campo, donde hacen falta entre 75.000 y 80.000 trabajadores de aquí al mes de junio. La medida permitirá obtener trabajo a personas que estén cobrando algún subsidio no derivado de la situación excepcionales del coronavirus y a migrantes sin permiso de trabajo del municipio en el que se vaya a realizar la actividad o de alguno de los circundantes, para limitar así al máximo los desplazamientos en pleno confinamiento.

Rebajar el confinamiento

En la misma rueda de prensa, la ministra Montero explicó que el Gobierno todavía no ha decidido cómo llevará a cabo la rebaja del confinamiento y subrayó que no lo hará probablemente hasta finales de la semana próxima, a la vista de los datos de contagios detectados, fallecimientos, ocupación del sistema sanitario, territorialización de la pandemia y otros factores que analizan diariamente los expertos epidemiólogos que lideran el estado mayor de la lucha contra la enfermedad.

Por esa razón pidió a la prensa que no especule con posibilidades que no son más que meros escenarios de trabajo y que no tienen por qué llevarse a la práctica en los días sucesivos, como la generalización del uso de mascarillas o la habilitación de espacios de confinamiento para personas que den positivo en las pruebas de diagnóstico y, teniendo síntomas leves, no puedan seguir el curso de la enfermedad en sus domicilios.

“Hay grupos de trabajo que estan haciendo diferentes modelos y alimentándolos con los datos que vamos conociendo cada día. Hace falta esta semana y gran parte de la semana que viene para saber si se ha conseguido reducir la transmisión en los términos que buscamos y si se podrán tomar decisiones” sobre la actividad en la enseñanza y en la universidad o si será posible permitir la salida a la calle o la apertura de comercios. “Eso es lo que nos ocupa una vez pasado el riesgo de colapso del sistema sanitario”, explicó la ministra.

Lo más urgente, señaló, será recuperar, a partir del lunes en las comunidades en las que ese día no es festivo, la actividad laboral que quedó en suspenso la semana pasada en aplicación del decreto de trabajo retribuido recuperable aprobado por el Gobierno para someter a hibernación el trabajo no esencial y reducir así al máximo las posibilidades del virus de seguir progresando en la población. La medida, según Montero, ha resultado ser “extraordinariamente efectiva” a la vista de los datos de movilidad de estos días. El Gobierno cree que está permitiendo salvar del colapso a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y, por tanto, salvar vidas.

El Ejecutivo se propone que la vuelta a la normalidad en estos sectores —no incluye a los que teletrabajan ni a los que ya no podía tener actividad, como la hostelería— se haga de manera que sus trabajadores puedan desempeñar su labor en condiciones de seguridad.

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